La titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Félix Rivera, aseguró que están a la espera de la resolución que emita la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del gobierno estatal sobre la aplicación de los procedimientos de responsabilidad administrativa contra los funcionarios de Mario López Valdez.
Explicó los pasivos sin fuente de pago y las retenciones no enteradas motivaron la suspensión de la cuenta pública del gobierno estatal del primer semestre de 2016, en el informe de resultados de la auditoría y fueron catalogados como procedimientos de responsabilidad administrativa.
En conferencia de prensa, se le recordó a la auditora que tanto las retenciones como los pasivos si fuente de pago fueron cuestionados por los diputados por no haber sido considerados como faltas graves, pero expuso que dado a que la auditoría los emitió como procedimientos administativos, así será el tratamiento que se les dará.
Precisó que derivado de la auditoría aplicada al primer semestre de 2016 a las cuentas públicas del gobierno estatal y los 18 municipios, la ASE está a la espera de las resoluciones que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, y en los gobiernos municipales de las contralorías a través de los síndicos procuradores.
Indicó que se presentaron mas de 100 pliegos de observaciones para el gobierno estatal y municipios, y se promovieron más de 600 procedimientos de responsabilidad administrativa.
Mencionó que en el caso de pliegos de observaciones si sin solventados se emitirá el finiquito corespondiente, en caso contrario daría lugar a un procedimiento que busca restituir el monto por parte del servidor público que cometió la irregularidad, no la institución.
En el caso de las 93 denuncias penales que presentó en el pasado la ASE que se encuentra en la Fiscalía General del Estado, aseguró la auditora solicitó un informe sobre el avance de los expedientes, pero no ha recibido respuesta al momento.
Adelantó que dentro los nuevos procedimientos que aplicará la ASE será actuar de inmediato en cuanto se detecte una irregularidad en el uso de recursos por parte de servidores públicos.
