El Senado español aprobó con 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención la entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución española, que da autorización al gobierno de Mariano Rajoy, para destituir al gobierno catalán al completo, intervenir y controlar el Parlamento catalán y convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses.

Esto luego que el Parlamento de Cataluña declarar este viernes, la independencia de la comunidad autónoma como Estado, de forma unilateral.

La resolución recabó el apoyo de 70 diputados, la mayoría de la cámara, que cuenta con 135 escaños. Los apoyos han procedido de Junts pel Sí, que agrupa a ERC y PdeCAT y la CUP, que propusieron el texto.

Los diputados de Ciudadanos, PSC y PP han abandonado el hemiciclo antes de ese momento y tras un tenso debate. Los letrados del Parlament también han rechazado el trámite y la oportunidad de la resolución. La votación ha sido secreta, ya que los grupos independentistas no han querido que se conociese qué votaba cada uno de los parlamentarios.

El presidente Rajoy defendió que el Senado haya aprobado la destitución del gobierno catalán, bajo el argumento de que se trata de una medida “excepcional” en una situación de “excepción”, que resumió en que un gobierno autonómico se ha “saltado la legalidad que nos dimos en la Constitución de 1978” y ha votado por suprimir la soberanía de “todos los españoles” con una declaración unilateral de secesión, dio a conocer La Jornada.

La medida se aplicará de manera “gradual”, pero su intención es contrarrestar la declaración unilateral aprobada en el Parlamento catalán una hora antes, en la que se decidió no reconocer más la legalidad del Estado español y asumir como único manto jurídico para sus iniciativas la aprobada en el pleno del pasado 6 y 7 de septiembre, en la llamada “ley de transitoriedad” o de “desconexión”.

Rajoy tendrá ahora que aprobar en un Consejo de Ministros que se llevará a cabo esta misma tarde las iniciativas concretas para la entrada en vigor de la propuesta, una vez que ya cuenta con el respaldo de la mayoría del Senado.

Rajoy contó con el apoyo de los senadores de su partido, el Partido Popular (PP), pero también del principal partido de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de Ciudadanos. Mientras que los senadores del bloque nacionalista catalán y vasco y de Unidos Podemos votaron en contra.

Además, la Fiscalía General del Estado español está preparando una querella criminal por el delito de “rebelión” contra el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el conjunto de su gobierno por alentar y presentar la iniciativa que derivó en la declaración unilateral de independencia en el Parlamento catalán.

El aparato jurídico también estudia ampliar esa querella contra los diputados que votaron a favor de la declaración de secesión.

El delito de “rebelión” contempla penas de cárcel de hasta 30 años de cárcel, al ser considerado una falta muy grave contra la legalidad establecida. En este caso se presentará la denuncia ante el Tribunal Supremo, lo más probable es que se haga el próximo lunes, una vez que se haya perfilado el número de imputados y el contenido de la querella.

Lo que sí está claro es que entre las personas que serán acusados serán todos los miembros del gobierno catalán y los integrantes de la Mesa del Parlamento, incluida su presidenta, Carme Forcadell, por no paralizar las iniciativas que habían sido prohibidas de forma expresa por el Tribunal Constitucional.