Primero fueron los comerciantes informales desplazados de las calles y confinados a un mercado donde ocho meses después están al punto de la quiebra los que se lanzaron a las calles a protestar contra el gobierno municipa; a ellos se les sumaron precaristas que demandan una casa de interés social para pagarla como patrimonio y que no han conseguido pese a las constantes promesas gubernamentales… y ahora fueron colonos de nuevos fraccionamientos los que a su manera protestaron por incumplir de las obligaciones gubernamentales de la comuna, específicamente en el ramo de seguridad.

Habiendo marchado por el primer cuadro de la ciudad y cerrar el crucero de Ignacio Zaragoza y Álvaro Obregón con un mitin de 15 minutos, el grupo de “Las Marías”, comerciantes callejeros de frutas y legumbres, se apostaron a las afueras del palacio municipal.

José Ángel Sánchez Pérez, líder del grupo aseguró que fueron desplazados del centro con artimañas legales y confinados al mercado Zona 030, pero algunos compañeros fueron excluidos de esa obligación gubernamental para favorecer a incondicionales del PRI-gobierno sin tener ningún antecedente de trabajo en la calle.

Aceptado el cambio a  regañadientes, dijo, que la comuna incumplió su obligación de inversión y olvidó las mejoras al sitio así como servicios que enganchen a contribuyentes como clientes potenciales del nuevo mercado.

Pero la peor situación es la rebatinga de locales que los propios funcionarios municipales promueven. De estos acusó a Mario Augusto Monreal, director de Servicios Públicos Municipales y a Félix Edmundo Ávila Alvarado, el Chirris, jefe de mercados, como los cabecillos de los “vendelocales” a empresarios acaparadores del centro.

Isaac Lafarga Nieblas, uno de los afectados, secundó las imputaciones de Sánchez Pérez y dijo que con 24 años en la calle no le respetaron la antigüedad y fue excluido del mercado.

Bertha Alicia Terrazas Torres, dijo que aunque le dieron un local en el nuevo mercado, este es improductivo por la ubicación. “Como a otros comerciantes, quiero reubicación”.

Rey Daniel Herrera Ayón, quien durante 35 años cocinó chicharrones en la vía pública, dijo que su expediente desapareció de las oficinas de Inspección y Normatividad y por ello no fue reubicado; lo mismo padeció José Luis Soto Hernández, quien denunció que la confabulación de funcionarios priistas con sindicatos “blancos” y algunos  cetemistas crearon el tráfico del comercio informal, utilizando como cuota de poder para joder a los más pobres.

“Te dejaban trabajar, te palmeaban el hombro, no te cobraban piso ni derechos, pero administrativamente te estaban jodiendo porque tu puesto nunca aparecerá en el padrón. Ellos solaparon la irregularidad y después voltearon el sartén, y acusaron a los puesteros. Son diestros para las tranzas, apegados en su librito, pero joden al pueblo, que no se queja”.

Por separado, Maximiliano Castro Mancillas, quien durante 24 años trabajó en un puesto de frutas afuera de un Colegio de Bachilleres (Cobaes) y que estaba fuera del mercado conocido como Zona 030 denunció que fue obligado a abandonar su puesto callejero ante la exigencia gubernamental de que tomara un local en el nuevo mercado ya que estaría mucho mejor económicamente.

Ocho meses después del cambio, sus ahorros de toda la vida se agotaron; su familia comenzó a sentir necesidades apremiantes por falta de ingresos ya que en ocasiones sólo vende 20 pesos.

“Es insostenible la situación. El mercado 030 es un fracaso para los oferentes, porque todo fue una estafa, manoteo, venta de locales, en fin, una megatranza”.

Dijo que ha buscado ser escuchado por la autoridad municipal para pactar una reubicación, pero todos los funcionarios lo han ignorado.

De ello culpó a la regidora Julia Pérez, quien es la encargada de la cooperativa escolar en el Cobaes. Ella rechazó la imputación.

Precaristas y colonos

Miembros de la Asociación Civil “Familias Ahomenses buscando una vivienda digna” denunciaron las promesas huecas del gobierno priista actual, pues durante dos administraciones consecutivas han ofrecido solucionar las invasiones de viviendas.

Ana Luisa Quintana dijo que ha pasado medio año del gobierno de Álvaro Ruelas Echave y no ha entregado una sola casa de las que aseguraron comprarían en remate al Infonavit.

“Basta de promesas, queremos las soluciones que ellos prometieron”, afirmó.

Dijo que en esa promesa sustentan su patrimonio centenares de familias pobres, trabajadores sin prestaciones, personas de la sierra desplazadas por la violencia y otros sectores vulnerables más.

A la par, en las colonias de nueva creación, colonos demandaron mayor seguridad ante la ola de robos domiciliarios sufridos.