Empieza a surtir efecto el emplazamiento hecho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso de la Unión para que a más tardar el 30 de abril próximo emita la legislación secundaria al 134 constitucional y resuelva el polémico asunto de la publicidad gubernamental para que se regule el uso discrecional de las millonarias cantidades de dinero que gasta el gobierno mexicano, favoreciendo solo a unos cuantos medios.

La semana pasada, la Mesa Directiva del Senado de la República ordenó de manera urgente a los legisladores integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos para que dictaminen sobre las cuatro iniciativas existentes en materia de Ley General de Propaganda Gubernamental, y se pueda cumplir en tiempo y forma con el mandato del máximo órgano de justicia del país.

El argumento de los magistrados sostiene que la falta de regulación de la publicidad oficial tiene un “efecto silenciador” en los medios y que con ello se operaba “una restricción indirecta a la libertad de expresión”.

Esta resolución que fuera aprobada el 17 de noviembre pasado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos en favor del Artículo 19, surge a raíz de que este organismo interpuso ese mismo mes un juicio de amparo por la “omisión legislativa”, que obliga a diputados y senadores a regular el tercero transitorio de la reforma político electoral de 2014 y crear una ley específica para regular la contratación de la publicidad oficial.

“La omisión de la autoridad responsable viola la libertad de expresión, de prensa y de información, ya que la ausencia de un marco normativo reglamentario al artículo 134 de la Constitución permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial”, destacó en su momento el organismo defensor de los derechos de los periodistas.

Semanas después de interpuesto el recurso de amparo contra la “omisión legislativa” en materia de regulación de la propaganda oficial, el 25 de diciembre pasado el New York Times, en su edición internacional abre la discusión en torno al derroche de dinero que está haciendo el Presidente Enrique Peña Nieto y con señalamientos inusuales exhibe cómo el gobierno mexicano se confabula con algunos medios en especial para otorgarles sumas millonarias a cambio de que le cuiden las espaldas y promuevan la propaganda política gubernamental en ocasiones con tintes de corte muy personalizados.

“El Gobierno mexicano tiene a la prensa en un puño. Dicta lo que deben llevar las portadas de los impresos o los noticieros de radio y televisión. Limita la investigación en ciertos medios y lleva a la autocensura. Todo esto, gracias a que ha gastado cifras históricas en publicidad oficial. Y esa publicidad la usa para someter a los medios, señala el autor del reportaje, Azam Ahmed, corresponsal del diario estadounidense en México.

“A través de la publicidad oficial, el Gobierno ordena qué se debe llevar en las portadas de los diarios o en los noticieros de radio y televisión”.

En su edición internacional del pasado 25 de diciembre, el diario más influyente en el hemisferio occidental critica los excesos del gobierno mexicano en gasto publicitario y sugiere: “Recoja un periódico, sintonice una estación de radio o encienda la televisión en México y recibirá una avalancha de publicidad oficial. En algunos periódicos, casi en cualquier página hay un anuncio que promueve una agencia gubernamental u otra”.

“A veces, tanto tiempo de aire está dedicado a venerar el trabajo del Gobierno como a cubrir las noticias”, señala el reportaje que cuestiona al mismo tiempo el derroche exagerado de dinero en contraste con los recortes significativos al gasto público particularmente a los rubros de salud, educación y demás programas sociales”.

Y continúa: “Dirigir un periódico, una estación de radio o un medio de televisión en México generalmente significa confiar en un cliente único y poderoso que gasta sumas exorbitantes en publicidad con una simple advertencia: ‘No te pago para criticarme’. Ese cliente es el Gobierno de México”.

De acuerdo a declaraciones que vierte el rotativo sobre el representante especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, David Kaye, dice: “Es un problema común en el mundo en desarrollo, pero el problema es mucho, mucho más grave en México. Es notable lo que gasta el Gobierno”.

Basado en datos que proporciona Fundar, dice que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto gasta cientos de millones de dólares al año en dinero publicitario, creando una marca que es capaz de “suprimir artículos de investigación, dirigir portadas e intimidar a las salas de redacción que lo desafían”.

La misma Fundación de la sociedad civil, que se encarga de vigilar la transparencia de recursos públicos destaca en su informe que a pesar de su promesa de regular la publicidad del Gobierno, Peña Nieto ha gastado más dinero que ningún otro Presidente en la historia de México. “Casi 2 mil millones en los últimos cinco años”.

Leerse la mano entre gitanos

A pesar de que el tema de los despilfarros de recursos del gobierno federal es un asunto que desde sus inicios ha sido fuertemente cuestionado por la revista Proceso y en menos escala portales como Sin Embargo, Azam Ahmed le dio un valor agregado al tema, que hasta antes permanecía como un tabú en la prensa mexicana.

