Luego de los señalamientos de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de que 34 detenidos relacionados con el caso Ayotzinapa fueron víctimas de tortura por policías, investigadores y marinos, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que no se ha acreditado la comisión de tales actos, “salvo en algunos casos excepcionales”.

En su informe, la ONU, que se basa en documentos oficiales y entrevistas, pidió anular “todas las pruebas cuando existan razones fundadas de haber sido obtenidas bajo tortura”, dio a conocer Reporte Índigo.

La versión oficial, criticada y refutada por activistas y expertos, sostiene que luego de ser atacados por policías de Iguala, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron entregados a un grupo del crimen organizado para ser asesinados y quemados en un basurero cercano; sus restos habrían sido tirados en un río.

A través de un comunicado, la PGR aseguró que los casos a los que hace referencia la ONU, que fueron sometidos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, ya habían sido aclarados a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Aunque acepta la comisión de tortura en ‘casos excepcionales’, la PGR reitera que éstos ya se habían hecho públicos, y declaró que “se continúan realizando las diligencias correspondientes. Ello, aunado al hecho que existen otras pruebas en los expedientes, más allá de las confesiones que los detenidos pudieran haber aportado, que fortalecen las respectivas causas penales”.

La Procuraduría se mostró preocupada, ya que asegura que el informe de la ONU arroja “conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación, o que se encuentran bajo análisis del Poder Judicial”.

La dependencia criticó que la ONU se limitara a “abordar cuestiones que ya fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes”.

En conclusión, la PGR considera que con su informe, la ONU no aportar elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación del caso.

La Procuraduría aseguró que el gobierno de México está interesado en saber qué pasó la noche del 26 de septiembre de 2014, en castigar a los culpables, y calificó a la investigación del caso como “un esfuerzo sin precedentes del Estado Mexicano que ha registrado avances importantes”, que no fueron considerados por la ONU.

La presunta omisión de la ONU, acusa la PGR, se llevó a cabo a pesar de que “en diversas reuniones de alto nivel con el Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Gobierno de México compartió consideraciones y puntualizaciones importantes sobre el contenido del Informe, en particular con su metodología y los vacíos de información que contiene, señalando que todas las presuntas violaciones que aborda están siendo debidamente investigadas, o están siendo consideradas por las autoridades judiciales competentes”.