A su ingreso como presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), Jaime Salomón Hariz Piña se encontró una Junta con 6 mil 402 casos heredados de la administración anterior y una institución que no caminaba.

A casi seis meses de estar al frente de la Junta, Hariz Piña explica el funcionamiento que tuvo la dependencia y los trabajos que hoy día desarrollan para destrabar los casos que han ido acumulándose. Actualmente, la JLCA tiene 7 mil 144 casos en existencia y según el titular de la misma, tienen solamente 14 expedientes pendientes para dictar laudo.

“Me encuentro con una Junta totalmente desbaratada, por decirlo de alguna manera desarticulada, sin una línea fija, sin un proyecto de trabajo. Estamos en un mundo globalizado y con esa visión se tiene que ver la justicia también”, señala Jaime Hariz.

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje se instituyeron desde 1917 con la finalidad de que fueran tribunales de equidad y protectores de los derechos de los trabajadores. Integrados por representantes obreros, patronales y de gobierno, las Juntas buscarían que las leyes laborales si impartieran de manera flexible, no en forma rígida como los tribunales de derecho.

Sin embargo, durante el sexenio pasado, en Sinaloa ese principio fue detenido. A juicio del actual presidente de la JLCA explicó que esta estaba simplemente paralizada.

—¿Cuál fue entonces el problema más grande al que se enfrentó a su llegada aquí a la Junta?

—La paralización de los juicios, estaba paralizada la junta porque es una Junta que hasta el día primero de enero laboraba de forma disfuncional.

Otro principio de la creación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje fue el de combatir la corrupción en los Tribunales, y en la JLCA en Sinaloa hubo una “contaminación”.

“Los actuarios, partiendo de la actuaría, no notificaban, no emplazaban a juicio a las partes en los plazos y términos que la Ley establece, y al no emplazar a juicio esto evidentemente hace que los juicios se paralicen porque se tienen que diferir y ordenar que se emplace a las partes”, añadió.

El ahora presidente de la Junta señaló que el área de actuaría fue renovada casi en su totalidad junto con las Secretarías Auxiliares, en donde únicamente repitió uno de 10 funcionarios en total.

“Aquí, a principios cuando llego, había unas filas muy grandes en el archivo, expedientes que no se encontraban, expedientes perdidos. Los juicios no caminaban porque los expedientes se perdían. Una de las cuestiones con las que me encuentro es que el foro también estaba contaminado”, explica.

“Me refiero al foro a los litigantes, estaban contaminados en el sentido que ante la ineficacia o la ineptitud del funcionario ellos dirigían las audiencias. Y ahora ya no pasa eso, tú puedes observar si anteriormente te habías dado una vuelta por aquí, te invito a que la des, a que vayas a una audiencia y veas el desarrollo, agrega.

Caso Espinoza Pablos

El anterior presidente de la JLCA, Fausto Rubén Ibarra Célis, tuvo un caso en particular que fue el juicio de los hermanos José Gonzalo, Carlos Armando y Javier Espinoza Pablos, con un laudo de 121 millones 7 mil 865 pesos emitido el 5 de septiembre de 2016.

“Ese asunto, pues como bien dices, se resolvió en la administración pasada pero en parte está ‘sub júdice’, esto es que en parte no está firme todavía porque quien resultó perdiendo el asunto promovió juicio de amparo directo”, señala Hariz Piña.

El caso está se encuentra en amparo directo en el Tribunal Colegiado de Circuito en materia laboral, en el Cuarto Tribunal con sede en Mazatlán.

“No está resuelto y por tanto no está firme ese laudo. Totalmente no está firme, no está ejecutado y este puede revertirse, entonces todavía no hay nada firme no ese asunto en particular”, añade.

Jaime Hariz añade que como ese se pueden encontrar otros tantos, pero en relación a cómo funcionó la administración pasada, el común denominador es parálisis y juicios largos, y no la conciliación a través de acuerdos.

Además, la JLCA experimenta un incremento también en juicios. En un comparativo entre los períodos enero—mayo, en 2016 ingresaron 942 procesos, y en ese mismo período se resolvieron 498; en 2017 la Junta ingresó 1 mil 220 asuntos y han logrado egresar 667, lo que representa una efectividad del 52.8 por ciento contra el 54.6 de la administración actual, con todo e incremento en casos.

El titular de la JLCA señala además que la estadística judicial o el rezago no son interesante, sino la procuración del auxilio y el abatimiento del rezago. Entre enero y mayo de 2016 hubo 297 juicios de amparo promovidos por actos en contra de la JLCA y para 2017 en el mismo período fueron 151.

“Se tuvo que integrar un grupo de trabajo para atender la enorme cantidad de esos juicios y a partir de mi llegada se presentan a lo mejor 100 al mes, lo que significa que estamos resolviendo dentro de los términos y los plazos que la Ley demanda”, señala.

Además de esa anomalía, otro problema al que enfrentan es el rezago de asuntos debido a estudios de grafología y otras pruebas periciales, en donde el justiciado al no contar con los recursos para llevar a cabo las diligencias, el caso se atora.

En total suman 400 casos detenidos que han requerido estudios periciales, todos heredados de la administración pasada, y para el abatimiento de estos, un convenio de colaboración con el Instituto Estatal de Ciencias Penales del Estado de Sinaloa se firmó el lunes 19.

Sin embargo, con todo y los trabajos realizados, el lograr bajar el índice de rezago en los casos llevaría alrededor de dos años de trabajo, según explicó el propio presidente de la Junta. Son 6 mil 402 heredados de 2016 y los juicios continúan sumando.