La síndica procuradora en el municipio de Ahome, Cecilia Hernández Flores recibió una andanada de fuertes críticas hacia la opacidad manifiesta en el caso Japama, la cual fue auditada a principios de la actual administración por supuestos desvíos de 149.5 millones de pesos en el trienio del priista, Arturo Duarte García.

Y aunque la investigación financiera y de activos ya concluyó, el consejo de administración y el presidente con licencia definitiva, Álvaro Ruelas Echave, decidieron reservar el resultado. Ante ello, evitaron que los contribuyentes conocieran el saldo del daño y los responsables de un trienio de malos manejos, en tiempos del priista Duarte García, quien empleó como secretario de la comuna a Ruelas Echave, que ahora va en pos de un primer periodo de reelección. De lograrla sería el segundo político en obtenerla, porque el primero fue Esteban Valenzuela García, hoy en franca debacle partidista.

Como resultado de la auditoría se iniciaron 28 procedimientos administrativos, que fue el origen para 17 denuncias que la síndica Cecilia Hernández debió desahogar, y el retorno obligado de 1.1 millones de pesos.

Hernández informó que en el caso de Japama sancionó con inhabilitación por dos años y amonestación a dos funcionarios de la paramunicipal, pero se reservó las identidades argumentando que el veredicto aún no es firme y puede ser atacado en instancias subsecuentes, como en el Tribunal Contencioso Administrativo de Sinaloa. “De revelar los nombres estaría incurriendo en responsabilidad, se sale de la legalidad porque todavía tienen la presunción de inocencia.”, justificó para su causa.

Posteriormente revelaría que se trata de un director general y un director de área de una paramunicipal, sin ahondar más en el caso.

Consideró que este resultado nunca se había dado en una administración municipal, por lo que las calificó como “ejemplares”.

El regidor Joshio Estevics Vargas Estrada juzgó que la información es escueta “y ha quedado a deber, porque no dicen a quienes sancionó”. Y pidió: “hay que decir a quienes, y completar ese informe”.

Demandó sea abierto a la sociedad el caso Japama, pues ha transcurrido mucho tiempo desde que trascendió el desastre financiero en que estaba la dependencia.

Miguel Ángel Camacho Sánchez, también edil panista, reviró que aunque la síndica procuradora defiende el caso Japama, “la verdad es que está empantanado, porque se decretó en reserva hasta que pasen las elecciones. El que pidió licencia (Álvaro Ruelas) quiso proteger al que junior que se fue y que está en San Diego (Arturo Duarte)”.

Recordó que el similar de Mazatlán reveló los nombres de los panistas sancionadas. “Allá se demostró valor al informar a la sociedad la los nombres de dos ex alcaldes que fueron inhabilitación, y aquí usted no. Lo único que pedimos es transparencia y rendición de cuentas”.

Hernández Flores respondió a Vargas Estrada: “Si quiere saber más, vaya usted al tribunal administrativo”, y a Camacho, “allá están denunciados por revelar los nombres”.

Y para su causa, defendió, “la inspección y vigilancia no es sencilla, pero la he ejercido con dedicación, diligencia y rectitud”; y enumeró haber recibido 86 denuncias de responsabilidad administrativa más 103 expedientes rezagados de trienios anteriores, de los cuales se resolvieron 70 por ciento, en un año. En su ejercicio se redujo la cantidad de denuncias presentadas en un 11.4 por ciento, como producto de los ejercicios de actualización y profesionalización de funcionarios e incluso de las sanciones dictadas en casos en donde se contaba con pruebas plenas de responsabilidad.

No obstante, aseguro, la inspección de las dependencias continuó desde el tribunal de barandilla, talleres, almacenes, sindicaturas, paramunicipales hasta la oficina de la presidencia municipal. “Prácticamente se ha auditado a todas las dependencias”.

La cerrazón a la demanda apertura al caso Japama fue aprobada por la bancada de regidores priistas con un silencio ensordecedor y una inmutable actitud que ni por asomo de vergüenza los hizo arremolinarse en los asientos. Sólo el edil Luis Francisco Medina Lugo atinó una escuálida defensa del gabinete partidista: “Es tiempo electoral, y el caso Japama está siendo una bandera para la oposición”.

Aseguró que entre más próxima esté la elección, más críticas se soltarán en contra de la administración municipal, y por ello deberán estar prevenidos.

Artículo publicado el 4 de febrero de 2018 en la edición 784 del semanario Ríodoce.