El problema es la ubicación

En tanto que el académico se pronunció en favor de la construcción de la planta de amoniaco en la bahía de Ohuira-Topolobampo-Santa María, protegida contra daños ambientales (sitio Ramsar) por la industria en una convención internacional, el ex diputado federal Gerardo Peña Avilés lo encaró al precisar que con ese proyecto, el Gobierno del Estado de Sinaloa pasó sobre leyes y hasta cínicamente permitió la escrituración de terrenos federales que son parte de la zona reservada a manglares.

Ambos rechazaron polemizar ante alumnos de la Universidad de Occidente en Los Mochis, pero el ex legislador le aclaró al académico puntos del proyecto que dijo desconocer al momento de elaborar la ponencia El Dilema de la planta de amoniaco, con que se realizaba una jornada más de presentaciones de los miembros del Colegio de Sinaloa.

Páez Osuna dijo que la planta de amoniaco y no de fertilizantes, como erróneamente se ventila en los medios de comunicación masivos ha sido satanizada. “Yo sí la quisiera, en Sinaloa, en México, aunque no debiera estar en un sitio Ramsar, porque si aspiramos a la soberanía alimentaria debemos producir más del 75 por ciento  de los alimentos que consumen los mexicanos, y eso se logrará con fertilizantes nitrogenados, cuya base es el amoniaco”.

No obstante su visto bueno a la planta de amoniaco, el académico aceptó que el impacto por emisiones contaminantes al medio ambiente, a la economía y a la sociedad es un misterio. “No los conozco, porque el proyecto también es un misterio, porque los que lo promueven no lo revelan con claridad. Además, el riesgo de que incumplan con las medidas mitigantes al sitio Ramsar es latente y hay temor de que las incumplan.

“Económicamente no se ve el impacto, 140 empleos directos son muy pocos y prácticamente nada, aunque podrían generar impuestos federales, estatales o municipales. La producción es también un secreto y no se sabe su destino, y mucho menos cómo se va a realizar la producción”.

Aceptó que el riesgo de una falla catastrófica que genere una explosión, fuga o emisiones de gases tóxicos al medio ambiente que podían llegar a la ciudad o comunidades aledañas, es innegable.

Aceptó que producir amoniaco trae efectos al sitio, puesto que la planta necesita tres cosas para operar: gas natural, aire y agua para el enfriamiento. “Ciertamente, el sitio se va a afectar”.

Dijo desconocer los efectos de una planta de amoniaco en la bahía porque no hay ejemplo de ello en el país, dado que existen dos plantas en México y la tercera es ésta, que se proyecta en la bahía local.

No obstante, consideró que con base a los estudios científicos realizados en bahías en donde operan plantas termoeléctricas se ha encontrado afectaciones en humedales por agua sobrecalentada y de sobresalinidad, lo que afecta la reproductividad marina.

En la bahía se tendrían en riesgo 90 especies de algas, dos naturales; cuatro especies de manglares en más de 31 mil hectáreas, 109 especies de peces, post larva de camarón café, blanco, azul y rojo que afectarían a 700 pescadores  que operan 350 pangas, más 66 barcos que producen unas seis mil toneladas de alimentos del mar.

La afectación podría ser una merma en la captura de 11.9 toneladas a 41.3 toneladas por año, calculó.

Los manglares funcionan como trampas contaminantes de metales pesados como cadmio, cobre, mercurio y plomo, nitrógeno y fósforo, así como retenedores de bióxido de carbono. “Las  implicaciones de ello no se conoce”.

Páez Osuna dijo que de construirse la planta de amoniaco se deben edificar medidas de mitigación como tanques o torres de enfriamiento, estaciones de monitoreo de gases; repoblación de 250 hectáreas de manglares y crear grupos de centinelas, entre otras medidas.

Y concluyó aceptando que la planta de fertilizantes no debería construirse en un sitio Ramsar, aunque existan medidas de mitigación de impacto.

Gerardo Peña Avilés, diputado federal y ex Secretario de la Comisión de Medio Ambiente reiteró que la ubicación del proyecto es un error derivado del interés  gubernamental que permitió violentar todas las leyes, y que por ello dos tribunales han fallado en contra del proyecto.

“Cometieron siete delitos ambientales; se robaron la bahía y cínicamente la escrituraron”.

Peña Avilés dijo que el problema no es la planta, sino la ubicación y la imposición de la misma a una sociedad que no tuvo defensa ante un gobierno que la engañó.