La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JCLA) y el Instituto Estatal de Ciencias Penales del Estado de Sinaloa (INECIPE) firmaron este mediodía un convenio de colaboración, con el cual pretenden destrabar juicios laborales “heredados” de anteriores administraciones.
El convenio se signó en las instalaciones de la JCLA, en donde Jaime Hariz Piña, presidente de la Junta, y el director general del INECIPE, Joel Quiñónez Reyna, coincidieron en unir esfuerzos para sacar adelante los más de mil 89 casos pendientes, tan sólo en contra de Organismos Públicos Descentralizados Locales (OPDL) con corte al 30 de noviembre.
“La estadística judicial o el rezago institucional heredado o creado, no es interesante. Me quiero referir a esto de manera muy destacada, el hecho de que nosotros hubiésemos llegado el primero de enero y que hubiésemos heredado en su caso un rezago, o bien que a partir de nuestra llegada se haya creado un rezago, ello no es interesante, no es tan relevante como el tratar de procurar este tipo de auxilio, de procurar este auxilio”, explicó en su intervención el presidente de la Junta, Jaime Hariz.
“Lo que en realidad merece atención urgente es que se destraben los procedimientos judiciales que se encuentran rezagados por cualquiera de estos motivos, ya sea que los hubiésemos heredados o que nosotros mismos los estemos creando, lo interesante es que encontremos una solución para que no se entorpezca el buen desarrollo de un proceso judicial”, añadió.
La colaboración ente las instituciones va en el sentido de proveer de herramientas y peritos por parte del INECIPE a la JLCA, siempre y cuando estos estén dentro de sus facultades y no intervengan con su quehacer institucional, según explicó Joel Quiñónez.
“Por supuesto que entendemos la gran responsabilidad que esto implica y estamos seguros que con el personal que tenemos podemos ayudar a agilizar esos expedientes que sé de manera oficial están esperando ser atendidos”, dijo.
La administración anterior de la Junta, encabezada por Fausto Rubén Ibarra Célis, dejó rezagos importantes en casos de los Servicios de la Salud de Sinaloa que suman alrededor de 240, junto con más de 60 expedientes de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa (SEPDES).