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Asignación de obras por compadrazgos, “así hemos funcionado los seis años”: José Luis Sevilla

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Desvinculación entre secretarías, falta de proyectos y de planeación, asignación de obras por compadrazgos, “así hemos funcionado los seis años”: José Luis Sevilla

 

 

Proyectos de construcción sin planeación, empresas que ganaban obras públicas vía “telefonazo”, una Unidad de Inversiones del gobierno estatal que conseguía recursos solo con croquis y deficiente supervisión de la calidad de la obra pública, son solo algunas de las revelaciones que hizo José Luis Sevilla Suárez en su reunión con diputados locales.

Desde el inicio de su encuentro con los legisladores, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas expresó que “les hablaría claro”.

El encuentro se produjo dentro de un ciclo de comparecencias con motivo del sexto y último informe de gobierno de Mario López Valdez. No estuvieron todos los diputados que integran el Poder Legislativo, apenas la mitad -22 exactamente-, para escuchar la explicación del funcionario estatal.

No fue un traspié del funcionario. En forma reiterada José Luis Sevilla señaló  que la Unidad de Inversión Pública (UIP), a cargo de José Luis López Montiel, gestionaba recursos sin proyectos, solo con un croquis, de cuyas obras solo se enteraban cuando estaban los convenios firmados o cuando se les sacaba copia a la documentación.

“En lugar de que fuese planeación, proyecto, baja de recursos y obras, aquí, es baja de recursos, obra y ve cómo haces el proyecto. Así hemos funcionado los seis años casi, en todo. No tengo la menor duda en decirlo. No estoy tratando de echar ninguna mentira ni tratando de echar de cabeza a nadie. Así hemos funcionado”.

La  UIP fue creada en la administración de Mario López Valdez al inicio de 2011 como un brazo de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAyF). La exposición de Sevilla Suárez reveló un trabajo de desvinculación total con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUyOP).

Durante el encuentro con los legisladores lamentó lo difícil que ha sido durante este sexenio trabajar con la UIP, la cual bajó recursos sin planeación y sin proyectos.

A lo largo del sexenio de Mario López Valdez no se planeó la obra pública, aseguró. Y fue más allá, al afirmar que desde el sexenio de Francisco Labastida no existe planeación. Puso el ejemplo de los alcaldes que piden el pedacito que les corresponde a ellos, “pero nadie piensa en el bien de Sinaloa”.

Desde su punto de vista la UIP no es mala, sin embargo, lo que no es bueno es que quiera controlar todas las secretarías.

“Por ejemplo yo nunca supe que se iba a construir un CUM (Centro de Usos Múltiples) hasta que se lanzó el crédito, yo nunca supe que se iban a hacer muchas obras que se hicieron hasta que salió el crédito o hasta que me lo mencionaron”.

E insiste que la UIP es buena, pero siempre y cuando no sea algo plenipotenciario que maneje el control de todas las secretarías.

“Es algo que no es saludable para nadie”.

La unidad debe dedicarse a bajar recursos, siempre y cuando éstos estén planeados, insistió.

Al hacer un diagnóstico de la Secretaría dijo que cuenta con 250 trabajadores muy mal pagados con supervisores con sueldos máximos de 8 mil pesos, y en el Departamento de Proyectos gente que gana 4 mil pesos.

En su opinión debiese existir Cocosin para la atención en casos de desastres y para darle mantenimiento a las carreteras, sin pretender pelearse con los constructores locales.

“Saldría más barato, pero tendría que vigilarse con lupa”, manifestó.

Lamentó que a pesar de que de 2011 a 2016 se ha hecho una inversión sobresaliente que alcanzó los 35 mil 056 millones de pesos, pero al no contar con una planeación “ha sido lanzar  dinero como confeti en todo el estado”.

Durante el sexenio, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas no estaba involucrada en la planeación ni con el manejo de recursos, solo con la ejecución, sin tener tampoco la facultad del uso de la chequera de la obra, dijo a los diputados.

A medida que avanzaba en su comparecencia, el funcionario desnudaba cada vez más cómo operaba la política de obra pública en la administración de Mario López Valdez.

Lo que ha prevalecido, señaló, es el ” telefonazo”, a la hora de asignar obras con empresas constructoras a las que no se les verificó que efectivamente tuvieran la experiencia que decían tener o la maquinaria que afirmaban poseer.

“Cuando se abría un concurso rapidito salían los nombres de quienes estaban en primer lugar sin ser revisados y lo que ganaba era el teléfono. Ahí no ganaba el que era bueno o malo, el teléfono. Y al ratito, tenía del otro lado senadores, diputados federales, diputados locales, secretarios, etcétera, etcétera. Todo mundo tiene padrino.

