viernes, diciembre 3, 2021
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  • Dias de Impunidad

Compañeros de Miguel Ángel Camacho sospechan venganza por denuncia de corrupción

 

MIGUEL ÁNGEL CAMACHO.
MIGUEL ÁNGEL CAMACHO.

 A casi tres meses del crimen aun sin resolver del doctor Jesús Silva Martínez, Jefe de Enfermeros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la comunidad médica del sur de Sinaloa volvió a ser enlutada por los sicarios.

El Jefe de Enfermeros del Hospital de Zona 3 del IMSS, fue asesinado el 26 de febrero de 2017, y apenas el pasado 15 de mayo, familiares, colegas y amigos realizaron una manifestación para exigir el esclarecimiento del homicidio.

“Que no quede impune”, clamaban los manifestantes que exigían justicia al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel y a su vicefiscal de la Zona Sur, Cruz Alejandro Flores Salazar.

 

El homicidio

 

El crimen del doctor Miguel  Ángel Camacho Zamudio, hizo que la sombra de la denuncia que interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR) por robo de medicamento, regresara a los pasillos del hospital del Issste.

Según registros periodísticos, en abril de 2016, las investigaciones de la PGR habían conducido a la detención de un trabajador de farmacia que tenía acceso al medicamento controlado y que presuntamente comerciaba ilegalmente desde hacía una década.

En octubre de 2016, hubo quienes conjeturaban conexión con lo investigado por la PGR, cuando fueron privados ilegalmente de su libertad dos personas identificadas como Pedro Antonio y su hermana Alicia Ibeth, trabajadores del área de cocina e intendencia en la clínica del ISSSTE de Mazatlán.

Los cadáveres de ambas personas fueron encontrados con visibles huellas de tortura a la orilla de la Carretera Internacional 15, en el tramo Mazatlán-Culiacán, en los kilómetros 41+300 contiguo al entronque del poblado El Moral, perteneciente a la sindicatura de El Quelite; y en el kilómetro 46+300, en las inmediaciones de la Tepozama, San Ignacio.

Con el asesinato del doctor Miguel Ángel Camacho Zamudio, perpetrado el miércoles 24 de mayo, aproximadamente a las 8:00 horas, frente a la clínica hospital ISSSTE, la violencia criminal volvió a dar otro zarpazo a la sociedad.

Según un testigo, el director del ISSSTE acababa de descender de una camioneta  y cuando cruzaba el camellón hacia el hospital, ante la presencia de transeúntes y comerciantes afuera de la unidad en el Fovissste Playa Azul, el conductor de un vehículo gris en movimiento le disparó por la espalda.

El balazo disparado por el homicida había alcanzado el corazón y un pulmón del médico, quien fue llevado de brazos y piernas hacia el nosocomio e ingresado de emergencia al quirófano, donde los doctores luchaban por salvarlo.

Pero debido a la gravedad de sus heridas ocasionadas por la bala, la muerte les ganó la batalla a los colegas de Camacho Zamudio, en el quirófano del hospicio.

En el hospital donde habitan el sufrimiento, la enfermedad y a veces la muerte de los pacientes, se sumó el dolor, la indignación y la impotencia de amigos y colegas del finado, quienes de inmediato exigieron justicia por el artero crimen.

 

Desplazados

 

En ese escenario de muerte, el 24 de mayo, la Comisión en Defensa de los Derechos Humanos en Mazatlán, con base en el artículo Octavo de la Constitución Federal, solicitó apoyo al comandante de la Tercera Región Militar, para que brinde seguridad de traslado de 16 habitantes del rancho La Palma, San Ignacio, que desplazadas por la violencia desean refugiarse en el puerto.

En el escrito entregado a los militares se afirma que dos personas originarias de un poblado contiguo a Mazatlán, recibieron una llamada de auxilio por teléfono de los damnificados y los destinatarios acudieron a dicha Comisión de Derechos Humanos.

“Llegaron un grupo de personas a este ranchito La Palma y a los habitantes del lugar los despojaron de sus bienes y de sus alimentos y no los dejan que abandonen el lugar”, precisa la denuncia.

Agregan los damnificados que el grupo de personas que los despojaron de bienes y alimentos, los tienen amenazados en La Palma, San Ignacio.

“Les dijeron que si no abandonaban el ranchito iban a empezar a privar de la vida a los niños primeramente y posteriormente a la gente más grande”, aseguran.

“Es por eso que venimos solicitando su apoyo y ayuda para sacarlos del lugar, ya que temen ser privados de su vida y la de sus hijos”, añade el ombudsman, quien también entregó la denuncia al comandante de la Cuarta Zona Naval de Mazatlán.

 

El otro crimen

 

El desplazamiento de las 16 personas del poblado La Palma, San Ignacio, por un grupo armado fue una acción tan criminal como la tala de 10 arbolitos en la plazuela Antonio Machado.

Mientras la violencia en la zona serrana de San Ignacio desarraigaba como plantas de su tierra a niños, adolescentes y adultos, en el centro histórico, los destructores de sendas constructoras tronchaban impunemente los ficus.

Algunos vecinos indignados y enlutados con veladoras encendidas velaron los troncos y las ramazones de los ficus derribados, el mismo día que al doctor Miguel Ángel Camacho Zamudio, una bala asesina le cortó la vida de un tajo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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