Diputados de PRI, PAN, PAS y PANAL condenaron los casos de acoso y hostigamiento sexual contra autoridades de seguridad denunciadas en los últimos días.
Los legisladores demandaron la destitución e incluso la cárcel en contra de las autoridades de seguridad del Centro Estatal de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4), denunciadas ante la Fiscalía General y los medios de comunicación por parte de las trabajadoras que han sido víctimas.
En la reprobación de los hechos se incluyó también la denuncia de un grupo de mujeres de Badiraguato, interpuesta ante la Comisión de Derechos Humanos en contra de elementos militares.
Angélica Díaz Quiñónez, diputada del PAS, demandó en un posicionamiento durante la sesión de la Diputación Permanente a revisar el contenido de la Ley de Seguridad y proponer la incorporación de mecanismos y protocolos que protejan los derechos humanos de las mujeres durante acciones de seguridad interior por parte de las Fuerzas Armadas.
Emma Karina Bueno Millán, diputada del PRI, demandó no solo de la destitución del cargo, sino también cárcel a las autoridades de seguridad que han cometido acoso y hostigamiento sexual contra las mujeres.
Merary Villegas Sánchez, diputada de Morena, lamentó que en Sinaloa las mujeres están siendo salvajemente violentadas, como parte de la cultura del narco que ha tomado a las féminas como objeto, situación que ha permeado en casi todos los espacios de convivencia.
Exigió al gobernador Quirino Ordaz Coppel atienda los casos de las mujeres afectadas, siguiendo el protocolo de la Alerta de Género.
Crecenciano Espericueta, diputado de Nueva Alianza, recordó que la actual legislatura construyó todo el andamiaje legal para el castigo a casos de acoso y hostigamiento, por lo que demandó la aplicación de la ley para que no haya impunidad.
Señaló que la falta de acciones por falta de presupuesto llevará a que quede solamente en declaraciones.
Durante la sesión el presidente de la Diputación Permanente, Víctor Godoy, informó a los legisladores que en el caso de quien había sido denunciado en C4, había sido destituido por órdenes del gobernador.
