Incrédulos de las ofertas oficiales de gestión de mejores precios para las cosechas de granos, campesinos de Sinaloa se levantaron en contra del gobierno del priista Quirino Ordaz Coppel y de las políticas de pulverización del campo del presidente Enrique Peña Nieto.

Y hartos tomaron la caseta de peaje de Nuevo San Miguel, en dos ocasiones, Cuatro Caminos y la Platanera, en Culiacán.

Durante la toma, boicotearon el cobro de cuota de peaje y dejaron libre el paso vehicular de norte a sur y viceversa.

En el norte de Sinaloa, una pretendida tercera toma la frustró un piquete de policías, pero los campesinos no se amilanaron y mantuvieron el movimiento con un plantón.

La protesta pretendió ser estatal y sólo de campesinos sin patrocinio de organizaciones oficialistas como la Confederación Nacional Campesina (CNC), que optó por ser rémora oficialista, ni de agricultores privados que se guarecieron en sus organizaciones a la espera de los resultados de la movilización campesina.

Por ambas tomas, el apoderado legal de la caseta de peaje del norte de Sinaloa, interpuso denuncia de hechos en contra de quienes o quienes resulten responsables por considerar que se afectó la operación del negocio, confirmó Jesús Arnoldo Serrano Castelo, Vicefiscal de Justicia en la localidad.

Baltazar Valdez Armentía, líder emergente del movimiento, dijo que la protesta es simple y busca un mejor precio que los 16.25 pesos por kilo de frijol que pretenden pagar los industriales por gestiones de Aserca y del Gobierno del Estado.

Además, buscan sacar la cosecha de frijol que se está depreciando en las casas de los productores porque hay insuficiencia financiera para pagar bodega de almacenaje.

Cuantificó que hay más de 30 mil toneladas fuera de mercado.

Dijo que los problemas de comercialización se han acentuado en los años recientes porque el modelo actual terminó agotándose, y requiere de un ajuste con precios de garantía, o subsidios tal y como sucede en otros países.

Y además de que se ajuste a los industriales, porque pretenden apoderarse de la cosecha del grano 2017-2018, sin invertir un solo peso.

Baltazar Hernández, líder de los productores de Trigo de El Carrizo, quien se sumó a la protesta campesina porque el gobierno federal les adeuda 5 millones de pesos de la cosecha 2016-2017, dijo que además exigen 5 mil 200 pesos en una sola exhibición y que se actualice el ingreso para la cosecha 2017-2018.

“Tan mal están las cosas, que aún estamos peleando lo del año pasado”, agregó.

Consideró que el gobierno federal tiene una política de devastación del campo sinaloense, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria.

Por ello, la respuesta del campesino es de resistencia y de manifestación pública, sea tomando casetas o bloqueando carreteras.

Dijo que las acciones de protesta se radicalizarán durante la semana de Pascua, si la oferta del gobierno estatal no se cumple, o se trata a medias.

Ambos líderes afirmaron que hay incertidumbre entre los campesinos y productores porque las ofertas del gobierno están muy desacreditadas, y estos no tienen palabra que honrar, mucho menos qué cumplir.

La condena es también para los líderes oficialistas que en lugar de apoyar a las bases se vuelven rémoras de los industriales y comparsas de los gobiernos. “Condenan cuando hay que criminalizar movimientos alternos, y callan cuando se debe defender al sector”, dijo, Valdez Armentía.

Afirmó que pasada la urgencia habrá un nuevo caos, pues sucede que cuando se innovan formas de pago, los funcionarios siempre terminan robándose el dinero y al final nadie establece cuánto se liquidó, a quién y en dónde.

Atrasado el esquema de comercialización

Cristhian Burgos Bojórquez, presidente de la Unión de Maquileros y Ejidatarios Particulares de la República Mexicana, afirmó que el esquema de comercialización que se aplica en Sinaloa está desfasado de otras entidades en donde han logrado competitividad, pese a las trabas del gobierno federal.

En Jalisco, Sonora, Chihuahua y Durango no ocurren protestas por atrasos en los esquemas de pagos de cosecha, trillas y transporte, porque son las bodegas las que funcionan como retenedoras, con una estricta supervisión gubernamental, porque los estados financian un porcentaje de la erogación, que finalmente amortiza el gobierno federal cuando se imponen las bases.

Mientras que en Sinaloa, los transportistas y los maquileros son terceros perjudicados. Sólo estos últimos tienen una deuda por cobrar de 70 millones de pesos, sin haber fecha para la liquidación, pues a pesar que ya se cosechó el frijol aún no se sabe el precio por tonelada.

Artículo publicado el 1 de abril de 2018 en la edición 792 del semanario Ríodoce.