En una sesión  prolongada y controvertida, la Cámara de Diputados aprobó el pasado jueves el dictamen de la Ley de Seguridad Interior con una votación de  215 votos a favor y 101 en contra, cuarenta y ocho abstenciones y una asistencia de 320 diputados.

Esto sucede a siete meses de consumarse la elección más reñida de la historia y en un escenario donde aprobar una ley sobre seguridad interior dará facultades plenas a soldados del ejército y marina a patrullar las calles.

Entre protestas de los partidos de oposición, los diputados discutieron en el Pleno el dictamen e incluso la fracción perredista desplegó una pancarta con la leyenda: “Ley de Seguridad Interior atenta contra Derechos Humanos. ¡No a la militarización del país!”, advirtiendo lo que le espera al país con la aprobación de esta Ley.

Antes de turnarla al pleno de la Cámara, los diputados federales de la Comisión de Gobernación aprobaron ese mismo jueves el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, con 18 votos a favor y 13 en contra, sin abstenciones de los presentes.

El documento fue aprobado con los 17 votos del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, a los que sumó de manera sorpresiva la legisladora del PAN, Claudia Sánchez Juárez, diputada plurinominal de Huixquilucan, Estado de México.

Los 13 votos en contra fueron del PRD, PAN, Morena y Movimiento Ciudadano, cuyo coordinador Clemente Castañeda, no dudó en considerar  esta iniciativa como un ley discrecional que puede ser utilizada con fines represivos; mientras que el perredista Rafael Hernández Soriano advirtió que existen generales que se oponen a seguir en las calles donde los militares están expuestos a ser agredidos en una labor que no les corresponde.

Al principio no se planeó transmitir la discusión en vivo por el Canal del Congreso, bajo el argumento de que no existían condiciones técnicas. Pero lo anterior provocó las protestas del colectivo #SeguridadSinGuerra afuera del salón en el que iban a sesionar, así como de los integrantes de partidos de oposición a dicha legislación.

Bajo una estricta vigilancia del personal de seguridad institucional de la Cámara de Diputados, se restringió el paso de las organizaciones civiles, con el argumento de que hoy se votarían “cuestiones delicadas”.

Las protestas se escuchaban dentro del pequeño salón en el que se encuentra la Comisión de Gobernación en el tercer piso del edificio D en San Lázaro, que estaba exageradamente custodiado por guardias de seguridad al servicio del recinto legislativo.

La diputada del PAN, Angélica Moya, manifestó su oposición al inicio, para que el Canal del Congreso no transmitiera el debate sobre la Ley de Seguridad Interior; por lo que luego de un pequeño debate se resolvió trasladar la sesión de la Comisión de Gobernación al Salón de Protocolos del edificio A para transparentar el proceso legislativo.

Sin embargo, la exclusión de la sociedad civil que exigía presenciar este debate se mantuvo, pues el colectivo #SeguridadSinGuerra quedó fuera y tuvieron que seguir la discusión por circuito cerrado de televisión, para lo cual se colocó una pantalla en el exterior del Salón de Protocolos.

El PRD adelantó su voto en contra del dictamen, por considerar que se trata de la misma estrategia fallida que se ha aplicado en el país durante los últimos años.

En el  mismo sentido, el diputado del PAN, Jorge Triana, advirtió que el proyecto presentado por las fracciones parlamentarias del PRI y el Verde da la espalda a los ciudadanos y puso como ejemplo la exclusión de la sociedad civil.

A favor y en contra de la Ley

Con todo y los riesgos que traerá para el país la aprobación y entrada en vigor de la Ley sobre Seguridad Interior y que recurrentemente fueron señaladas por especialistas, juristas y defensores de los derechos humanos, fue aprobada por todos los diputados del PRI (183) y del Partido Verde Ecologista de México (35), más otros quince del PAN;  nueve de Nueva Alianza; nueve del Partido Encuentro Social y dos del PRD.

Solamente los diputados de Morena y de Movimiento Ciudadano (MC) sostuvieron su compromiso de votar en bloque contra esta ley que enciende la alerta ciudadana por la virtual entrada en funciones de las fuerzas armadas para auxiliar a los cuerpos policiacos en las tareas de seguridad pública.

De los diputados sinaloenses se sabe que los priistas Germán Escobar Manjarrez; Gloria Imelda Félix Niebla y Evelio Plata Inzunza aprobaron la ley.

En algunas entidades del país, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán; Baja California Sur, organizaciones ciudadanas principalmente las relacionadas con la defensa de los derechos humanos están convocando a través de las redes sociales, a llamar a los diputados federales que aprobaron esta ley para que expliquen y comparezcan públicamente ante la ciudadanía del porqué de su respaldo, a pesar de que fueron advertidos que por su contenido es una ley que agravará la política de respeto a los derechos ciudadanos y las garantías individuales de los mexicanos.

