Alrededor de las 14:00 horas de la tarde -hora española-, la ex presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, salió de la cárcel de Alcalá Meco tras pagar una fianza de 150 mil euros (alrededor de 3 millones 400 mil pesos).
La política independentista compareció este jueves, informó La Jornada, ante el Tribunal Supremo por los supuestos delitos que se le imputan, entre ellos el de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, por lo que podría tener una condena de hasta 50 años de cárcel.
Forcadell compareció ayer jueves ante el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llaneras, junto a cinco parlamentarios más que integraban la Mesa del Parlamento cuando se declaró la independencia unilateral, en el pleno del pasado 27 de octubre, y que por su condición de aforados al formar parte de la Diputación Permanente tenían que ser juzgados en este órgano judicial.
Después de una comparecencia de más de 11 horas, en las que todos los imputados respondieron a las preguntas de la Fiscalía, de sus propios abogados y del juez, finalmente todos ellos salieron en libertad -cuatro con la obligación de pagar una fianza de 25 mil euros en un plazo de siete días y uno más sin medidas cauterales-.
Forcadell, por su condición de presidenta del Congreso y por su papel protagonista en la sesión de declaración unilateral, en la que ella misma fue la que leyó la resolución, tuvo que pagar una fianza mayor.
A diferencia de los nueve miembros del gobierno catalán que están presos por su participación en el proceso, más los otros cinco que están refugiados en Bélgica, entre ellos el ex presidente Carles Puigdemont, los diputados independentistas sí respondieron ante la Fiscalía y lo que más les ayudó para no ser enviados a prisión fue su compromiso ante el magistrado de no tener la intención de la “reiteración delictiva” y de “acatar el orden constitucional”, según el propio auto del juez dado a conocer ayer al filo de las once de la noche.
Forcadell ahora ya va rumbo a Cataluña, donde mañana sábado habrá una gran manifestación contra el encarcelamiento de los “presos políticos”, en los que todavía no se ha confirmado su presencia.