octubre 15, 2019 3:47 am

Matizan PRI y PAS reforma de cuentas públicas; PAN advierte que impugnará

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La Comisión de Fiscalización que propuso la reforma constitucional para derogar las facultades para aprobar o suspender cuentas públicas, hizo ajustes a su propuesta original, en los artículos transitorios, para que en caso de ser aprobada la iniciativa no entre en vigor al día siguiente de su publicación, sino a los 30 días, y que el informe de la Auditoría Superior del Estado tenga que presentarse al pleno.

En conferencia de prensa conjunta de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, con excepción del diputado panista, Zenén Xóchihua Enciso, señalaron que se ha hecho una interpretación errónea de la iniciativa presentada y desecharon que se pretenda que el Poder Legislativo renuncie a la facultad constitucional de fiscalizar las cuentas públicas.

Argumentaron que la Auditoría Superior del Estado es un brazo técnico del Poder Legislativo, y por lo tanto no se está renunciando a la facultad de fiscalización, sino reconocer las capacidades para el análisis técnico de la ASE, más allá del sesgo político para la aprobación o suspensión de una cuenta pública que no tendría ningún valor jurídico.

Los legisladores, encabezados por José Menchaca, presidente de la Comisión de Fiscalización, indicaron que en caso de aprobarse su iniciativa no tendría una aplicación retroactiva, por lo que las cuentas públicas correspondientes al último semestre de 2016 del gobierno de Mario López Valdez serían discutidas como se han hecho hasta la fecha.

En caso de la aprobación de la iniciativa, serían tratadas las cuentas públicas con las reformas a partir del año fiscal de 2017, precisaron.

En conferencia de prensa por separado, el Grupo Parlamentario del PAN ratificó su postura en contra de la  propuesta de reforma constitucional propuesta por legisladores del PRI, PAS y PANAL, integrantes de la Comisión de Fiscalización.

Adelantaron que en caso de aprobarse buscarían frenar su aplicación mediante la búsqueda de recursos jurídicos, por considerar que las pretendidas reformas son anticonstitucionales al no ser posible que se quiera eliminar la facultad de fiscalizar las cuentas públicas.

Insistieron que los párrafos que se pretenden eliminar de la Constitución pretenden renunciar facultad de Fiscalización del Poder Legislativo, ya que el trabajo técnico realizado por la ASE no puede suplir el análisis de todos los diputados que componen el Congreso del Estado, sino sólo es una instancia de apoyo para la revisión de las cuentas públicas.

De acuerdo a los términos de la iniciativa promovida por la Comisión de Fiscalización, subrayaron, la revisión sería “en lo oscurito”, sin que se entere al pleno, y en reuniones de deliberación que no son públicas, sino privadas, lo que no favorece la transparencia y la rendición de cuentas.

El Sistema Estatal Anticorrupción no está maduro, faltan por aprobar leyes secundarias, por lo tanto no se puede dar “un cheque en blanco” a la ASE para la resolución de las cuentas públicas, porque además ni siquiera se han terminado de realizar los nombramientos claves el fiscal anticorrupción, señalaron.

“No quieren a los diputados mudos y a la ciudadanía ciega”, aseguraron los diputados panistas, encabezados por el líder de la bancada, Carlos Castaños.

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