La rehabilitación debió concluir en febrero pero a la fecha el edificio sólo está desmantelado

Las plantas de ornato están secas, quemadas por el sol y la falta de agua. El edificio parece el sobreviviente de una catástrofe, del abandono y la rapiña.

Al ver el lugar totalmente desmantelado, nadie se imaginaría que alguien lo compró en 174 millones de pesos y que además le invirtió 15 millones de pesos más para su rehabilitación.

Es el edificio que el gobierno de Quirino Ordaz Coppel compró el 9 de agosto de 2017, ante la supuesta necesidad urgente de desahogar gastos en arrendamiento de otros inmuebles donde se ubican oficinas de gobierno. Pero han pasado ocho meses y el edificio se encuentra en peores condiciones que cuando fue adquirido.

Es mediodía y los pocos albañiles que están en el edificio descansan en el interior de lo que antes era una cafetería, ya no tiene puertas, ni ventanas y a su alrededor se observan escombros, cables y pedazos de vitropiso destruido.

Según un documento oficial, obtenido vía acceso a la información, el 19 de diciembre de 2017 la Secretaría de Obras Públicas adjudicó un contrato de forma directa por 15 millones de pesos para la rehabilitación del edificio, donde antes se ubicó el corporativo Homex.

Pero el contrato señala que la obra tenía que comenzar el 26 de diciembre de 2017 y concluir el 23 de febrero de 2018. Sin embargo, a la fecha el edificio sólo se observa desmantelado.

Una historia de opacidad

A principios de 2018 cuando finalmente el corporativo Homex desocupó el edificio luego de permanecer ahí por cuatro meses, desde agosto a diciembre de 2017, a pesar de que ya pertenecía al gobierno del Estado, la rehabilitación del inmueble comenzó.

Ríodoce buscó al jefe de prensa de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa para preguntarle el costo de la obra y qué empresa era la encargada de llevar a cabo la rehabilitación.
Sin embargo, el funcionario público negó que dicha obra estuviera a cargo de la dependencia y expresó que el tema lo tenía la Secretaría General de Gobierno.

Al obtener dicha respuesta un tanto incongruente, debido a que la Secretaría General de Gobierno no tiene facultades para llevar a cabo obras públicas, se realizaron dos solicitudes de información través del Sistema Infomex de Acceso a la Información Pública, una dirigida a la SAYF y otra a la Secretaría de Obras Públicas.

A la SAYF se le pidió evidencia del pago realizado para la rehabilitación del inmueble, así como el proyecto de remodelación. Pero, después de una solicitud de prórroga que postergó la respuesta por varios días, el 22 de febrero de 2018 la SAYF finalmente respondió que dicha información era inexistente.

Por su parte, a la Secretaría de Obras Públicas se le pidió una relación de todos los contratos de obras realizados entre 2017 y 2018, bajo todas las modalidades de contratación, desde licitaciones, invitación a por lo menos tres participantes y adjudicación directa.

Fue en esta relación en donde se encontró el contrato CONT-SOP-ADJ-REH-411-2017, firmado con la empresa Construcciones Felmi SA de CV, por un monto de 15 millones de pesos y el cual debió concluir el 23 de febrero de este año.

Un contrato con excepciones

La adjudicación directa es un proceso de contratación de obra en el que las dependencias de gobierno tienen derecho a invitar a un integrante del padrón de contratistas y asignarle una obra sin ningún concurso de por medio.

Fue de esa forma que la Secretaría de Obras Públicas contrató a Construcciones Felmi SA de CV, propiedad de los navolatenses Felipe y Catalina Mier Ramos y les asignó la rehabilitación del inmueble con un contrato de 15 millones de pesos.

De acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado, el monto máximo para la adjudicación directa es de hasta 10 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Para 2017, fecha en la que se firmó el contrato, la UMA era de 75 pesos con 49 centavos, por lo que el tope para la asignación directa era de 754 mil 900 pesos.

De acuerdo con eso el contrato no se debió de haber adjudicado, sin embargo, la dependencia hizo uso de las excepciones del artículo 61 de la misma ley, en la que se señala que se puede adjudicar aunque el monto sea superior a los topes cuando se “trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición de inmuebles”.

Los albañiles trabajan a paso lento. Acarrean escombros de un lugar a otro, ya levantaron el piso de los tres niveles, tumbaron toda la estructura de tablaroca y retiraron los ductos del sistema de aire acondicionado.

Se les pregunta para quien trabajan y desde cuándo están ahí, pero prefieren no meterse en problemas y guardan silencio.
A lo lejos dos guardias de seguridad privada observan. Se les pide permiso para fotografiar el interior pero dicen amablemente que esta vez no se puede. Estos guardias son los mismos que custodiaban el inmueble cuando el Corporativo Homex todavía operaba ahí.

El 9 de agosto de 2017, Banco Inbursa y el gobierno de Sinaloa pactaron la compra-venta del edificio en 174 millones 378 mil 315 pesos, incluidos impuestos.

Según el Contrato de Compra-Venta Ad Corpus y con Reserva de Dominio, gobierno de Sinaloa dio un anticipo de 87 millones de pesos y el resto, los 87 millones 378 mil 315 pesos los pagará en 12 mensualidades de  7  millones 476 mil 067 pesos, incluidos impuestos, excepto la primera mensualidad que será de 4  millones 288 mil 099 pesos.

El inmueble conformado por dos edificios, estacionamiento y sótano tiene un valor catastral de 124 millones 125 mil 046 pesos, pero se le dio un valor comercial de 154 millones 461 mil 093 pesos, sin contar impuestos.

De acuerdo con el contrato de compra-venta firmado por el gobierno de Sinaloa y el Banco Inbursa, el Impuesto al Valor Agregado elevó el precio del inmueble en casi 20 millones de pesos, por lo que en realidad tuvo un costo de 174 millones 378 mil 315 pesos.

Artículo publicado el 8 de abril de 2018 en la edición 793 del semanario Ríodoce.