Llueven denuncias por robos de vehículos y autopartes dentro de la pensión
La madrugada del 30 de noviembre Carlos tuvo un accidente vial. Su automóvil Jetta GLI fue impactado por el boulevar Rolando Arjona. No hubo lesiones reportadas, pero su unidad fue llevada al corralón debido a que las partes del accidente no llegaron a un acuerdo.
Ya el 24 de enero, Carlos acudió al corralón para inspeccionar las condiciones de su automóvil, el cual según el inventario número 249477, contaba únicamente con golpes en el costado del copiloto. Lo demás, en perfecto estado y todo en regla.
Ubicado sobre el libramiento de la autopista Benito Juárez (Costerita) en el poste 1220 poniente, el corralón es propiedad de Ricardo Laura Garzón, y provee del servicio de pensión al Ayuntamiento de Culiacán desde enero de 2004, mediante un contrato de concesión por 20 años.
Sin embargo, Carlos encontró su auto desmantelado. Embancado sobre unos ladrillos, las cuatro llantas removidas así como la extra, la guantera y la batería, el carro deportivo quedó reducido a un cascarón.
Y junto a su caso, decenas de ciudadanos reclaman a la comuna por justicia. Nadie en el corralón les ha dado respuesta. Hay casos de robo total de su unidad, en su mayoría motocicletas, según denunció el regidor por el Partido Sinaloense (PAS) Alejo Valenzuela.
“Hemos estado denunciando públicamente el tema del corralón. La gente iba al corralón y no los atendían, hemos canalizado más de 25 gentes. Al que no le han robado una moto le han robado o desmantelado su vehículo”.
En el caso del vehículo de Carlos, ya existe una denuncia ante el Ministerio Público en la Unidad Especializada de Delitos Patrimoniales, pero nadie le ha dado respuesta. Existe también una querella ante el departamento jurídico del Ayuntamiento de Culiacán con fecha del 31 de enero, dirigida a Javier Corral Escoboza.
Además, el Regidor por el PAS señala que el Ayuntamiento no recibe dinero alguno producto de este convenio.
No es la primera vez
Hace un año, el luchador social Salomón Morárrez, líder de la Oficina del Pueblo, realizó un plantón en las instalaciones del corralón por supuestas irregularidades. En ese entonces acompañó a un hombre cuya unidad fue retenida. Ahí pudo constatar por vez primera el estado de la pensión, con hoyancos en las mallas perimetrales y otras irregularidades.
Posteriormente, acompañado de Ernesto Saldaña García, del Colectivo ProDefensa del Patrimonio Público, hicieron denuncia pública durante el acto de toma de protesta de Jesús Valdés al inicio de su administración.
Ambos activistas coinciden en que es un contrato que bien puede rescindirse, y que además, debería ejercerse alguna sanción al empresario Ricardo Laura Garzón. Y tanto Saldaña como Salomón explican que eso viene estipulado en el convenio de concesión. Las violaciones al mismo son claras.
Saldaña García incluso pone en evidencia que los costos de la actual pensión son mayores a los implementados en ciudades como Guadalajara y Hermosillo.
Pero la bomba estalló durante la última sesión de Cabildo que presidió Jesús Valdés Palazuelos, el miércoles 24 de enero. Al recinto se dieron cita al menos una decena de afectados. Todos pedían que la comuna les ayudara con las autoridades que custodian el corralón.
La cláusula quinta del contrato entre el Ayuntamiento de Culiacán y Ricardo Laura Garzón, señala que el concesionario se obliga a prestar servicio de manera adecuada, regular y uniforme, con la finalidad de garantizar la plena seguridad de los vehículos que se depositen y guarden en las instalaciones. Y en el caso de Carlos, esta cláusula no fue respetada.
Tampoco la décima, la cual señala que el concesionario será responsable del faltante de cualquier parte o accesorio, así como del daño causado a los vehículos durante su custodia. En esos casos estará obligado a repararlos a satisfacción del usuario.
Y Jesús Valdés dejó el cargo. Él había heredado alrededor de 300 casos legales y por eso se analizaba a conciencia la disolución del contrato. No quieren más problemas legales. Pero su licencia definitiva fue aprobada ese mismo miércoles 24 y la herencia del caso es ahora para Francisco Antonio Castañeda Verduzco.
En su primera entrevista como alcalde interino, Castañeda Verduzco responde a la pregunta de si van a quitarle la concesión al empresario Ricardo Laura: “Bueno, esa es una decisión del Cabildo, obviamente hay un contrato de por medio y todavía faltan varios años para que se termine”.
—Pero está incumpliendo el concesionario.
—Claro, se tiene que hacer la evaluación, y en base a eso, poder, en un momento dado quitarle el contrato, pero como hay una concesión de por medio, no puedes ser arbitrario.
Y mientras el Cabildo de Culiacán delibera por una decisión, el contrato de concesión es claro en su cláusula sexta, en donde se explica en cinco incisos las causas de recisión del mismo. El segundo indica que podrá cancelarse cuando “el Concesionario no realice la prestación del servicio de manera adecuada, regular y uniforme”.
Artículo publicado el 4 de febrero de 2018 en la edición 784 del semanario Ríodoce.
