Responsabilidad Política

 

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De momento no tenemos nada contra el ex gobernador Malova, afirmó con toda formalidad Guadalupe Yan Rubio, secretaria de Trasparencia y Rendición de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa, ante unos periodistas ávidos de responsables.

En la comparecencia agregaría que están en curso nueve procedimientos administrativos contra el mismo número de funcionarios del gobierno malovista, sin considerar las áreas de educación y salud. O sea, es otro paquete, y del que gracias a la acuciosidad de Gabriela Soto ya conocemos un avance en materia de salud.

La afirmación “de momento” no acepta, pero tampoco descarta, que en un futuro se pudieran enderezar acusaciones en contra de Malova y eso va depender de lo sustentado que venga la investigación contable y que los requerimientos administrativos terminen en causas penales de manera que éstas escalen, es decir, que en el ánimo de algunos o varios de los acusados por querer salvarse, jalen el mantel de las responsabilidades.

Ese es el camino trazado hasta hoy, donde fueron algunos de arriba y los del medio los que hicieron uso irregular de mil 164 millones de pesos públicos.

Y quizá tengan razón, hubo mucho pícaro en esos niveles por los que hay que ir, sin embargo, estamos en una democracia presidencialista donde el gobernante concentra mucho poder y este se expresa entre otras decisiones en la designación de quienes forman parte de su gabinete.

Y es que Malova tenía para ser, como decía “el mejor gobernador de México”. Había ganado las elecciones ampliamente, tenía el apoyo de cuatro partidos y medios de comunicación, inspiraba el cambio, pero su primer error fue integrar un gabinete con escasa visión y ahora sabemos que presumiblemente corrupto.

Malova tiene responsabilidad política en este desfalco que encuentran en la Secretaría que administra Yan Rubio.

Ahora bien, que esa integración de gobierno haya sido mediante el llevado y traído sistema de cuotas y de cuates —del que parece nos olvidamos— no cambia las cosas, sino por el contrario, confirma la responsabilidad política del gobernante.

Él en uso de sus facultades constitucionales, designó a las personas quienes a su juicio eran las pertinentes y que teóricamente sacarían con eficiencia y oportunidad las tareas del Plan de Gobierno 2010-2016.

No sucedió así, por el contrario, estos funcionarios desde la posición designada encontraron la vía para auto beneficiarse, y algunos al mismo tiempo, a los poderes fácticos que los llevaron a detentar una posición de poder (por ejemplo Ernesto Echeverría, responsable de la Secretaría de Salud, actuó en función de los intereses de la familia Salido Artola, dueños del periódico El Debate, como queda demostrado en la investigación realizada por Gabriela Soto para Noroeste).

Claro, la investigación contable empieza por donde están las “irregularidades” en el manejo del dinero público, y muy pronto veremos quienes se encuentran en problemas y que por ellos podrían ir a parar a la cárcel, lo que nos indica ahora en tiempos de detenciones de ex funcionarios, que estos son desechables, simples chivos expiatorios.

Este acto de purificación del poder público que incluye el sacrificio de unos cuantos buscaría mostrar la persistencia del sistema político, y en alguna forma lo logra. Por seguir haciéndose sentir, el sistema se conserva aún con sus abolladuras, y el pópulo podría llegar a considerar que está  cambiando, que se renueva, y hasta podría ser percibido como eficiente.

Entonces, estamos en la antesala del sacrificio, en los actos preparatorios de la ejecución, cuando el carbón político empieza a mostrar la candela, el rojo vivo, con todos los reflectores a la vista y la gente pidiendo sangre, prisión y todo lo que podría significar la redención pública.

Pero como bien lo dice Mauricio Merino, líder del grupo Nosotr@s, en materia de lucha contra la corrupción no se trata solo de detener a unos cuantos, sino que radica en un sistema que facilita la corrupción y la impunidad, por lo que cualquier salida tiene que ser integral y no por partes. Desmotar el entramado institucional que facilita las malas prácticas. El robo en despoblado. Aquel que castiga discrecionalmente a unos pero no a otros.

Y es donde podría terminar todo esto, si es que existe el llamado pacto de impunidad, aunque sospecho que la bandera de la lucha contra la corrupción y la impunidad va a ser levantada en las campañas del 2018 y eso también podría significar mostrar el escaparate con todos aquellos gobernadores y subalternos que hoy están en la cárcel.

Si así son las cosas, las posibilidades se abren y un golpe de timón podría cerrar el ciclo deteniendo a César Duarte y Malova.

Y es entonces, donde el “de momento” de Yan Rubio adquiere perfiles inciertos en un escenario que cada día será más claro.

Al tiempo.

 

 

 

 

 

 

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