Durante la última oración por el descanso del difunto (responso) general yoreme revolucionario, Felipe Bachomo, indígenas hicieron un llamado al levantamiento pacífico para reclamar justicia social para las comunidades marginadas por gobiernos corruptos e insensibles, en tanto que en la comunidad de El Pochotal, El Fuerte, los comuneros se alzaron contra el yugo gubernamental y desenmascararon a funcionaria que traicionó la lucha por recuperar las tierras en posesión abusiva de un terrateniente.
José Antonio Aquí, familiar del difunto Felipe Bachomo, denunció que los gobiernos locales mantienen en el olvido a las comunidades indígenas y han discriminado a los yoremes, justificándolo con los sueldos que pagan a uno o dos comuneros que incrustaron en los gabinetes.
“No esperen que los indios nos levantamos en marchas, quememos carros o quebremos vidrios para que hagan justicias a nuestras demandas. En el sur ya está pasando, aquí no lo queremos.”
Aquí, un reducido grupo de indígenas que en coordinación con la Comisión de Historia y Cultura del Municipio de Ahome recordaron al general indígena en el cenotafio erigido en el bulevar Rosendo G. Castro, aseguró que no era un mensaje político ni partidista ni capricho de etnia, sino un reclamo de justicia encuadrado en la Carta Magna.
En el Carricito, comunidad indígena en donde se sepultó a Bachomo, Maira Mayte Sañudo León se sumó al reclamo indígena y afirmó que ahora, el yoreme tiene voz para luchar y unir a los pueblos “porque las necesidades son nuestras, no del gobierno. Sólo unidos lo lograremos, no separados. En corazón, en espíritu unirnos, no en federaciones, es como vamos a los propósitos de Bachomo”.
En tanto, en el Pochotal, El Fuerte, los indígenas se revelaron una vez más contra la traición y el engaño gubernamental y bloquearon la carretera El Fuerte-Los Mochis, por tercera ocasión.
Durante el cierre de carretera que se prolongó por 90 minutos, María de los Ángeles Usacamea Valenzuela, comisariada ejidal, Paula Huichia Sombra y Natividad Camargo, acusaron a la delegada en Sinaloa de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos indígenas, Maira Gisela Peñuelas Acuña de traidora con los yoremes, por su confabulación con el terrateniente Antonio Aníval Miranda, que a toda costa y bajo cualquier precio e incluso contratando esquiroles campesinos, pretende continuar con el usufructo de las tierras ejidales sin pagar renta.
La sospecha de la traición de la ex diputada federal priista se confirmó el domingo 22 de octubre (2017) cuando se debía realizar asamblea para definir aceptar o rechazar la renta de cien hectáreas a Miranda. Ese día, la delegada de la CDI prácticamente expulsó de la asamblea a Martín López Félix, asesor jurídico del comisiariado ejidal, y permitió que votaran seguidores de Miranda, sin ser ejidatarios de El Pochotal.
Usacamea, Huichia y Camargo recordaron que en el conteo de votos ganaban los seguidores de Aníval, pero en el recuento total, los votos emitidos superaron el padrón de ejidatarios. “La delegada de la CDI quería realizar esa asamblea. Entonces, nos salimos y la dejamos a ella sola con la gente de Aníval. Con esas funcionarias traidoras, para qué queremos ayuda”.
Reventada la asamblea y desenmascarada Peñuelas Acuña, los yoremes se replegaron y el lunes siguiente cerraron la carretera.
Cedieron a liberar la rúa cuando el secretario general de gobierno acordó recibirlos en Culiacán para establecer la mecánica de la asamblea de ejidatarios, en la que aceptaron vigilancia policial, asistencia por padrón, notario público, sólo votación de derechos de uso común.
Incluso, ordenan al módulo de riego Nohme el derecho a regar la parcela, que les ha negado el presidente, José Luis Saracho.
Durante el bloqueo, la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal quedó atorada en la primera línea.
Reconoció que el conflicto en el Pochotal con el particular ha entrado en una fase en donde el Gobierno del Estado debe definirlo antes de que los ánimos se violenten.
Sostuvo que el caso a través de los años ha dado vuelcos y tumbos legales, por lo que se ha entrampado y dividido a la comunidad.
Ofreció respaldar los intereses de la comunidad siempre y cuando se expulse a externos que “mecen la cuna” y agitan los ánimos.
La oferta fue rechazada por los yoremes, quienes dijeron que lo único que los mueve es la recuperación de las tierras de uso común que Miranda ha usufructuado desde hace cinco años sin pagar un solo peso de renta y habiéndosele cancelado todos los contratos.
Aseguraron que mantendrán su movimiento aún y cuando funcionarias como Mayra Gisela Peñuelas Acuña los traicionen, y pese a la parcialidad de la Procuraduría Agraria, el Tribunal Agrario y el Registro Agrario Nacional que extienden documentos en favor del rentador, pese a ser ilegales.