Sin estar presupuestado en el ejercicio fiscal 2017, el gobierno del estado que encabeza Quirino Ordaz Coppel comprometió ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el depósito de 742 millones 50 mil pesos para la ejecución de obras en sus instalaciones.

En ninguno de los documentos obtenidos a través de acceso a la información pública, se establece que la Sedena aportará recursos económicos propios para dar cumplimiento a los acuerdos, sólo quedaron asentadas las obligaciones del gobierno estatal.

El primer convenio quedó registrado apenas 13 días después de que Ordaz Coppel rindió protesta como gobernador de Sinaloa.

En dicho documento, el mandatario acordó depositar 2 millones 300 mil pesos fuera de presupuesto, mientras que la Sedena se compromete a utilizar los recursos que proporcione el estado para la construcción de un Centro de Análisis, mismo que se ubicará en el campo militar 9-B en Mazatlán, identificado también como la sede de la Tercera Región Militar.

El convenio fue firmado por el general Ernesto Alejandro Vadillo Trueba, comandante de la Novena Zona Militar; Gonzalo Gómez Flores, secretario General de Gobierno de Sinaloa; Carlos Gerardo Ortega Carricarte, secretario de Administración y Finanzas de la entidad, y Luciano Audelo Martínez, subsecretario de Administración de ésta última.

La Sedena preverá que el dinero aportado por el estado se invierta en la adquisición de insumos y la contratación de mano de obra complementaria preferentemente dentro de la entidad, en cumplimiento a los manuales administrativos de aplicación general en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, para garantizar las mejores condiciones para la ejecución de los trabajos.

Las bases de coordinación —que quedaron asentadas en las cláusulas— indican que la Sedena recibirá 2 millones 300 mil pesos a través de un depósito a partir de la firma del convenio con fecha 13 de enero 2017, “y con base a la disponibilidad presupuestaria, a la cuenta propiedad de la Sedena”.

Identificado con la clave “R07117 PROG. OBRAS FUERA DE PPTO”, el número de cuenta 01303912-1 de Banjercito, la Sedena recibió el monto estipulado, y entregó  al estado el recibo del depósito bancario.

La ejecución de la obra y la administración de los recursos serán absoluta responsabilidad de la Sedena a través de su dirección general de ingenieros; en caso de que el estado quiera verificar el avance de los trabajos, podrá realizarlo previa coordinación con la comandancia en la Novena Zona Militar y la dirección general de ingenieros, para determinar formas y tiempos.

En caso de haber retraso en las aportaciones económicas para la obra y que haya un incremento en el costo de los materiales, pago de derechos o servicios, éstos serán cubiertos por el estado de forma adicional.

Se especificó que los intereses generados por el manejo de los recursos económicos serán aplicados en beneficio de la obra.

Aunado a los 2.3 millones de pesos, la Sedena gestionó ante autoridades estatales y municipales la condonación de pagos correspondientes a los derechos de los servicios de su competencia.

Para esta obra, ambas partes están obligados a no divulgar, distribuir ni revelar en forma alguna, datos, documentos, especificaciones técnicas, sistemas o cualquier otra información que se genere en el cumplimiento del convenio, de la cual las partes tengan acceso. Se obligan y se responsabilizan en materia de confidencialidad del comportamiento que observen los servidores públicos a su cargo por cinco años.

Sueldo y escoltas para militares

En junio de 2017, el estado firmó el segundo convenio con el general piloto aviador Javier Eduardo Alvarado Roa, comandante de la Base Aérea Militar número 10 ubicada en Bachigualato, Sinaloa, y se derivó del contrato número GES 04/2017-2 de compra-venta para la adquisición de un sistema aéreo no tripulado UAV, celebrado el 5 de abril 2017 entre el gobierno del estado a través de Leticia Gaxiola Paredes, subsecretaria de Administración y Finanzas del estado, y la empresa Hydra Technologies de México, S.A.P.E. de C.V., representada por  Alejandro Gabriel Toledo Saro.

