Abogados de Dámaso López Serrano, el Mini Lic, habrían negociado con la fiscalía estadounidense para reducir su condena a cambio de información relacionada con el modus operandi del Cártel de Sinaloa, además de un pago de un millón de dólares.
De acuerdo a documentos judiciales radicados en una corte federal del distrito Sur de California a los que Ríodoce tuvo acceso, los fiscales liderados por Matthew James Sutton presentaron una moción el pasado 17 de abril, en donde se establece un acuerdo con la defensa de López Serrano para confiscarle un millón de dólares a cambio de una sentencia menos severa.
La moción, la cual forma ya parte del expediente número 3:17-cr-03687-DMS, explica que el Mini Lic, a través de su defensa, accedió a declararse culpable, cooperar con los fiscales, pero también ceder la cantidad arriba mencionada.
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Ninguno de los fiscales aceptó comentar sobre este caso, no obstante el documento de la corte precisa que el adeudo acordado deberá cubrirse a más tardar el mismo día de la sentencia, fijada para el 12 de julio de 2018.
López Serrano habría acordado entregar un cheque por un millón de dólares a nombre de “The United States Marshals Services”, según se explica en la segunda página de la moción, aunque no detalla a quién pertenece la cuenta de donde se cobrarían los fondos.
“El acusado (Serrano López) ha señalado que es su dinero, y que no existe ninguna otra persona o entidad que esté involucrada en la transacción, y que al mismo tiempo él facilitará los documentos necesarios para que los US Marshals cobren el dinero tan pronto como reciban el cheque”, se lee en la moción.
Ese no sería el único acuerdo que tanto la fiscalía estadounidense y la defensa realizan, pues aunque el juicio se realiza a puertas cerradas, existe la posibilidad que el Mini Lic, bajo sospecha de ser el autor intelectual del asesinato de Javier Valdez Cárdenas, pueda integrarse al programa de testigos protegidos, que acepta la colaboración de narcotraficantes a cambio de información que ayude a desarticular una organización criminal, en este caso el Cártel de Sinaloa, sin importar los crímenes que haya cometido.
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“Cada caso es diferente, pero la realidad es que este programa trabaja con criminales en la gran mayoría de los casos, y si alguien aporta elementos para desmembrar una organización criminal, el gobierno lo acogerá al programa, sin que importe qué tan grave sea lo que haya hecho”, explica Pete Earley, autor del libro Dentro del Programa de Testigos Protegidos.
Según explicaron los fiscales ante el juez, al presentar a Heriberto “N”, uno de los presuntos autores materiales del crimen de Javier Valdez, la orden de ultimar a Valdez Cárdenas habría venido del clan de los Dámaso, luego de que estos se molestaran por unos reportes que el periodista publicó semanas previas a su asesinato. Todo esto basado en testimonios integrados al expediente.
Jurisdicción Extraterritorial
La nueva información sobre la posible participación de López Serrano en el asesinato de Javier Valdez Cárdenas construye la posibilidad de que la fiscalía estadounidense le presente cargos criminales por homicidio en primer grado en contra del periodista, pues aunque el crimen no ocurrió en Estados Unidos, los fiscales pudieran valerse de un principio legal conocido como Jurisdicción Extraterritorial.
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Este principio legal se utiliza principalmente en situaciones de guerra, cuando un ciudadano es asesinado en determinado país, o bien cuando se cometen delitos contra sus conciudadanos o empresas de sus connacionales; entonces el país puede ejercer la jurisdicción extraterritorial, la cual le permite procesar a criminales por esos delitos, aun cuando éstos no se hayan cometido dentro de su territorio.
“Aquí lo que van a considerar los fiscales, es si existen los elementos suficientes como juzgar a esta persona por el delito que cometió fuera del país, y no estoy seguro si este sea el caso porque los casos de jurisdicción extraterritorial son muy raros cuando no existen ciudadanos estadounidenses implicados”, opinó Anthony Colangelo, profesor de leyes de la Universidad Metodista del Sur de Dallas.
Fuentes de la PGR revelaron que lo más adecuado será que México espere a que el Mini Lic, cumpla su sentencia, puesto que el delito de homicidio se cometió en México, en este caso en contra del periodista, y no existen elementos suficientes como para que se use el principio de jurisdicción extraterritorial en este caso en particular.
“Si el delito de homicidio se cometió en México, sólo la autoridad mexicana es competente, y para que sea juzgado aquí, debemos esperar a que cumpla su sentencia en Estados Unidos”, detallaron fuentes de la PGR que solicitaron no se revelara su identidad.
No obstante para que todo este proceso se lleve a cabo, el Mini Lic debe primero cumplir su condena en Estados Unidos, pero además un juez debe de emitir una orden de aprehensión, la cual debe estar amparada por las evidencias necesarias que desde ya debe estar integrando la fiscalía que lleva el caso.
“Se puede hacer la solicitud de extradición desde ahorita, pero es imperante tener una orden de aprehensión, y para ello se necesita abrir la averiguación y tener las pruebas que vinculen al imputado con el homicidio, y tenerla pendiente para cuando este cuate sea repatriado”, precisó.
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Ríodoce envió mensajes a los abogados de López Serrano para cuestionarlos sobre los señalamientos que existen en contra de su defendido, pero hasta el cierre de esta edición, nadie de su oficina había respondido.
Dámaso López Serrano se entregó al gobierno de Estados Unidos el pasado 28 de julio, en la garita de Caléxico California, y luego de meses de deliberaciones se declaró culpable de tráfico de droga, y posesión ilegal de armas de fuego.
Actualmente se encuentra recluido en una cárcel de mediana seguridad en San Diego, y la juez Dana M. Sabraw, fijó la fecha de la sentencia para el próximo 12 de julio.
Artículo publicado el 29 de abril de 2018 en la edición 796 del semanario Ríodoce.
