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Combate a la corrupción, sólo en el discurso

 

 

   QUIRINO ORDAZ. Primer promesa incumplida.
QUIRINO ORDAZ. Primer promesa incumplida.

Sin vigencia la reforma que obliga a funcionarios hacer pública su declaración patrimonial, fiscal y de intereses

 

 

 

A casi seis meses de haber iniciado el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, ninguno de sus funcionarios de primer y segundo nivel ha presentado la declaración 3de3, tal como lo comprometió el gobernador al rendir protesta el 31 de diciembre.

Además, el 90 por ciento de los funcionarios públicos nombrados por Ordaz Coppel han reservado su declaración patrimonial, con carácter privado, es decir, ningún ciudadano podrá conocer el valor de sus propiedades.

La obligación de entregar la 3de3 que incluye la declaración patrimonial, fiscal y de  intereses fue prometida por Ordaz Coppel desde que era candidato a gobernador. Una vez que rindió protesta ante el Congreso de Sinaloa, el mandatario dijo que enviaría un paquete de iniciativas, entre ellas la reforma constitucional para obligar a los servidores públicos a presentar su 3de3.

“Una gran exigencia ciudadana a los gobiernos hoy en día, y con toda la razón, es que exista una absoluta transparencia y un decidido combate a la corrupción, para enfrentar este reto el próximo lunes presentaré la iniciativa de reforma constitucional. En esta iniciativa se establece la obligación de los funcionarios de presentar su declaración Tres de Tres”, dijo el 31 de diciembre.

Un mes después, el 7 de febrero de este año, la reforma al artículo 130 constitucional se aprobó en el Congreso del Estado pero hasta el momento, la obligación para los servidores públicos no ha entrado en vigor.

 

Solicitud negada

Considerando que la reforma a la Constitución Política de Sinaloa fue aprobada el 7 de febrero pasado, a principios de mayo se solicitó a través del Sistema Infomex para el acceso a la información pública las declaraciones fiscal y de intereses de cada uno de los integrantes del gabinete estatal.

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno de Sinaloa respondió que hasta el momento ningún funcionario ha elaborado estas dos declaraciones, debido a que “no es obligatorio”.

“No es posible otorgarle la información que usted solicita… No es obligatorio para los servidores públicos del Estado de Sinaloa presentar su declaración de intereses y/o declaración fiscal y hasta el momento ninguno lo ha hecho”, detalla la respuesta proporcionada.

Una semana antes, se solicitó a través de la misma vía, las declaraciones patrimoniales de los integrantes del Gabinete de Ordaz Coppel, las cuales sí están establecidas como obligatorias en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Sin embargo, siete de los integrantes de su gabinete se negaron a hacerlas públicas.

Entre ellos, Javier Lizárraga Mercado, secretario de Desarrollo Económico; Alfredo Román Messina, secretario de Salud; Juan Enrique Habberman Gastélum, secretario de Agricultura y Martha Cecilia Robles Montijo, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

Tampoco quisieron transparentar su patrimonio el secretario de Educación, Enrique Villa Rivera; el secretario de Seguridad Pública, Genaro Robles Casillas, y el Coordinador de Proyectos Estratégicos, Francisco Córdova Celaya.

 

Los transitorios de la reforma

Aunque Ordaz Coppel presume en entrevistas con medios nacionales que sus reformas han elevado los castigos a servidores públicos, que ha dotado de mayores facultades a la Auditoría Superior del Estado y que su gabinete presentará el 3de3, la realidad es que ninguna de esas nuevas disposiciones ha entrado aún en vigor.

Y es que los artículos transitorios del decreto para la reforma constitucional, aprobado el 7 de febrero, dan un plazo de 90 días para que se cree la ley que instituya el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, mientras que no exista esa ley, los artículos modificados no entrarán en vigor.

“En tanto se expiden y reforman las leyes a las que se refiere el Tercero Transitorio (Ley del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción) continuará aplicándose la legislación en materia de responsabilidades administrativas y de fiscalización y control de recursos públicos”, señala el transitorio séptimo del decreto de reforma.

Mientras tanto, la única obligación que tienen los servidores públicos del gobierno Estatal es la presentación de la declaración patrimonial, la cual ha sido presentada por tres mil 312 servidores públicos de un total de cinco mil 720. Del total que sí la presentó, un 90 por ciento se negó a hacerla pública.

“La honestidad será nuestra bandera Si alguien tiene el objetivo de enriquecerse trabajando en mi gobierno, que renuncie de una vez. Aquí, en mi equipo, solo son bienvenidas las personas honestas y eficientes. También les recuerdo que la ciudadanía nos quiere cercanos, sencillos y no prepotentes. La sociedad nos estará vigilando”, dijo Ordaz Coppel el 31 de diciembre al rendir protesta como gobernador.

 

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