El objetivo del convenio fue establecer los mecanismos mediante los cuales la Sedena proporcionará apoyo para operar un Sistema Aéreo No Tripulado S-45 “BALAAM”, al servicio del estado en actividades de seguridad pública.

La Sedena se comprometió a proporcionar una tripulación de cuatro efectivos, compuesta por un piloto operador, un operador de sensores, un técnico en electrónica de aeronave no tripulada, en óptimas condiciones de salud física y mental.

Este personal operaría durante cuatro meses el sistema aéreo no tripulado al servicio del estado, designando una tripulación para un periodo de dos meses, al término del cual será relevada, manteniendo el apoyo de forma escalonada.

Las fuerzas armadas proporcionan además personal con adiestramiento en la operación de sistemas aéreos no tripulados S-4 “EHÉCATL” para recibir la capacitación de transición a los sistemas S45 “BAALAM”, con el objeto de operar y efectuar adiestramiento en el trabajo con la asesoría presencial de los técnicos de la empresa “Hydra Technologies de México, S. A. P.I. de C. V.”

La obligación del gobierno de Quirino Ordaz será la de proporcionar a la Sedena el sistema aéreo no tripulado para el cumplimiento del objeto del convenio.

También suscribir y mantener vigentes los instrumentos contractuales que se requieran en materia de seguros y mantenimiento preventivo y correctivo, así como proporcionar refacciones, componentes de vida limitada y consumibles necesarios para el mantenimiento y operación que no se encuentran contemplados en la póliza de mantenimiento de este sistema no tripulado.

El gobierno de Sinaloa, uno de los más violentos del país, quedó obligado, a través de este convenio, a proporcionar a la tripulación de la Sedena escolta de seguridad en aquellos lugares donde opere el sistema aéreo no tripulado fuera de las instalaciones militares, alimentación y hospedaje, así como otros apoyos que sean necesarios para el cumplimiento del trabajo requerido.

El alojamiento que se proporcionará a las tripulaciones será en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública o bien en el Instituto Estatal de Ciencias Penales, y la alimentación en el comedor institucional de la Policía Estatal Preventiva; en casos extraordinarios en la que la tripulación tenga que viajar para el cumplimiento de sus objetivos o misiones, se les otorgarán los recursos económicos suficientes para transporte, alojamiento y alimentación dentro del estado de Sinaloa.

El sueldo para militares

El personal militar continuó recibiendo sus percepciones por parte de la Sedena y las prestaciones de seguridad social a través del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas sin que variara la relación jurídica establecida entre la Sedena, según quedó asentado en el convenio.

Con una vigencia de cuatro meses contada a partir de su fecha de suscripción, el estado acordó pagar al personal militar sueldos que van desde los 8 mil pesos mensuales a quienes contaran con grado de Mayor, 7 mil 500 al Capitán Primero, 7 mil pesos al Capitán Segundo, 6 mil al que tenga grado de Teniente, 5 mil al Subteniente, 4 mil 500 a los Sargentos Primero, 4 mil a Sargentos Segundo, 3 mil 500 a los de grado Cabo y 3 mil a los soldados.

Esos montos aumentarán de acuerdo a los cambios del Producto Interno Bruto y el Índice Nacional de Precios al Consumidor (inflación), sólo basta que la Sedena notifique por escrito el incremento para que el estado responda su conformidad por escrito.

En caso de fallecimiento o accidentes, la Sedena mantiene las prestaciones a la familia de los militares, por su parte el estado proporcionará a los adeudos 1 un millón de pesos en primera categoría, y 250 mil a los que resulten incapacitados en segunda o tercera categoría.

Cuando se presente un incidente, accidente o extravío de alguna aeronave no tripulada derivado de la operación, el estado cubrirá los daños y perjuicios causados a terceros, deslindando de toda responsabilidad económica, civil, administrativa, operativa o de cualquier otro tipo, a la Sedena y los operadores de éstas, obligándose a sacar en paz y a salvo a la Sedena (Sic).

