La iniciativa enviada al Congreso, primer paso en la reestructura legal que exige el Sistema Nacional Anticorrupción

En su tercer día de gobierno, Quirino Ordaz Coppel cumplió lo que prometió en su primer discurso, aunque esta promesa en realidad se trata sólo de una homologación a la que las entidades están obligadas, luego de la reforma constitucional de 2015 que creó el Sistema Nacional Anticorrupción.

En apego a esa homologación, el pasado martes 3 de enero, Ordaz Coppel presentó una iniciativa de reforma constitucional que crea los Sistemas Estatal y Municipal Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y un órgano interno de control en el Instituto Electoral del Estado.

Además, la reforma plantea modificaciones al proceso de fiscalización de recursos que realiza la Auditoría Superior del Estado y los tiempos en que se presentan los informes ante el Congreso y éste aprueba las cuentas públicas.

Como parte del ordenamiento que se deriva de la reforma a la constitución federal, la reforma  constitucional enviada por Ordaz Coppel obliga a los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal ante las autoridades competentes.

Pero no acaba ahí. El trabajo legislativo que viene luego de la reforma constitucional es amplio y deberá estar listo en un plazo no mayor a tres meses, de acuerdo con lo que establece la ley.

¿De qué trata la reforma?

El eje rector de la reforma es la creación de los Sistemas Estatal y Municipal Anticorrupción, los cuales tienen como objetivo la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y  control de recursos públicos.

Según plantea la iniciativa, el sistema cuenta con un comité coordinador integrado por los titulares de la ASE, la Fiscalía de Combate a la Corrupción, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, presidente de la CEAIP y un represente del Supremo Tribunal de Justicia y del Comité de Participación Ciudadana.

El comité de Participación Ciudadana presidirá la coordinación del Sistema y estará integrado por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción. Sin embargo, la iniciativa no especifica cómo serán designados.

Como coadyuvante del Sistema, la reforma crea el Tribunal de Justicia Administrativa, un órgano autónomo que será encargado de dirimir controversias que se susciten en la administración pública estatal, municipal y de particulares.

El Tribunal también recibirá y resolverá los procedimientos sancionatorios contra servidores públicos que ordene la Auditoría Superior del Estado.

De acuerdo a la iniciativa mandada por Ordaz Coppel, el Tribunal contará con una sala superior integrada por tres magistrados y salas regionales unitarias.

Los titulares de las magistraturas y de las salas regionales serán electos de una terna propuesta por el gobernador y votada por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso local.

El Tribunal operará con los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales con los que cuenta actualmente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Sinaloa, el cual desaparecerá una vez que entre en vigor la ley que instituye el Tribunal de Justicia Administrativa.

Para atender los delitos relacionados con la corrupción, la iniciativa de reforma crea la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual tendrá un nivel de subprocuraduría.

El fiscal será designado por el Ejecutivo con la ratificación del Congreso y los agentes del ministerio público serán nombrados y removidos libremente por el Fiscal General de Justicia del Estado.

Cambios en la ASE

La reforma trae cambios significativos en los procesos de la Auditoría Superior del Estado, entre ellos la revisión de las cuentas públicas que pasaría de ser semestral a anual y la ampliación de los plazos para su revisión.

Según la reforma propuesta, la Cuenta Pública se deberá presentar a más tardar el 30 de abril del año siguiente al ejercicio fiscal que será revisado y se abre la posibilidad de que el gobernador pueda ampliar el plazo de presentación, mediante una solicitud justificada, hasta por treinta días adicionales.  Sin embargo, cabe señalar que la iniciativa de reforma no detalla cuáles son las razones para justificar la ampliación del plazo.

Una vez presentada, la ASE tendrá hasta el 20 de febrero del año siguiente a la presentación para entregar al Congreso un informe general e informes individuales de las entidades fiscalizadas y los municipios. En un plazo no mayor a 30 días, el Auditor deberá comparecer ante el pleno del Congreso para detallar los informes.

Luego de recibir los informes, el Congreso tendrá hasta el 30 de octubre de ese año para concluir la revisión de la Cuenta Pública.

Otro cambio importante es que una vez aprobada la reforma, la ASE podrá promover las responsabilidad administrativas ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.

Además, todos los informes de fiscalización que elaboré la ASE serán de carácter público.

La iniciativa de reforma señala que el primer día hábil posterior al inicio de cada periodo ordinario en el Congreso del Estado, la ASE tendrá que entregar un informe del estado que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, el informe será público y deberá contener los montos resarcidos a la hacienda pública, las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal de Justicia.

Un 3 de 3 a modo

Al igual que como se hizo a nivel federal, el 3 de 3 en Sinaloa también será a modo, pues la iniciativa enviada por Ordaz Coppel se limita a pedir la declaración patrimonial, de intereses y fiscal a todos sus servidores públicos, pero no los obliga a que estas declaraciones sean públicas.

¿Qué es lo que sigue en la ruta contra la corrupción?

Según los transitorios de la iniciativa, una vez que se aprueben las reformas a la constitución, el Congreso de Sinaloa estará obligado en un plazo de 60 días a expedir la Ley del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, Ley del Tribunal de Justicia Administrativa, Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Además se deberán realizar adecuaciones al Reglamento Orgánico de la Administración Pública de Sinaloa y reglamentos internos.

En el documento “La Ruta de la Implementación del Sistema Nacional Anticorrupción”, elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad y la organización Civil Transparencia Mexicana, se urge a tener especial vigilancia en los riesgos que podría traer la homologación del Sistema Nacional en las entidades.

Entre ellos, los procesos legislativos acelerados que sólo pretendan sumar puntos políticos en lugar de crear sistemas integrales y eficaces. Para lograrlo, las organizaciones civiles proponen vigilar de cerca las nuevas leyes y exigir que se fortalezcan las tres columnas base del Sistema, las cuales son las responsabilidades penales, responsabilidades administrativas y un nuevo régimen de fiscalización.