Después de casi ocho años, el presunto desvío de 45 millones de pesos del programa Oportunidades llegó ante un Juez.
Desde 2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó las irregularidades y en 2013 la Procuraduría General de la República (PGR) libró orden de aprehensión contra el ex Director Administrativo de la Secretaría de Salud, Isaac Lugo Ortega, y el ex Jefe del Departamento de Recursos Financieros, Marco Antonio Mojardín Zazueta.
Con amparos, ambos ex funcionarios mantuvieron detenida la ejecución del mandamiento judicial y trataron de anularla, pero en enero pasado les negaron el último que solicitaron y el 28 de febrero, un Juez federal dictó auto de formal prisión.
La PGR acusa el presunto desvío de 45 millones de pesos del programa Oportunidades para usarlos en el pago de la última quincena de 2010 y la prima vacacional de los empleados de la Secretaría de Salud.
Isaac Lugo Ortega y Marco Antonio Mojardín Zazueta fueron funcionarios de la Secretaría de Salud durante el sexenio de Jesús Aguilar Padilla.
La Auditoría Superior de la Federación detectó el supuesto desvío en 2012 y un año después presentó una demanda penal en la PGR.
De acuerdo con documentos de los juzgados, el 29 de diciembre de 2010, Lugo Ortega y Mojardín Zazueta autorizaron un préstamo al Fondo de Aportación para los Servicios de Salud de Sinaloa por 40 millones de pesos para el pago de la quincena 24 y la prima vacacional de los empleados.
El 5 de enero de 2011 realizaron otra transferencia por la cantidad de 5 millones de pesos.
La ASF determinó que utilizaron recursos destinados a fines distintos a lo estipulado en el convenio, por lo que su uso resultó ilegal.
El dinero estaba asignado a la Secretaría de Salud de Sinaloa por el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, para proporcionar de manera gratuita el paquete básico garantizado de salud para promover la nutrición, prevención y atención de la desnutrición infantil y de mujeres embarazadas.
Del monto total, 36 millones 196 mil 658 pesos se usaron para el pago de la última quincena de 2010 y prima vacacional y en la cuenta quedó un saldo de 3 millones 803 mil 341.
El préstamo de 5 millones se usó para pagos a terceros y se reintegró en su totalidad a la cuenta de Oportunidades en septiembre de 2011.
La orden de aprehensión fue girada el 28 de junio de 2013 por el Juez Segundo de Distrito con sede en Culiacán.
Los acusados promovieron un amparo que fue resuelto a su favor y se ordenó dejar insubsistente el mandamiento judicial y dictar una nueva resolución.
El Juez valoró de nueva cuenta con elementos de prueba y consideró que había indicios suficientes, por lo que el 6 de mayo de 2015 volvió girar la orden de aprehensión.
Los acusados continuaron promoviendo amparos que impedían se ejecutara el mandamiento judicial.
En la demanda de amparo alegaban que no existen elementos de prueba suficientes para acreditar el cuerpo del delito de peculado que se les atribuye, como tampoco su probable responsabilidad penal en su comisión, pues no quedó de manifiesto que en su calidad de servidores públicos hayan autorizado la distracción para uso propio o ajeno de los recursos federales.
También señalaban que no se encontraba debidamente fundada ni motivada la orden de aprehensión debido a que el Juez del proceso otorgó valor a las probanzas existentes en la averiguación previa, sin apreciarlas conforme a una sana crítica.
Contra la orden de aprehensión girada en 2015 también solicitaron amparos, pero éstos les fueron negados.
Investigación en trámite
La delegación estatal de la PGR tiene otra investigación por irregularidades en la Secretaría de Salud durante 2010.
La ASF denunció el supuesto quebranto al erario por 4 millones 575 mil pesos del presupuesto del Seguro Popular.
De acuerdo con la auditoría, facturas de pago de medicamentos que estaban canceladas, fueron contempladas en el monto total que amparó el cheque 1009 de la cuenta bancaria del Seguro Popular 2010.
La ASF presentó denuncia penal por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público y falsificación de documentos.
En marzo de 2015, el Agente del Ministerio Público adscrito a la delegación estatal de la PGR, determinó el no ejercicio de la acción penal.
Según el representante social, no se configuraban los delitos acusados por la Auditoría.
El órgano fiscalizador solicitó un amparo contra la resolución de la PGR y un Juez de Distrito y el Tribunal Colegiado fallaron a favor.
Las sentencias ordenan al Ministerio Público revisar de nueva cuenta la averiguación previa y resolver si otra vez determina el no ejercicio de la acción penal o consigna y solicita la orden de aprehensión.
“La consulta de no ejercicio de la acción penal, única y exclusivamente se constriñó al análisis de la conducta delictiva de peculado, no así respecto de las diversas conductas de ejercicio indebido del servicio público y falsificación de documentos, que también sustenta la aludida consulta de no ejercicio de la acción penal planteada por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Mesa I de Procedimientos Penales A”, señaló el Tribunal.
Artículo publicado el 11 de marzo de 2018 en la edición 789 del semanario Ríodoce.
