lunes, enero 17, 2022
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  • Dias de Impunidad

Se defienden ex funcionarios malovistas en tribunales

ACUSADOS. Clodomiro Espinoza, Rafael Lizárraga, Jesús Alanís, Everardo Ayala, Luis Ángel Pineda

 

 

 

 

Presentaron juicios de nulidad para evitar ser inhabilitados y pagar más de 60 millones de pesos

 

 

 

Por lo menos tres de los seis ex funcionarios malovistas sancionados por el gobierno de Quirino Ordaz Coppel ya interpusieron juicios de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa para defenderse de los actos que les acusan, evitar ser inhabilitados de la función pública y no pagar las multas por más de 60 millones de pesos.

Lo anterior fue confirmado por el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Héctor Samuel Torres Ulloa, quien detalló que los juicios de nulidad fueron interpuestos en la Sala Regional Norte con sede en la ciudad de Los Mochis, en Ahome.

De entre los sancionados por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), Clodomiro Espinoza García, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas; Jesús Alanís Cháidez, ex director de Fiscalización; Everardo Ayala López, ex director de Política Tributaria y Luis Ángel Pineda Ochoa, ex secretario técnico de la Secretaría de Turismo (Sectur), son originarios y residen en Los Mochis, sin embargo, no se logró confirmar que sean ellos quienes ya comenzaron su defensa.

Torres Ulloa rechazó precisar los nombres de los ex funcionarios que están impugnando la sanción de la STRC, pero explicó que el juicio de nulidad es su derecho y además los otros tres señalados todavía están a tiempo de defenderse a través de la misma vía.

“Ya se presentaron tres demandas de ellos y como están dentro del plazo todavía podrían estar otros por presentarla, puede ser la próxima semana pero sí, ya se presentaron, me informan que están en la sala norte en los Mochis”, dijo Torres Ulloa.

 

¿Qué sigue antes de la sanción?

El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa explicó que estos casos serán de los primeros que le tocará abordar a la recién creada Sala Especializada Anticorrupción, la cual se instaló en el Tribunal en el marco de la creación del nuevo Sistema Local Anticorrupción.

Torres Ulloa detalló que los juicios de nulidad fueron recibidos en la Sala Norte pero luego pasarán a la Sala Especializada Anticorrupción y de emitir una respuesta que no les convenga a los ex funcionarios, todavía tendrían la oportunidad de que su caso sea resuelto por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa.

“El procedimiento tradicional es un juicio de nulidad, en este caso se puede llevar hasta cinco o seis meses, es muy variable. Por ejemplo si la sanción fue ‘x’ o ‘y’ y el Tribunal considera que la anule o que la confirme, obviamente los servidores públicos tienen derecho a impugnarla en un recurso de revisión que resuelve la Sala Superior pero en este caso ya le tocaría a la Sala Especializada Anticorrupción y luego sube a la Sala Superior del tribunal”, detalló.

Agregó que de acuerdo a la ley, si el Tribunal de Justicia Administrativa confirma la sentencia, los imputados todavía tienen derecho a acudir a un juzgado federal y presentar una demanda de amparo.

 

¿De qué se les acusa?

Los seis ex funcionarios que resultaron responsables en las investigaciones que realizó la STRC, pertenecieron a las Secretarías de Administración y Finanzas y la de Turismo durante la administración de Mario López Valdez.

En el caso de los ex funcionarios de la tesorería del Estado, se les acusa de la alteración ilegal que realizaron a documentos oficiales con la finalidad de obtener más recursos federales de los que estaban autorizados. Por este caso, la STRC concluyó que hubo un daño económico de 14 millones 284 mil 276 pesos.

Las sanciones administrativas varían en cada caso: a Jesús Alanís Cháidez se le impuso una inhabilitación por diez años y sanción económica por 21 millones 426 mil pesos, que corresponde al daño patrimonial y medio tanto más del daño causado.

A Clodomiro Espinoza García se le impuso una inhabilitación de tres años y una sanción económica por 14 millones 284 mil 276 pesos, que corresponde al daño patrimonial generado, y a Everardo Ayala López, ex director de Política Tributaria, una inhabilitación de diez años y sanción económica por 17 millones 855 mil pesos.

Mientras que en la Sectur se detectaron varios pagos por 8 millones 651 mil 798 pesos para una campaña turística que en realidad nunca se realizó.

Por este caso se le impusieron 30 días de suspensión sin goce de sueldo a Rafael Lizárraga Favela, que en ese momento era titular de Turismo y quien recientemente renunció a su cargo como subsecretario de la dependencia.

Pero la sanción mayor fue para Luis Ángel Pineda Ochoa, ex secretario técnico de la Sectur, a quien se le impuso una inhabilitación por ocho años y se le aplicó una sanción económica por 12 millones 977 mil 697 pesos.

Pineda Ochoa fue por años el brazo derecho del actual Coordinador de Proyectos Estratégicos de Ordaz Coppel, Francisco Córdova Celaya, quien lo nombró secretario técnico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado cuando él la dirigía y posteriormente cuando fue cambiado a la Sectur, se llevó a Pineda Ochoa con él y le dio el mismo puesto pero en turismo.

Ninguna de las sanciones ha sido aplicada hasta el momento, debido a que los ex funcionarios se defienden en los tribunales.

 

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