La organización en defensa de la libertad de expresión, PEN Internacional, y los centros PEN en México condenaron el asesinato del periodista veracruzano Leobardo Vázquez, ocurrido el miércoles 21 de marzo, en el municipio de Gutiérrez Zamora.
De acuerdo con un comunicado de PEN, con el homicidio de Leobardo suman cinco los periodistas asesinados en el estado de Veracruz en los últimos dos años, y tres en todo el país en los escasos tres meses de 2018, publico la periodista Carmen Aristegui.
“La situación de la libertad de expresión, información y opinión es crítica. La impunidad y la creciente violencia, más las amenazas y ataques a medios y comunicadores limitan el ejercicio de este derecho básico para todas las libertades. Los asesinatos a nuestros periodistas son el reflejo de la creciente censura en el país”, expresaron los centros PEN mexicanos.
El comunicador, quien fue asesinado en su domicilio por sujetos armados, a bordo de una motocicleta, fue corresponsal del diario La opinión de Poza Rica, Noreste y Vanguardia, y fundó Enlace Informativo Regional, un portal digital que manejaba información política, social y policíaca.
Leobardo Vázquez fue amenazado después de publicar información sobre la invasión de unos terrenos, y presuntamente también recibió amenazas por parte de alcaldes veracruzanos.
El homicidio de Vázquez está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) de Veracruz.
PEN Internacional, PEN México, PEN San Miguel de Allende y PEN Guadalajara exigen que la investigación se vincule a su labor periodística.
Por su parte, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión en México (Feadle), abrió una carpeta de investigación este viernes.
Según las estadísticas, el 99.6 por ciento de los crímenes contra periodistas en México permanecen impunes y el 48% de las agresiones provienen de funcionarios de los tres niveles de gobierno.
“México es el lugar más peligroso para los periodistas”, señala el documento.
La organización hizo un llamado a las autoridades federales, estatales y locales para que esclarezcan este crimen, pero, “sobre todo para que realmente proporcionen condiciones básicas de seguridad para que periodistas y comunicadores ejerzan su profesión”.
