Empalmados al calendario electoral, un grupo de organizaciones civiles y ciudadanos lograron que el Congreso del Estado eliminara el carácter privado de las comisiones permanentes para hacerlas públicas.

Desde la expedición de la Ley Orgánica del Congreso del Estado hace 23 años, los diputados se reunían en privado para analizar y dictaminar las iniciativas de ley y de decreto, así como dar seguimiento a los asuntos de la administración pública, y solo en casos excepcionales se realizaban sesiones públicas con carácter de audiencia o información.

La apertura, considerada un logro ciudadano, tuvo como palanca la presentación, el 22 de marzo de este año, de una demanda por omisión contra el Congreso del Estado por parte de organizaciones civiles y ciudadanos. Inició así un juicio para la protección de derechos políticos ante el Tribunal Estatal Electoral.

El origen de la controversia que llegó a tribunales se originó porque las organizaciones civiles y los ciudadanos habían presentado el pasado 11 de octubre de 2016 una iniciativa que proponía modificar los artículos 67 y 70 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, para conseguir tres avances específicos en materia de Parlamento Abierto.

Uno era eliminar el carácter privado de la reuniones en comisiones de los diputados; otra crear en forma permanente la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana; y adicionalmente establecer como regla que el portal oficial del Poder Legislativo publique, cuando menos con 24 horas de anticipación, el lugar y hora de cada reunión de las comisiones y que se difundida en vivo por internet.

La iniciativa ciudadana fue recibida en el Congreso del Estado, pero no había sido dictaminada, por lo tanto no sometida a votación. En demanda de que continuara el proceso legislativo, las organizaciones civiles y ciudadanos acudieron al cobijo del Tribunal Estatal Electoral, quien resolvió el 23 de abril que el Poder Legislativo debería darle el cauce legal a la propuesta ciudadana.

En una primera versión del dictamen puesto a consideración del pleno del Poder Legislativo, la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico consideró que las reuniones serían públicas, pero podrían ser privadas cuando la mayoría de los integrantes de la comisión así lo votaran cuando se abordaran asuntos referidos a acusaciones contra funcionarios públicos, se trataran oficios con carácter de reservados dirigidos al Congreso del Estado, o cuando se analizaran asuntos de la organización interna como los asuntos económicos del Congreso.

Los ciudadanos promoventes de la iniciativa ciudadana al siguiente día sostuvieron que reconocían que se hacía un paso adelante en materia de transparencia legislativa, sin embargo, veían con preocupación que se estaba atendiendo parcialmente la propuesta.

En la siguiente sesión, el diputado del PAN, Roberto Cruz, subió a tribuna para observar que debería quedar solamente que las sesiones de las comisiones permanentes serían públicas, sin establecer excepciones, menos aún por las razones antes expuestas, porque se trataba en todos los casos de asuntos relativos al interés precisamente público.

El dictamen fue aprobado por unanimidad, dejando así en un asunto del pasado las sesiones privadas de los diputados en comisiones permanentes, pero no incluyó la previsibilidad de las reuniones públicas, es decir, que se informe con anticipación de cuándo serán celebradas las sesiones y los asuntos que se abordarán.

Promoventes de la iniciativa ciudadana:

Organizaciones civiles:
Iniciativa Sinaloa, MIUAS, Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, Colectivo de Mujeres Activas, Mexicanos Primero Sinaloa, Coparmex Sinaloa, Asociación Cívica Cultural Agustina Ramírez y Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa.

Ciudadanos:
Gilberto Ceceña, Ramón Palacios, Karla Lugo, David Moreno, José Antonio Ríos, Gustavo Rojo,
Juntas privadas JUNTAS A PUERTA CERRADA. Quedarán en el pasado.

Caso emblemático
Durante la presente Legislatura, durante una reunión de la Comisión de Fiscalización celebrada en julio de 2017, para analizar y votar el dictamen de las cuentas públicas de los últimos semestres de gobierno de Mario López Valdez, se registró una discrepancia que fue transmitida por redes sociales.

El Grupo Parlamentario del PAN pretendió transmitir vía Facebook live una reunión de la Comisión de Fiscalización, pero el diputado presidente de esa comisión, José Menchaca, actual candidato de PRI a una diputación federal por el distrito IV, se opuso con el argumento de que la Ley Orgánica del Congreso del Estado establecía que había secrecía en las reuniones.

Ante la insistencia del entonces presidente de la Mesa Directiva, Roberto Cruz, de no apagar la cámara del celular que transmitían la reunión, uno de los asesores del diputado Menchaca, Hombono Rosas —hoy coordinador de Asesores del gobernador Quirino Ordaz Coppel— se apostó de espaldas a las cámara del celular para impedir la difusión de los trabajos de la comisión. El episodio concluyó en redes sociales cuando se cerró la transmisión.

Artículo publicado el 29 de abril de 2018 en la edición 796 del semanario Ríodoce.