De igual manera el estado asume cualquier pérdida, daño o deterioro que llegara a sufrir el sistema, derivado de caso fortuito o fuerza mayor de cualquier índole.

El estado suministrará los combustibles requeridos para el funcionamiento del sistema aéreo no tripulado que garantice su operación continua y segura.

Toda la información que pueda almacenarse por algún cualquier medio técnico o científico que los adelantos de la ciencia lo permitan, se considerará reservada, prohibiéndose su divulgación a terceros con cualquier carácter. Sólo el estado podrá atender los requerimientos de información y de otros apoyos que le sean solicitados por los organismos en esta materia.

Millonaria inversión

En julio de 2017, el gobierno del estado de Sinaloa firmó un convenio para invertir 305 millones de pesos 465 mil 507.88 pesos, monto con el que se pretendía construir un Batallón de Ingenieros de Combate con su Unidad Habitaciones Militar en Las Cabras, municipio de Escuinapa.

El monto sería depositado a una cuenta de la Sedena identificada con el número 01303912-1 de Banjercito, en donde Quirino Ordaz autorizó que de agosto a diciembre se depositaran 85, 55, 55, 55 y 55.4 millones de pesos respectivamente en cada mes, incluyendo los impuestos, derechos, permisos, estudios, trámites y demás relacionados.

Pero la flexibilidad del convenio firmado por el comandante de la Tercera Región Militar, general Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes y el secretario general de gobierno, Gonzalo Gómez Flores, permitió una modificación dos meses después.

En el nuevo documento del 4 de septiembre se declara que el proyecto “técnicamente resulta inviable” por las características del terreno, por lo que implica una mayor inversión a la contemplada inicialmente.

La intención de apoyar a la Defensa Nacional e invertir en infraestructura para su personal se mantuvo en pie, y se decidió apoyar el proyecto de edificación de una Brigada de Policía Militar en el campo Militar Número 9-F, ubicado en la Comunidad del Sauz, sindicatura de Costa Rica, municipio de Culiacán.

La aportación de recursos económicos también fue modificada, toda vez que la obra tiene un costo estimado total de 739 millones 750 mil pesos, por lo que el gobierno del estado se compromete a gestionar y entregar a la Sedena dichos recursos.

De cinco, pasó a ocho meses la calendarización de recursos; los 85 millones de pesos que se entregarían en agosto, se recorrió al mes de septiembre, después ya no se harían más pagos sino hasta enero de 2018, según quedó asentado en dicho convenio modificatorio.

De enero a julio de 2018, Quirino programó depositar 93 millones 535 mil 714 pesos a la cuenta de la Sedena para la ejecución de la obra, sumando los 739 millones 750 mil pesos.

El convenio no restringe que las partes puedan aportar, además de lo ya estipulado, recursos humanos especializados, en dinero y en especie, así como de cualquier otro tipo que sea necesario para la ejecución de la obra, mediante la formalización, en su caso, de los instrumentos jurídicos respectivos, los cuales formarán parte integrante del presente acuerdo de voluntades.

Los rendimientos financieros que resulten de las aportaciones de recursos realizadas por el Gobierno del Estado deberán ser depositados al término de los trabajos a la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno del estado en la cuenta 00632608203 de Banorte.

La ejecución de los trabajos iniciaría al día siguiente hábil en que los recursos hayan sido depositados en un plazo de 12 meses conforme al programa de obra, a partir del mes de agosto de 2017. Lo anterior, siempre y cuando las aportaciones se hagan de conformidad con el calendario de aportaciones correspondiente.

Por su parte, el gobierno del estado proporcionará conforme a la calenderización, el monto de los recursos económicos.

Se compromete también a brindar apoyo a la Sedena al inicio, durante y concluidos los trabajos en las gestiones ante las autoridades estatales y municipales para la contratación y pago de los servicios de agua potable, drenaje y energía eléctrica y así garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Artículo publicado el 4 de febrero de 2018 en la edición 784 del semanario Ríodoce.