Y conscientes de los efectos que acarreará el tema de la llegada de los soldados del Ejército y Marina a patrullar las calles y vigilar la movilización social en todos los lugares públicos, y sitios más apartados del país, la Cámara Baja registró una marcada ausencia y abstenciones de legisladores, sobre todo del PAN, que de los 109 que componen el grupo parlamentario, 48 se abstuvieron de votar y otros 30 se ausentaron durante la sesión. Del total, 17 votaron en contra y quince aprobaron la ley.

Es importante destacar que los diputados panistas de Baja California Sur y Querétaro votaron en bloque a favor de la controvertida ley de Seguridad Interior.

En el partido de la Revolución Democrática (PRD) dos de sus diputados, Ángel Alanís Pedraza, de Michoacán y Waldo Fernández González, de Nuevo León, evidenciaron el compromiso de la bancada perredista  al aprobar la ley. Doce más de los diputados prefirieron ausentarse y el resto (39), rechazaron la iniciativa.

Todos los integrantes de las bancadas del PRI (183) y el Partido Verde Ecologista de México (35 diputados) votaron a favor. También nueve legisladores de Nueva Alianza, y nueve del PES.

Las ONG’s en contra

Más de 250 organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en contra de la Ley de Seguridad Interior, con la cual se aprobaría de intervención de las fuerzas militares en las calles del país, lo que a decir de las organizaciones, solo recrudecería el clima de violencia que se vive en México a partir de la guerra contra el narcotráfico iniciada en el sexenio de Felipe Calderón.

El colectivo #SeguridadSinGuerra —uno de los más activos en la discusión pública sobre  la Ley de Seguridad Interior—  reclama que los legisladores estarían aprobando una ley anticonstitucional “ya que el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la Constitución. Pero además, el artículo 21 de esa misma norma establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que anunciaron en el Congreso.

Sostienen sus miembros que en vez de legalizar lo ilegal, se debe hablar de un retiro programado de las Fuerzas Armadas y del fortalecimiento de las policías civiles a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“No se trata solamente de las iniciativas de Leyes de Seguridad Interior (LSI), sino de un paquete regresivo de legislación que busca reglamentar la presencia de las Fuerzas Armadas y la Marina en actividades de seguridad pública, lo que debilita aún más controles civiles a estas acciones;  y ejemplifican las  propuestas de Leyes de Seguridad Interior, Ley Reglamentaria de Artículo 29, reformas a la Ley de Puertos, Reformas al Código de Justicia Militar y reformas a Ley contra la Delincuencia Organizada”, reza el documento dirigido a los legisladores.

En el sitio http://www.seguridadsinguerra.org/ se encuentra habilitada una sección para exigir a los 500  integrantes del Congreso de la Unión votar en contra de la Ley de Seguridad Interior en la que se proponen alternativas a la militarización para paliar la inseguridad en México. Entre otras propuestas sugieren que la intervención de las Fuerzas Armadas en operativos sea sujeta a la rendición de cuentas, así como la construcción de una comisión que cuente con la participación de sociedad civil, académicos, víctimas, Congreso y el Ejecutivo federal  para plantear estrategias efectivas en el combate a la inseguridad.

El contenido de esta ley es rechazado por organizaciones ciudadanas y partidos de la oposición, pues señalan que está orientada a militarizar al país y con ello se violarían los derechos civiles, políticos y humanos.

Al respecto, la oposición expresó su preocupación por considerar que el dictamen es inconstitucional, propicia abusos y desincentiva el fortalecimiento de los cuerpos de policía locales; por ello los integrantes del colectivo solicitaban antes de la aprobación del dictamen un tiempo prudente para plantear modificaciones.

Un ejemplo fue la mención del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, quien mencionó que la Ley es una acción inconstitucional y por ello « la Comisión Nacional cumplirá con su función de evaluar si es contraria a los principios constitucionales y desde luego tenemos la facultad de acción de inconstitucionalidad.

Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE, denuncia en entrevista para Despierta, con Carlos Loret de Mola, que la Ley de Seguridad Interior está hecha, expresamente, para permitir al Presidente utilizar la fuerza pública (incluido el Ejército) indiscriminadamente, sin supervisión alguna y sin rendición de cuentas, lo cual es peligrosísimo, ya que se podría dar rienda suelta a toda clase de abusos de autoridad y violencia por parte de las autoridades; de una forma aún peor que la de por sí ya imperante en México.