Desvíos de hasta mil 300 millones de pesos en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, detectó la Auditoría Superior Federación (ASF).

De acuerdo a una publicación del diario Reforma, los desvío se habrían realizado a través de pagos a empresas fantasma, a las que, en algunos casos, les encargaron parte de los trabajos solicitados por las dependencias.

La ASF realizó tres auditorías a recursos ejercidos en 2014 y 2015, y detectó que parte de ese dinero fue transferido a Monex y CI Banco para después ser repartido en cuentas domiciliadas en distintos países.

Monex recibió un total de 37.1 millones de pesos, con los que se compraron dólares que fueron transferidos a cuentas en China, Ecuador, Bélgica, Israel y EU a nombre de Desarrollo Comercial El Olivo y Servicios Empresariales Helte. En CI Banco se depositaron 28.9 millones de pesos, tranferidos a America Highway Electronics Network y Comercializadora Texdenim, en Corea del Sur, China y Pakistán.

Rosario Robles estuvo al frente de la Sedesol de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015. En esta dependencia, de acuerdo con Reforma, el desvío se hizo a través la contratación de Radio y Televisión de Hidalgo, cuyos contratos se firmaron en marzo, mayo y septiembre de 2014, y después en enero y febrero de 2015.

Mientras que en la Sedatu– que empezó a dirigir del 27 de agosto a la fecha– los contratos fueron con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, firmados en julio, septiembre y octubre de 2015.

La Auditoría explicó que con esos convenios ambas dependencias evadieron los requisitos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En total, Sedesol y Sedatu subcontrataron a 84 proveedores, de los cuales, al menos 13 resultaron ser empresas fantasmas.

El medio nacional explicó que las auditorías– con las claves D17002, D17011 y D17012– concluyeron el pasado 19 de enero y su realización fue autorizada en marzo, julio y agosto del año pasado tras recibir denuncias.

Las auditorías deberán ser entregadas a la Cámara de Diputados y, en caso de que no los entes fiscalizados no puedan desvirtuar las irregularidades, la ASF podrá interponer una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).