Cabo pelea derechos, la milicia lo discrimina y estigmatiza

MARTÍN GONZÁLEZ. Ex cabo de infantería.

 

 

Con 18 años de servicio dentro de la infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, el cabo Martín González Valenzuela fue finalmente dado de baja por indisciplina al caer en un garlito que inició la Policía Municipal de Ahome, que en tiempos del gobernador Mario López Valdez, era dada a desaparecer civiles y a fabricar delincuentes con tal de recuperar la tranquilidad en las calles.

Tres años después de su despido, el ahora ex militar sigue impugnando en tribunales la sentencia que lo sacó de las fuerzas armadas del país, pero todo lo intentado ha sido inútil hasta ahora.

“Intentaré mi defensa porque lo actuado es tendencioso. Inició con una imputación falsa de la policía municipal de Ahome, los militares la continuaron en los cuarteles y se siguió en procedimientos de justicia militar incrementando las falsedades hasta hacerla sostenible en tribunales. Resulta inútil luchar contra un gigante, pero llevaré el caso a tribunales internacionales para salvar mis derechos de debido proceso y defensa justa que fueron violentados”, dijo.

González Valenzuela cuenta su historia bajo un álamo del ejido Vinaterías, en el municipio de El Fuerte. Lleva un reproductor de música colgado al hombro y viste como un jornalero, pero habla distinto. Se nota instruido.

Y recapitula: tenía 18 años de servicio en la infantería, pues a ella había ingresado el 20 de enero de 1996 y ascendió a cabo. En casi dos décadas de servicio, desempeñó muchas asignaciones y operaciones, desde guardia hospitalario hasta la lucha contra el narco, en zona urbana y rural. Nunca tuvo problemas de insubordinación.

Pero el 8 de abril del 2014, estando franco y habiéndose corrido una parranda en Los Mochis, fue interceptado y detenido por policías municipales. Eran tiempos violentos, en donde las denuncias de desaparición forzada, decapitaciones, asesinatos a sangre fría por elementos preventivos que patrullaban sin matrículas, sin placas, y con los rostros cubiertos, estaban a la orden del día.

LA DENUNCIA.

Con uno de sus grupos cayó el cabo. Recuerda que lo interceptaron, lo cachearon, le requisaron sus pertenencias y sin más lo abordaron con lujo de violencia a la patrulla. No opuso resistencia, pues era superado en número, además que en la milicia había sido alertado de que las relaciones con los policías no eran cordiales, sino de enfrentamiento.

“Los militares sabían que los policías no andaban bien, que agredían a cuanto soldado se encontraban en las calles”.

Detenido, fue conducido a una casa de seguridad y sometido a un interrogatorio. Querían que revelara información sobre vendedores de droga, halcones, y qué militares estaban asignados a los patrullajes. Aguantó la acción arbitraria, y a nadie delató. En represalia, lo cargaron con metanfetamina, lo llevaron a los separos y lo reportaron a superiores.

Una vez en las instalaciones, el teniente coronel Isidro Rovillo Castañeda lo arrestaría por 15 días y ordenaría la aplicación de un examen toxicológico, al mismo tiempo le obligó a que redactara de puño y letra la baja voluntaria para evitar al “H. Consejo de Honor”, que con las pruebas a obtener “indudablemente sería dado de baja sin beneficios laborales”.

El cabo rememoró, “me negué, porque estaba limpio. No era, ni soy un adicto. Además, mi padre estaba recién operado y requería de atención médica constante”.

Ese mismo día, el 9 de abril del 2014, le toman dos muestras de orina. Una de ellas es congelada como confirmación para ser analizada el 17 de junio del 2014.

Cumplido el arresto, el cabo es signado a diversas operaciones.

El 12 de agosto del 2014, con el oficio A/21970 es notificado que sería sometido al H. Consejo de Honor el 15 del mismo mes y que debía preparar su defensa.”Nadie puede defenderse en tres días, pero aun así lo intenté”.

En la audiencia, el fiscal militar Ricardo Martínez Contreras desecha todos los alegatos de defensa y descalifica como “prueba patito” el antidoping civil que certificaba que no había consumido metanfetamina, además de que éste se había practicado a destiempo. No muestra el original de la prueba toxicológica militar, sino copias.

“Estaba arrestado, ni modo que saliera para ir con un químico. No puedes oponerte a una orden militar, ni rechazar una operación, porque es insubordinación. Me subieron a la sierra para no armar la defensa. Si era adicto, ¿cómo permiten que porte uniforme y lleve armas? Era una trampa. Violaron todos mis derechos”.

El 11 de noviembre del 2014, el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda ordena la baja. El cabo recurre al juicio de amparo administrativo y tramita el 263/2015. El magistrado Quinto de Distrito lo resuelve sin materia, por una causa simple: no hay documentos originales. Apela, pero la resolución es confirmada en el juicio 995/2014-B.
Hoy el ex cabo recurre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Artículo publicado el 15 de abril de 2018 en la edición 794 del semanario Ríodoce.

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One Response

  1. no se aguite compa lueguito no va a nesecitar al ejercito,por que va a nacer otro,digo en caso de fraude electoral,lo mas seguro que con sus conocimientos obtenga otro grado mas alto,yo no tengo broncas,soy capitan primero de infanteria y estoy listo para ingresar a las filas de el nuevo ejercito que formaremos con el pueblo en contra de el gobierno y la delincuencia,ANIMO:

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