Sinaloa es de los estados con mayor incidencia en robo de combustibles pero la delegación estatal de la Procuraduría General de la República investiga poco y no castiga a los responsables.
El área jurídica de PEMEX tuvo que solicitar un amparo para que un Juez de Distrito obligara a la fiscalía a abrir las carpetas de investigación de las denuncias por tomas clandestinas.
De acuerdo con documentos del Juzgado Segundo de Distrito, hasta marzo, Petróleos Mexicanos había presentado 39 denuncias por tomas clandestinas, pero la delegación de PGR, a cargo de Jesús Gerardo Rodríguez Prado, solo había iniciado 18 carpetas de investigación por el mismo número de casos.
En el primer cuatrimestre de este año, PEMEX reportó en el estado 166 tomas clandestinas.
En el mismo periodo, la fiscalía inició 109 carpetas de investigación, según datos obtenidos vía Ley de Acceso a la Información.
Desde hace varios años, el robo de combustible se ha convertido en el principal problema de seguridad de la paraestatal, lo que ha llevado a implementar operativos en coordinación con corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno.
PEMEX estima que en los últimos tres años el valor de las pérdidas por robo de combustible es de 20 mil millones de pesos anuales.
Por reparar los daños en los ductos por tomas clandestinas, entre 2010 y 2016 gastó 4 mil 234 millones de pesos.
Entre 2012 y el primer trimestre de 2017 se extrajeron 12 millones 487 mil barriles de hidrocarburos de las tomas clandestinas.
En el primer cuatrimestre del año la entidad se ubicó entre los estados donde más tomas clandestinas se localizaron.
El estado con la mayor cantidad de tomas ilegales fue Guanajuato con 659, seguido de Puebla con 460, Veracruz con 413, Tamaulipas con 408, Estado de México con 292, Hidalgo con 278, Jalisco con 195 y Sinaloa con 166.
En Sinaloa la delegación estatal de la PGR no parece no tener prisa por investigar el delito y llevar a los tribunales a los responsables.
En Sinaloa, entre 2016 y junio de este año, la delegación de la PGR no ha consignado ninguna carpeta de investigación ni puesto a disposición de juzgados a detenidos.
Solo en cuatro carpetas de investigación hubo avances y fue para decretar el no ejercicio de la acción penal.
En marzo pasado, el área jurídica de PEMEX solicitó un amparo contra la delegación de PGR y el juez ordenó abrir las 19 carpetas de investigación que debió haber iniciado desde que presentaron las denuncias.
En la demanda PEMEX reclamó “la abstención de iniciar la carpeta de investigación o las carpetas de investigación que correspondan, ante la recepción de noticia criminal que por medios digitales se formulen, respecto de las denuncias enviadas por medios digitales, relacionadas con hechos posiblemente constitutivos de delito”.
PEMEX envió a la PGR 39 denuncias de hechos posiblemente constitutivos de delitos previstos y sancionados conforme a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, concretamente por instalación de tomas clandestinas en el poliducto Topolobampo-Culiacán, en el tramo Guamúchil-Culiacán.
La paraestatal acusó a la delegación de la PGR de “condicionar y/o negar sin causa fundada y motivada el número de cada carpeta de investigación, así como la negativa a informar a mis representadas sobre las investigaciones realizadas con motivo de los hechos denunciados, para determinar el daño causado y su cuantificación para efecto de su reparación”.
PEMEX señaló que en las denuncias estaban proporcionando la ubicación de las tomas clandestinas para que personal de la Policía Federal Ministerial y peritos acudieran y evaluaran el daño, pero desconocía si eso ya había ocurrido.
El Agente del Ministerio Público, detalla, debe proceder a investigar de oficio el robo de combustible.
En aquellos casos en los que resulte alguna responsabilidad penal, civil y/o ambiental derivada del vertimiento de petrolíferos ya sea al subsuelo o cursos de agua con motivo de las tomas clandestinas, con motivo del desconocimiento de la existencia de carpeta de investigación iniciada por tales hechos, la paraestatal se encuentran en total estado de indefensión e imposibilitadas de aportar medios de prueba para identificar al presunto responsable, señaló PEMEX.
En el juicio de amparo, el Ministerio Público Federal informó al Juez que había iniciado 19 carpetas de investigación y se encontraba verificando las otras 18 denuncias para constatar la veracidad.
En la sentencia del amparo el Juez determinó “que se estima incorrecta esa aseveración pues solo a través de la investigación de los hechos denunciados en la carpeta de investigación, las autoridades ministeriales se encuentran en aptitud de constar los hechos denunciados, arribar con los probables responsables y, en su caso, evitar la duplicidad de indagatorias”.
El Juez ordenó a los Agentes del Ministerio Público para que se pronuncien en relación a las 18 denuncias presentadas y al delegado de la PGR en su carácter de superior jerárquico verifique que se pronuncien.
