Falta desafuero, declaración pública  3 de 3, protección a denunciantes, refuerzo a fiscalización, revocación de mandato…

Aunque, en lo general, todos los grupos parlamentarios “plancharon” el voto unánime para aprobar la creación del Sistema Local Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa,  en lo particular, discreparon los partidos Acción Nacional (PAN), Sinaloense (PAS) y de la Revolución Democrática (PRD). Esto, debido a que no se contempló la obligatoriedad de que la declaración tres de tres fuese pública, ni se aparejó la eliminación del fuero a servidores públicos, no se reforzó la fiscalización a municipios y tampoco se legisló a favor de la revocación de mandato.

Amparados en la supremacía de la Constitución federal sobre leyes locales, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) usó su voto mayoritario para impedir se aprobara la obligación de que los funcionarios públicos  hicieran públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses.

A la hora de la votación, en bloque, los diputados del PAN, PAS, PRD, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y uno del Partido del Trabajo (PANAL), emitieron su voto a favor de que fuese obligatoria la difusión de la declaración tres de tres,  pero la suma de 16 sufragios no fue suficiente para superar los 21 votos que emitió el grupo priista.

Tras la votación, el diputado panista Juan Pablo Yamuni refrendó que él y sus compañeros de bancada estaban convencidos que la declaración tres de tres fuese abierta, pero protegiendo los datos personales como señala la Ley de Transparencia.

“De nada sirve que el ciudadano sepa que presentamos la tres de tres si no conoce el detalle de nuestro patrimonio y de la evolución que ha tenido nuestro patrimonio. Esto que estamos defendiendo surge de un derecho ciudadano que tiene la gente a conocer lo que los funcionarios públicos tenemos y cómo va evolucionando”, abundó el líder de la bancada del PAN, Carlos Castaños.

De acuerdo al nuevo marco legal que entrará en vigor la misma fecha que lo haga la Ley General de Responsabilidades Administrativas, incluye obligatoriedad de presentar la declaración tres de tres, pero deja a la voluntad del funcionario público hacerla pública.

Un día después de aprobarse el Sistema Local Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, Irma Tirado Sandoval, defendió que el marco jurídico quedó completo y eficaz para atacar frontalmente el serio problema de impunidad.

Consideró que por buena fe o intereses políticos se ha buscado incorporar elementos ajenos al sistema, los cuales abrirían las puertas a posibles juicios de inconstitucionalidad y se darían al traste a los avances alcanzados.

Los promotores de este debate de la 3 de 3 saben que no se puede legislar contra lo que establecen las leyes en la materia, por eso se habla de armonizar, aseguró.

La líder de la bancada del PRI sostuvo además  que en realidad se trata de un ruido mediático en un tema donde el interés partidista no debiera contaminar el esfuerzo con la generación de debates artificiales.

A la fecha, en ninguna entidad se ha legislado para que sea obligatoria la difusión de la declaración tres de tres.

Eliminación de fuero, pendiente

“El Sistema Estatal Anticorrupción está siendo bien diseñado en Sinaloa, sin embargo, si no le acompaña con la eliminación del fuero está sistema va a estar incompleto”, sostuvo el diputado Carlos Castaños, luego que se aprobara la nueva legislación.

Desde la anterior legislatura, al calor de la aprobación del Congreso del Estado de Jalisco, para eliminar el fuero, se presentaron en Poder Legislativo de Sinaloa, iniciativas similares por parte de las bancadas del PAS, PAN y PRD. El tema no fue agendado para su discusión y quedó en la “congeladora legislativa”.

Durante la actual legislatura, el PAS refrendó su iniciativa sobre el desafuero y el PAN presentó una nueva para buscar eliminarla a los funcionarios públicos.

El coordinador del grupo panista calificó que la propuesta presentada por la líder de la bancada del PRI es una “iniciativa parapetada” que establece que tendría que entrar en vigor en la próxima legislatura.

“Yo creo que debemos urgentemente procesar este tema y que entre en vigor lo antes posible”, subraya.

Con un Sistema Estatal Anticorrupción, completo y robusto, y además la eliminación del fuero, se daría un paso significativo, porque no habría protección a los funcionarios públicos que deberán entrar al proceso de sanción, opinó el panista.

En las iniciativas presentadas, tanto el PAS como el PAN manifiestan en su exposición de motivos que el fuero o inmunidad de los servidores públicos se ha convertido en una figura jurídica que violenta el principio de igualdad.

No puede haber, señala en su iniciativa el PAS, dos tipos de ciudadanos, a los que se les pueda establecer un proceso penal y otros, a quienes para poder proceder penalmente en su contra, se debe pasar por un filtro para actuar en consecuencia, es una clara discordancia constitucional que trastoca el sistema de justicia.

En la semana anterior, el pleno dio la primera lectura a la iniciativa que presentó la diputada del PRI, Irma Tirado sobre la eliminación del fuero.

La también presidenta de la JUCOPO reconoció que el tema dela eliminación del fuero es una exigencia de la sociedad actual.

Recordó que el fuero es una inmunidad constitucional que socialmente se ha entendido de manera equivocada, porque se interpreta como necesariamente los funcionarios no tienen que responder jurídicamente a la ley.

Precisó que el fuero se denomina bajo tres circunstancias, las cuales son por responsabilidad política, administrativa y penal. Su iniciativa va orientada en torno a la responsabilidad penal para que ante esta situación no se tenga que aplicar el desafuero, sino que el funcionario tenga que responder de manera inmediata, en tanto que en responsabilidad administrativa bajo ninguna circunstancia el fuero da inmunidad.

Fiscalización a municipios

A nombre del PAS, la diputada Alba Virgen Montes propuso agregar la fiscalización de los municipios dentro del Sistema Estatal Anticorrupción.

Argumentó que la fiscalización de los municipios no se incluyó en la legislación local, por lo que pidió se incluyera un sistema junto con la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Transparencia para vigilar que los recursos públicos se apliquen para lo acordado.

“Si vamos a combatir la corrupción, la tenemos que combatir también desde los municipios”, subrayó.

La generación de un sistema estatal de fiscalización daría respuesta a las demandas de la sociedad para realizar una labor efectiva de la vigilancia de la aplicación de los recursos públicos que se manejan en el Estado y los municipios.

El sistema estatal de fiscalización propuesto por el PAS estaría integrado por  la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del control interno, los órganos encargados del control interno de los organismos autónomos y los municipios, los cuales se reunirían para vigilar el seguimiento de los objetivos y acciones planteadas en el Sistema Local Anticorrupción, así como el establecimiento de sanciones

La reserva a los artículos 36, 37 y 38 referido a los sistemas municipales dentro de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción no prosperó porque fue rechazado por el voto del Grupo Parlamentario del PRI, quien cuenta con el voto mayoritario.

El PAS también reiteró su interés por legislar a favor de la revocación de mandato para que la ciudadanía pueda concluir anticipadamente la gestión de un funcionario que no cumple.

Pese a que ninguna de las reservas de los artículos del Sistema Estatal Anticorrupción prosperó, el diputado del PRI Marco Antonio Osuna, aseguró que la nueva legislación cerrará la puerta a la corrupción y cuidará la mano a los malos gobiernos.

“No podemos hacer más de lo que nos permite la ley. Combatir la ilegalidad con ilegalidad. Hay preceptos constitucionales que están sobre cualquier ocurrencia”, insistió en tribuna.