La Procuraduría del Estado busca cadáveres, no responsables
La desaparición de personas es un delito que no se castiga en Sinaloa.
Quienes privan de la libertad gozan de impunidad, pues la consignación de expedientes ante los jueces en los últimos seis años apenas alcanza el 1 por ciento.
El año pasado, de 867 casos, solo llegaron a los juzgados siete.
Entre 2011 y 2016 reportaron la desaparición de 5 mil 195 personas, pero solo se castigó a los responsables de 72 casos.
En ese periodo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo a 113 personas involucradas en esas desapariciones.
En el Gobierno de Mario López Valdez –que concluyó en diciembre pasado- aumentaron las desapariciones y bajaron las consignaciones.
En el sexenio de Jesús Alberto Aguilar Padilla (2005-2010), desaparecieron mil 589 personas y se consignaron 100 expedientes.
De acuerdo con datos de la fiscalía, del total de personas reportadas como desaparecidas o privadas de la libertad no localizadas o ausentes, con López Valdez, 2 mil 738 fueron encontradas con vida.
El 10 por ciento, que corresponde a 526 personas, fueron halladas muertas y mil 932 continúan desaparecidas.
Tan solo entre el 1 de enero de este año y el 4 de marzo, se iniciaron investigaciones por la desaparición de 125 personas, de las cuales seis fueron localizadas muertas, 30 con vida y 89 siguen desaparecidas.
La Procuraduría General de Justicia del Estado asegura que ha fortalecido el área de investigación de desapariciones, pero solo para buscar cadáveres y no para detener a los presuntos responsables.
La PGJE no está estática: Robles
Para el Subprocurador General de Justicia del Estado, Martín Robles Armenta, la fiscalía estatal hace su máximo esfuerzo para localizar a las personas desaparecidas y llevar ante los tribunales a los responsables.
Reconoció que es necesario fortalecer las áreas de la PGJE destinadas a la investigación de desapariciones.
Recientemente, indicó, se integraron 10 agentes a las unidades especiales en investigación de desapariciones de las zonas centro, norte y sur.
Reconoció que en ocasiones los responsables son detenidos por otros delitos y en transcurso de la investigación les resulta su participación en el delito de desaparición.
“La Procuraduría no permanece estática, no permanece apartada de esta realidad, en este delito hay servidores públicos detenidos; no hemos dejado de interactuar a través de organismos de personas que se dedican a esto; la Procuraduría se incorporó a través de la Tercera Brigada Nacional de Búsqueda donde participó y se hicieron localizaciones”, indicó.
Comentó que desde 2014 la cifra de desaparecidos se mantiene sin alza después de alcanzar un repunte en 2013 con mil 86 casos.
Después de esa fecha se han presentado entre 865 y 867 casos por año.
Robles Armenta aseguró que la desaparición de personas es un problema multifactorial.
“En muchos de los casos tienen que ver con homicidios doloso, los privan de la libertad para posteriormente privarlos de la vida y muchos de los casos tiene que ver también con situaciones que se dan entre grupos o bandas de delincuentes rivales, en los cuales los privan de la libertad porque se tiene información, se tiene algún tipo de venganza, en algunos de los casos, no en la mayoría”.
Muchas veces, agregó, “las personas que no tienen nada que ver con el problema de la delincuencia organizada también son privados de la libertad porque van entre un amigo entre una persona y lamentablemente pasa esto o con información que tienen los grupos de delincuentes donde presumiblemente alguien tiene que ver con algún interés para con ese grupo, tienen información y realmente la persona no tiene nada que ver”.
Señaló que en cinco casos, los responsables de las desapariciones fueron elementos de corporaciones policiales.
Por esas desapariciones, hay ocho elementos de policía sujetos a investigación en las zonas norte y sur, algunos de ellos ya detenidos y en proceso penal.
Hasta la fecha ninguno de ellos ha recibido sentencia definitiva, explicó.
Aseguró que en los últimos años la fiscalía ha fortalecido el equipo tecnológico para buscar a los desaparecidos, pero para buscarlos muertos.
El año pasado, se instaló el laboratorio de genética forense con una inversión de entre 24 y 25 millones de pesos y desde entonces se han identificado lo restos de 114 personas que cuando fueron halladas no fue posible establecer su identidad por las condiciones en que se encontraban.
Además, indicó, están trabajando con los grupos de madres con hijos desaparecidos Las Rastreadoras en el norte del estado y Voces Unidas por la Vida en el Centro, con un equipo sonar que sirve para localizar restos óseos sepultados hasta tres metros de profundidad.
En un diagnóstico realizado por Robles Armenta y presentado ante los miembros del Consejo Estatal de Seguridad Pública, reconoce que mientras el delito crece, el número de consignaciones baja.
“Se advierte que durante el año 2005 se registraron 130 privaciones contra 543 registradas durante el año 2010, cuya tendencia así continuó, pues del año 2011 al 2016 las privaciones de libertad continuaron aumentando con cifras anuales que van de los 650 a 867 casos respectivos.
“Si bien es cierto, afortunadamente se tiene un promedio general de un 50 por ciento de personas localizadas con vida, también lo es que del resto no ha sido localizado, lamentablemente solo se encuentran de un nueve a un diez por ciento de las personas desaparecidas sin vida, y su esclarecimiento anual también su tendencia es a la baja pues oscila de 27 casos del año 2005 a siete casos del año 2016, consignados”, señaló.
En el diagnóstico el subprocurador menciona que los familiares de personas desparecidas se encuentran en una situación compleja y demandan recibir atención oportuna y necesaria para la búsqueda y localización de sus familiares, así como que la autoridad lleve a cabo las investigaciones que en su caso sirvan para sancionar a los responsables.
