Precaristas demandantes de una casa en donde vivir con sus familias denunciaron que legisladores locales y ayuntamientos son el lastre verdadero para solucionar la ficticia escasez de vivienda de interés social, o de lotes con servicios progresivos.

“Si no pueden entregar una minuta de una reunión de trabajo, menos van a solucionar el problema de gestionar terrenos para vivienda, los diputados. Más bien, todos son individuos dedicados a engañar a los ciudadanos, especialistas en colocar lastres a las demandas sociales, de tejer alianzas perversas para mantenerse en el poder público, de succionar el erario para sus apetitos insanos. Y en esa categoría están desde la diputada local priista Fernanda Rivera, hasta el panista Zenén Aarón Xóchihua Enciso, quien es el peor de todos, pues además vendió terrenos destinados a precaristas y muy en ello ahora se pretende erigir en un paladín de las causas sociales”, sostuvo, Gorgonio Silva Gualizapa, presidente del Comité Único de Vivienda de Topolobampo.

Este comité tiene más de una década gestionando un terreno para precaristas, adultos mayores y familias sin recursos, sin obtener un solo metro cuadrado, pero sí montañas de mentiras que ha coleccionado desde que Francisco Labastida Ochoa les asignó el relleno del estero los Conchos para vivienda popular, pero que sospechosamente terminaron en manos de empresarios ligados al poder público, principalmente de los protegidos por el ex gobernador Mario López Valdez, considerado por aquellos como el asesino de las causas sociales.

“Labastida dejó las bases para los lotes de interés progresivo, Renato Vega Alvarado paró en seco esa pretensión, Juan Sigfrido Millán Lizárraga manipuló y reasignó el predio, Jesús Aguilar Padilla lo volvió a olvidar, pero Mario López Valdez lo cedió a empresarios e incluso manipuló al alcalde, Zenén Xóchihua Enciso para que cambiara el uso de suelo. Hoy, los terrenos que eran para lotes habitacionales son vendidos a industriales bajo el mejor postor”, dijo.

Los diputados locales son letra muerta, faroles de la calle, promotores de la mentira, lenguas sin credibilidad, aseguró.

Y afirmó que han sostenido dos reuniones con los diputados de la Comisión de Vivienda, Zenén Xóchihua Enciso y María Fernanda Rivera Romo y con el pleno, pero sin llegar a un acuerdo de solución a la demanda de lotes habitacionales. “Es una situación tan desagradable, que estos no han podido entregar ni siquiera la minuta de las asambleas. Ninguno tiene palabra. Son mentirosos”.

Dijo que existe un decreto desde el 15 de junio de 1990 en donde se entregarían a precaristas terrenos ganados al mar, pero terminaron en manos de empresarios; luego se ofreció una permuta por 10 hectáreas en el ejido Rosendo G. Castro, pero terminaron en la Armada de México, y recientemente ofrecieron 200 lotes, pero a la fecha no han terreno para medirlos.

“Todo es un engaño, una mentira que se mantiene para traficar con las necesidades de los jodidos y canjearlas por votos”.

César del Pardo Escalante, dirigente del Comité Nacional de Vivienda Popular se sumó al reclamo de Silva Gualizapa, pero extendió las imputaciones hacia los gobiernos estatales y municipales.

“Todos se tapan con la misma cobija de mentiras. Casas sí hay, y las tenemos en resguardo nosotros, porque de lo contrario serían nidos de malvivientes, focos de infección, madrigueras de delincuentes, y un problema social grave”.

Lo que no hay es voluntad política para resolver la tenencia legal de las casas, porque el dinero que pudiera utilizarse de los erarios queda en las manos de los políticos ladrones, o en las campañas políticas, como la que se acerca.

“Se ha solicitado que los ayuntamientos cobren el Infonavit, el impuesto predial urbano a través de crédito fiscal y embargue las viviendas, se erijan como primer postor, las adquiera y revenda a los posesionarios actuales, pero se niegan a ello. El chiste es mantener el engaño, traficar con el los problemas sociales, tener miseria para obtener votos”.

En Ahome, sostuvo es un tabú el destino de las casas embargadas y revendidas a particulares. “Es un negocio, evidentemente”.

La diputada local, Fernanda Rivera Romo, dijo que ella cumplió la promesa hecha a precaristas y se aprobó el reglamento por el que los Ayuntamientos tienen la facultad de crear los mecanismos de adquisición de vivienda en desuso o vandalizadas. “El reglamento tiene el Instituto de la Vivienda, lo pasa al Ejecutivo y luego al Congreso para su aprobación. No estamos en condiciones de decirles a los precaristas cómo va a quedar, ni tampoco cuánto se va invertir, porque no es facultad nuestra. A ellos los seguiremos apoyando”.

Artículo publicado el 24 de diciembre de 2017 en la edición 778 del semanario Ríodoce.