Los “halcones” están por todos lados y a la vista de todos. En cualquier calle y a cualquier hora se les puede ver circulando en motocicletas o en tiendas de conveniencia, gasolineras, portando varios radios y celulares.
O van camuflados de taxistas, repartidores o vendedores. O vestidos de policías en sus patrullas, Charger, sus cheyennes o motocicletas.
A pesar de que las instituciones de seguridad saben que son los “ojos” del narco y que están por todos lados, es una actividad ilícita que no se castiga en el estado.
Los punteros son fáciles de identificar, lo complicado es demostrar el delito ante el Juez.
En el Código Penal de Sinaloa esa conducta se tipificó como Delito Contra las Actividades de las Instituciones de Seguridad Pública y del Estado desde 2013.
En cuatro años de tipificado el delito, solamente se ha castigado un caso en el municipio de El Fuerte.
Actualmente, hay un juicio contra tres presuntos “halcones” de la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, El Tamarindo, detenidos en abril pasado.
El año pasado, el entonces comandante de la Novena Zona Militar, Rogelio Terán Contreras, señaló que todo Sinaloa estaba lleno de “punteros”, incluso que afuera del cuartel había “halcones” monitoreando las actividad de los soldados.
La reforma al Código con la que se tipificó este delito fue presentada por el ex gobernador Mario López Valdez.
El mismo delito también abarca la elaboración, posesión y colocación de “narcomantas” contra los servidores públicos o instituciones del estado.
En esas fechas, el entonces Gobernador enfrentaba señalamientos de la célula Los Mazatlecos de proteger al Cártel de Sinaloa y de reunirse con el Chapo Guzmán y los hacían con mantas colocadas en varios municipios.
El caso con el que se podría obtener la segunda sentencia en este delito con los tres detenidos de El Tamarindo, se tambalea, pues en la audiencia realizada el lunes pasado, la Jueza notificó que un Juez de Distrito concedió un amparo debido a que el Ministerio Público no presentó pruebas para demostrar que los acusados pasaron información de las actividades de los policías.
Los imputados, presuntamente vigilaban a elementos de la Policía Federal que realizaban recorridos por la zona de El Tamarindo, para prevenir el robo de combustible y de vehículos.
Difícil de demostrar
De acuerdo con el Secretario Académico de la Facultad de Derecho de la UAS, Fernando Castillo Lora, es difícil de demostrar.
“El tipo penal exige ciertas condiciones, ciertos requisitos, primeramente que el autor tenga una conexión precisamente con las corporaciones policiales, la forma en cómo se debe vincular el sujeto activo, el autor del delito, con la realización de la conducta.
“Es algo difícil porque para conocer las actividades de los oficiales, de los servidores públicos, tiene que haber una conexión, entonces cómo lo van a establecer; tiene que tener un propósito y definir bien cuál es la conducta que se le va atribuir al autor y eso es la dificultad”, indicó.
El Doctor en Derecho mencionó que si el acusado tiene comunicación por medio de radios o teléfonos, esos sirven como el primer elemento de prueba, pero se tiene que demostrar que esos fueron los instrumentos que sirvieron para cometer el delito.
“El Ministerio Público tendrá que solicitar una intervención de esas comunicaciones y si en la investigación no existe toda una gama de datos de prueba que vinculen con los hechos al autor de la conducta, ahí está la dificultad”, indicó.
El penalista mencionó que para demostrar este delito se requiere de una investigación amplia y muy técnica.
Con un pie afuera
Alfonso de Jesús, Luis Enrique y Héctor Alfredo, fueron detenidos el 1 de abril pasado por elementos de la Policía Federal.
La Fiscalía General del Estado los acusó de delito contra las actividades de las instituciones de seguridad pública y del estado.
La que podría ser la segunda sentencia por ese delito pende de un hilo, pues los acusados lograron un amparo debido a que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para comprobar la comisión del delito.
De acuerdo con acusación que dio a conocer el Ministerio Público durante la audiencia intermedia el lunes pasado, un grupo de agentes de la Policía Federal circulaban por una brecha que conduce de El Tamarindo a Estación Rosales.
Los elementos observaron una camioneta Jeep Cherokee y le marcaron el alto pero el conductor aceleró la marcha.
Tras una persecución los policías lograron detener a los tres ocupantes del vehículo.
En el asiento trasero de la camioneta había seis radios de comunicación encendidos.
Los elementos policiales señalan haber escuchado preguntas que les hacían, entre ellas si ya se habían ido los “bélicos” de la Policía Federal, el número de patrullas, la dirección en la que se dirigían y si ya habían salido de la brecha.
Esas escuchas fueron suficientes para que el Ministerio Público los acusara de “halcones”.
Según dijo el representante social durante la audiencia, se dedicaban a informar a personas no identificadas sobre la presencia policial para entorpecer las labores de los agentes.
Para el Juez Segundo de Distrito, el delito se comete cuando proporcionan información y en este caso no hay evidencias de que lo hayan hecho, por lo que les concedió un amparo contra el auto de vinculación a proceso.
“No existe dato de prueba, al menos no lo refirió el agente del Ministerio Público, que en el caso se haya actualizado el núcleo rector del hecho considerado delito, consistente en proporcionar información, pues solo refirió que a los imputados les fue solicitada la información en cuestión, no que les conste que la hayan proporcionado.
“De los datos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público no se desprende alguno que evidencie, aun en forma indiciaria, que los quejosos tuvieran alguna intención en particular al transmitir la información que les era requerida”, estableció el Juez de Distrito.
El juzgador ordenó a la Jueza de la causa dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso y dictar una nueva resolución considerando que no está acreditado el delito.
“Empleo” bien pagado
Ser los “ojos” del narco es una actividad redituable, que permite a los jóvenes obtener mayores ingresos que cualquier profesión legal.
De acuerdo con expedientes de los Juzgados de Distrito, en 2014 elementos de la Marina detuvieron a cinco hombres armados y los acusaron de delincuencia organizada y portación de armas de fuego.
En los documentos se desprende que eran “halcones” y uno de ellos era el jefe de un grupo, pero no fueron acusados de ese delito.
Según la Procuraduría General de la República, el líder comandaba a un grupo de 20 “halcones” que operaban para Ismael Mayo Zambada.
Los punteros estaban distribuidos desde el Mercado de Abastos hasta la sindicatura de El Salado.
Su trabajo era reportar el paso de vehículos policiales y militares así como de helicópteros y avionetas de cualquier corporación y por eso recibían tres mil y algunos cuatro mil pesos a la quincena.
El jefe de “halcones” tenía un sueldo de 20 mil pesos quincenales.
Sinaloa lleno de “halcones”
Durante su paso por Sinaloa, como comandante de la Novena Zona Militar, el general Rogelio Terán Contreras, se quejó constantemente de los punteros.
“Todo Sinaloa está plagado de punteros, en todo Sinaloa, afuera de todos los cuarteles, afuera de todas las bases de operaciones, afuera de todo donde se muevan tropas y nos andan siguiendo a donde quiera que salgamos reportando nuestra presencia”, dijo en una de las entrevistas.
El mando castrense señaló que era difícil llevarlos a prisión porque el delito es difícil de comprobar y salen libres.
“Lo mismo puede ser un repartidor de pizzas, que el del periódico, que el de la esquina que esta allá afuera del cuartel o el taxi o el joven que vende camarones en la esquina, tienen un gran poder económico para pagarles, entonces son centenares de “halcones” en todos lados”, señaló.