El corresponsal se atrevió en esa edición decembrina a poner nombre a estos privilegios, señalando a medios como El Universal; La Jornada y Milenio Diario entre ese selecto grupo de medios favorecidos con las altas cantidades de dinero que reciben del gobierno federal a cambio de publicidad oficial y lo que se derive de esto.

Y adjetiva a El Universal como “el perro de ataque” del gobierno con respecto a la cobertura hecha al hoy precandidato del PAN a la presidencia, Ricardo Anaya. De La Jornada, acusa que después de ser un medio con contenido progresista, cambio su línea editorial a cambio de dinero que reparte el gobierno para promoverse. A Milenio Diario lo exhibe por sus desplantes que suprimen o coartan la libertad de expresión y pensamiento, cuando reporteros intentan cuestionar el estilo de gobernar o las acciones del presidente Peña Nieto.

La molestia de los medios señalados fue inmediata. El Universal, critica al diario estadounidense de superficial porque le da crédito a voces que no tienen más valor que sus afirmaciones y alega que la publicidad que recibe del gobierno federal, está respaldada por la penetración que tiene entre la comunidad de lectores, más no en el supuesto compromiso de su línea editorial.

En términos similares le responde Milenio Diario. Y le dice que “desprecia el derecho de réplica y avala infundios”, agregando que al corresponsal le faltó ser más profesional en sus investigaciones.
En la Jornada, la defensa la dio “Rayuela” y dice muy sugerentemente: “De quien es la mano que mece la cuna del New York Times”.

Los números no mienten

De algunas décadas a la fecha, de forma aislada algunos medios que no son compatibles con la política de los gobernantes en turno, han sido muy insistentes en la necesidad de legislar sobre el tema de la publicidad oficial. Organismos de la sociedad civil y periodistas defensores de la libertad de prensa y académicos han insistido en impulsar un marco legal que ponga freno a los excesos en el gasto de publicidad oficial en todos los ámbitos de gobierno, atendiendo a los criterios de transparencia y rendición de cuentas.

En septiembre pasado, Fundar publicó el informe “Contar lo bueno cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal 2013 a 2016”. En este trabajo se documenta cómo tan sólo en 2016 se ejercieron más de 10 mil 698 millones de pesos (mdp) en este tipo de gasto; si se suman los cuatro primeros años del actual gobierno, y el primer semestre de 2017 la cifra asciende a los 37 mil 725 millones de pesos.

Esta cantidad es similar a todo lo que gastó el gobierno federal para la atención y prevención de desastres naturales en 2015 y 2016. Pero además de este derroche de recursos gastados en publicidad oficial, el actual gobierno se ha caracterizado por sobre ejercicios que alcanzan —para lo que va del sexenio de 2013 a 2016—, 71.86 por ciento más de lo aprobado por la Cámara de Diputados; es decir, pasó de 21 mil 099 millones de pesos a los 36 mil 261.

El monto sobre ejercido tiene una diferencia arriba de 15 mil millones de pesos adicionales en un periodo donde han existido recortes al presupuesto en sectores como salud, desarrollo social y medio ambiente.

El organismo plantea que mientras no exista una regulación clara respecto de estos gastos, seguirán siendo un elemento de desconfianza e indignación ciudadana, particularmente en año electoral y en un contexto de emergencia como la ocurrida el pasado mes de septiembre.

El Consejo Asesor de la Red por la Rendición de Cuentas y Fundar, convocaron a los gobiernos federal y estatal a avanzar en la transparencia y regulación de su gasto en Publicidad Oficial. Y recomiendan en principio, asumir seis compromisos relacionados con el uso racional de estas partidas.

Ambos organismos propusieron una reducción de hasta un 20 por ciento al presupuesto 2018 sobre gasto de publicidad, para apoyar las zonas afectadas por los sismos del año pasado; no sobrepasar los 3 mil 527 millones de pesos que para este año deberían ejercerse, de acuerdo a la propuesta del presupuesto de Egresos de la Federación para el 2018; parar la promoción personalizada a través de la publicidad oficial, tal como lo exige el 134 constitucional y que ésta sea información útil y oportuna.

También proponen poner especial interés en la Transparencia y rendición de cuentas y se apliquen mecanismos para transparentar y planificar el gasto en publicidad oficial, de tal forma que se pueda hacer efectivo el ejercicio de rendición de cuentas.

Y por último, regular sobre el tema a partir de la creación de leyes locales o de una ley general que obligue a los gobiernos a no incurrir en sobregastos y mala distribución de publicidad.

Se recordó en el informe, que en 2012 siendo presidente electo, Enrique Peña Nieto prometió la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios, en todos los niveles de gobierno. Pero no lo hizo.

Artículo publicado el 18 de febrero de 2018 en la edición 786 del semanario Ríodoce.