Auditorías federales descubren fraudes en el último año de la administración malovista

Las instituciones educativas del estado se sirvieron con la cuchara grande el año pasado.

En Cobaes (Colegio de Bachilleres), Conalep (Colegio de Educación Profesional Técnica) e Isea (Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos) hubo irregularidades en el gasto de 178 millones 991 mil pesos en pagos en exceso e injustificados.

Las anomalías fueron detectadas en auditorías realizadas por las Secretarías de la Función Pública y de Transparencia y Rendición de Cuentas al ejercicio fiscal de 2016 a cada una de las dependencias.

Las tres instituciones deberán reintegrar el monto señalado más intereses a la Tesorería de la Federación e iniciar procedimientos administrativos a los servidores públicos responsables.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa realizó pagos en exceso por 142 millones 470 mil pesos en aguinaldos, pagos de plazas no autorizadas, a personal que ya estaba dado de baja, a trabajadores con plaza y que también cobraron por honorarios y prestaciones no contempladas.

En el Conalep, el monto fue de 36 millones 91 mil pesos por bonos, ayudas y compensaciones y en la contratación de servicios cuyos contratos fueron firmados antes de que se designara a la empresa que los prestó.

En el Isea, las irregularidades son por 430 mil pesos por renta de habitaciones, comidas y bebidas en el hotel San Marcos, en Culiacán.

En el periodo auditado, el Cobaes era dirigido por Hilda Rosario Báez Sañudo; el Conalep por José Wuascar Torres Suárez, y el ISEA por Heriberto Arias Suárez.

En la auditoría realizada a Cobaes se detectó que con recursos del apoyo financiero SEMS-ELCOBACH-Sinaloa, realizaron indebidamente 12 mil 180 pagos por 68 millones 311 mil pesos a 609 empleados que no se encontraron en la plantilla autorizada.

En los pagos de nómina encontraron que realizaron desembolsos improcedentes de prestaciones por 54 millones de pesos.

Durante el año pasado, se hicieron 4 mil 135 pagos por 17 millones a 181 empleados con categorías y plazas no autorizadas.

A mediados de diciembre de 2016, a unos días de dejar el cargo, la directora dio a conocer que pagarían esa prestación, retrasada por falta de recursos.

“Sí habrá aguinaldo, si habrá; lo único es que tal vez en los tiempos estemos un poquito desfasados”, mencionó.

La funcionaria cumplió y los trabajadores recibieron el pago a finales del mes y en exceso.

Según la auditoría, en el pago de aguinaldo se excedieron con 8 millones 682 mil pesos.

A otros 326 empleados les pagaron 2 millones 800 mil pesos en fechas posteriores a su baja.

En la revisión de 55 expedientes encontraron que 29 trabajadores no tenían nombramiento, 27 no cumplían con los requisitos de experiencia y conocimientos y ninguno de los expedientes estaba completo.

Del personal contratado por honorarios no pudieron revisar los expedientes debido a que la institución nos los proporcionó.

La auditoría también encontró que personal que cuenta con plaza también estaba contratado por honorarios y recibieron pagos por 44 mil 178 pesos.

Un grupo de 40 empleados que se encontraba con licencia sin goce de sueldo recibió 315 mil 760 pesos.

“Los resultados de la revisión financiera y de cumplimiento prueban que la administración de los recursos de los fondos y programas de educación media superior, del ejercicio presupuestal 2016, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, realizó pagos indebidos, de plazas no autorizadas, erogaciones posteriores a la fecha de baja de los empleados, al personal en nómina que al mismo tiempo se encontraban contratados por honorarios, a los que contaron con una licencia sin goce de sueldo en su plaza, a los que no se encontraban en la plantilla autorizada, por prestaciones no contempladas y por aguinaldo que excede el monto autorizado”.

Además encontraron faltante de documentación para contratación de personal e incumplimiento a la experiencia mínima, los conocimientos o aptitudes que se requieren para el desempeño óptimo de las funciones.

En el Conalep, además de pagos en exceso e injustificados hubo procedimientos de adjudicación de contratos irregulares.

La institución pagó a los maestros 67 mil 205 horas de más, lo que representa 15 millones 504 mil pesos.

Además destinó recursos para pagos de suplencias por incapacidad, bonificación de impuestos, ayuda a transportes, fomento a la educación, compensación por actuación y producción eficiente en el trabajo, despensa y material didáctico, por un monto de 12 millones 850 mil pesos.

Los conceptos por los que realizó los pagos no estaban autorizados, señala la auditoría.

El Comité de Adquisiciones y Administración de Bienes adjudicó un contrato por 88 mil 740 pesos a la empresa de seguridad privada SPI Puma, el 28 de enero mediante el procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores.

En la revisión del contrato los auditores encontraron que fue firmado el 15 de diciembre, antes de que lo adjudicaran.

El mismo comité y con el mismo procedimiento de invitación restringida, el 11 de noviembre de 2016 adjudicó un contrato por 7 millones 737 mil pesos por vales de despensas.

De acuerdo con la auditoría, no se justificó porque no se hizo por licitación pública, y detectó que el contrato fue formalizado el 1 de noviembre, 10 días antes de que se adjudicara.

En el ISEA el monto observado asciende a 430 mil pesos por gastos improcedentes.

Esa cantidad se gastó el 28 de noviembre, 14 y 15 de diciembre en hospedaje, alimentación y bebidas en el hotel San Marcos.

Según la auditoría, los pagos resultan improcedentes debido a que los gastos de hospedajes y alimentos no están contemplados.