martes, noviembre 30, 2021
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  • Dias de Impunidad

Por develar al primer fiscal anticorrupción

 

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No seremos complacientes para satisfacer un interés o proteger la espalda del jefe: Ríos Estavillo

“Yo sería de la idea de que necesariamente el fiscal se tiene que sentar con el Congreso”, respondió Juan José Ríos Estavillo, cuando se le preguntó sobre los criterios a considerar para nombrar al vice fiscal especializado en combate a la corrupción.

Aunque las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso del Estado establecieron que el Fiscal General tendrá la facultad del nombramiento del fiscal anticorrupción, Ríos Estavillo adelantó que en la designación del cargo otorgaría una intervención al Poder Legislativo.

Ríos Estavillo estaba hace seis meses en la terna final para elegir al titular de la naciente Fiscalía General y sostuvo un encuentro con el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), bancada que manifestó en tribuna su desacuerdo en que el nombramiento del vice fiscal anticorrupción fuese una facultad del Fiscal General. En la reunión con los diputados panistas, el ahora fiscal general argumentó  la conveniencia de que los diputados participaran en la designación, aunque el marco legal no lo contemplara en esos términos.

De acuerdo con el artículo 22 del recién aprobada Ley Orgánica de la Fiscalía General, el fiscal especializado será designado y removido por el Fiscal General. El nombramiento y remoción podrán ser objetados por el Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, dentro de un plazo de diez días hábiles posteriores a su designación. Si el Congreso del Estado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.

Desde el punto de vista de Juan José Ríos Estavillo, actual fiscal general, quien deberá hacer la designación del primer fiscal anticorrupción que opere en Sinaloa, el Poder Legislativo debe participar el nombramiento porque el control financiero del gasto lo tiene el Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior del Estado.

Abundó entonces que el tema de la anticorrupción va ligado al de rendición de cuentas, el cual a su vez queda sujeto al Poder Legislativo.

“Mi respuesta inmediata sería: el fiscal tiene que necesariamente acudir al Congreso del Estado, por deber de funcionalidad”, ya que además el tema está relacionado con la regulación de derechos, como acceso a la información pública y privada.

El otro argumento, es que debe seguirse el ejemplo para la designación del fiscal general, en donde el gobernador fue un testigo, y se dio una participación ciudadana, con el objetivo de garantizar la expectativa de justicia.

“Tendría que amarrarse la experiencia de un órgano parlamentario que tiene a través de sus comisiones especializadas en el control el gasto público como con la propia Auditoría Superior del Estado, porque necesariamente la visión que tenga el fiscal anticorrupción al momento de integrar una carpeta de investigación, mucho va a depender de la Auditoría Superior del Estado”, expuso.

Ríos Estavillo está de acuerdo que la Fiscalía Especializada en Materia de Anticorrupción quedará dentro la estructura de la Fiscalía General, ya que si hubiese creado otra Fiscalía General en forma paralela, el día de mañana podrían crearse fiscalías especializadas hasta por abigeato.

En el marco legal anterior, recuerda, el Procurador dependía como órgano descentralizado del Poder Ejecutivo, quien era el responsable. Ahora los fiscales, los vice fiscales, los ministerios públicos, los peritos, los agentes policiales, serán responsables de sus actos. “Ya olvídense que todo lo vamos a mandar allá arriba, ahora la responsabilidad la tiene cada quien”.

Bajo las nuevas leyes, aseguró, no tiene ningún inconveniente en compartir lo que implica el ejercicio de la acción penal, científicamente hablando, con un fiscal especializado. “Al contrario vamos a complementarnos, no vivir en la complacencia, para satisfacer un interés, o proteger la espalda del jefe, no. El órgano constitucional lo que busca es proteger la constitucionalidad. Eso es lo que busca”.

En los nuevos escenarios, subraya, necesariamente tendrá que darse “un cambio de chip” porque  las anteriores formas no funcionaron, al registrarse porcentaje de impunidad impresionante.

Ahora, advierte, el fiscal anticorrupción deberá hacerse responsable de sus actos.

En atención al interés político que defiende y protege, además por el deber de cumplir como representante de la sociedad, el Congreso del Estado deberá aportar en la búsqueda de un perfil que necesariamente equilibre la función, no cumplir con una expectativa de participación política, sino de demanda a un problema social, concluyó.

Consejo ciudadano, sin voz ni voto

La Ley Orgánica de la Fiscalía General, aprobada la semana pasada por el Congreso del Estado, deja fuera al Consejo Consultivo de la Fiscalía de la decisión y/o opinión sobre el nombramiento del Fiscal Anticorrupción.

 

El Consejo Consultivo de la Fiscalía será el órgano colegiado de participación ciudadana de la Fiscalía General, que estará integrado por seis consejeros ciudadanos que gocen de reconocido prestigio en el estudio, difusión, y/o promoción de los derechos humanos como en sistemas de procuración y/o administración de justicia en el Estado.

A la hora de la discusión de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, el Grupo Parlamentario del PAN propuso que el Consejo Consultivo de la Fiscalía participara en el proceso de selección o remoción del Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Otra propuesta era que en el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, se garantizara la igualdad de oportunidades en base al mérito y los mecanismos más adecuados y eficientes, para atraer a los mejores candidatos para ocupar los puestos a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos.

Ambas propuestas fueron rechazadas, bajo el argumento de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que las reformas constitucionales realizadas establecieron que la facultad del nombramiento del vice fiscal anticorrupción correspondía al fiscal general.

 

¿Qué hará la fiscalía anticorrupción?

La Fiscalía Especializada es el órgano encargado de investigar y perseguir los hechos que la Ley respectiva considere como delitos por hechos de corrupción del Estado. Tendrá el nivel de Vice fiscalía General.

Participará como integrante del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado.

Contará con agentes de Ministerios Público especializados, peritos y policías de investigación.

Diseñará e implementará proyectos, estudios y programas permanentes de información y fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad en materia de corrupción.

Requerirá a las instancias de gobierno la información que resulte útil o necesaria para sus investigaciones, la que por ningún motivo le podrá ser negada, incluso anteponiendo el secreto bancario fiduciario o cualquiera otro de similar naturaleza.

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