“Con la nueva Ley de Obras Pública se dejará el momento de decisión en una secrecidad para permitir revisar si la empresa es buena, si el constructor dice la verdad, ir a verificar si tiene la maquinaria que dice”.

Muchos abogados tienen sus constructoras, señaló el funcionario estatal al reconocer la calidad de los asociados a la CMIC al menos en el 70 por ciento.

Precisó que gran parte del parque vehicular del área de supervisión de la Secretaría está arrumbado de los años 90.

“Nunca fuimos atendidos”, salvo, dijo, en el crédito se pudo comprar un equipo de cómputo para tener un sistema de supervisión y comprar 10 unidades.

“Teníamos muy poca capacidad para trabajar”.

Anticipó que la obra de la biblioteca Gilberto Owen en Culiacán, la cual  consideró se convirtió en “un monumento a sí mismo” del constructor seleccionado, y el bulevar Rubén Tamayo, no podrán concluirse este sexenio.

Al final de la comparecencia la Comisión de Fiscalización solicitó formalmente la entrega, en un plazo de tres días, un listado de obras pendientes por realizar, ubicación y montos, el desglose de dichas obras, contratos ejecutados y no pagados, así como nombre y razón social de las empresas que tuvieron contratos y el monto total de las mismas durante el sexenio.

El funcionario cerró con felicitaciones de diputados “por su sinceridad” y sostuvo que no aprovechó su puesto para que su empresa, fabricante de block y adoquines, fuese proveedora del gobierno estatal, sino que solamente eran comprados sus productos por otras empresas que ganaban licitaciones del gobierno federal, como fue el caso de la construcción del malecón de Altata, por sus estándares de calidad reconocidos por las normas mexicanas.

Las obras más polémicas

Sobre el estadio de beisbol del equipo de los Tomateros, reconoció que fue una obra polémica. Informó que tuvo contrato inicial de 291 millones de pesos, posteriormente solicitaron una ampliación de 13 millones. Más tarde acudieron los concesionarios del estadio, entre ellos el empresario ya fallecido Juan Manuel Ley, para informar que con 60 millones de pesos se terminaba el estadio y se les dijo que ya no había dinero por parte del gobierno. Los concesionarios habían entonces conseguido con la intervención del presidente Enrique Peña Nieto, 60 millones de la CONADE, y el gobierno estatal proporcionó el financiamiento mientras llegaba el dinero federal. Se pagaron finalmente 364 millones de los 291 inicialmente contratados.

Al finalizarse el estadio llegó a la secretaría un pliego petitorio de cerca de 100 millones de pesos. No le hacemos caso por estar fuera de tiempo, sin embargo el gobernador Mario López Valdez les pidió ante la insistencia del contratista que se hiciera una revisión del adeudo para ver la factibilidad del pago junto con los concesionarios.

Tras la revisión estiman que el adeudo oscila entre 50 y 60 millones de pesos. Actualmente el concesionario tiene dos permisos ante el municipio de Culiacán, una por el derecho del uso del nombre del estadio y otra por el inmueble. Lo propuesta con el cabildo es que la concesión del nombre se derogue por cinco años para que una institución bancaria compre el nombre y a cambio pagaría un monto que sería suficiente para saldar los adeudos.

Cuando recibieron la obra del tiburonario, detectaron que tenía problemas estructurales, no de grietas, ya que se trató de “una obra que se planeó en las rodillas, no había planos, solo bosquejos”.

Había invertido ahí más de 20 millones de pesos y había que sacarlo adelante. Al hacer unos estudios de técnica de suelos nos llevaron a la conclusión que había que hacer una obra de pilotaje para poder soportar la pecera una vez que estuviera cargada. Finalmente será entregada.

 

LAS OTRAS COMPARECENCIAS:

 

ARMANDO VILLAREAL, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Atribuyó la escasez de recursos a los gastos que este año se tuvieron con motivo de la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal que incluye los juicios orales y los procesos electorales.

Para resolver el problema de adeudos con becarios, decidió pagar a los beneficiarios de Becasin por ser niños y adolescentes, y no a los de Becas de Manutención porque los jóvenes podían conseguirse un trabajo.

Las pensiones y jubilaciones son un grave riesgo para las finanzas del gobierno estatal.

No dejará ningún pendiente con la ASE.

No pudo contestar a cuánto ascendía el monto de la nómina que tenía el gobierno estatal.

No pudo pagar aguinaldos y salarios al fin de año porque legalmente no se puede contratar un crédito 90 días antes de concluir la administración. Un crédito hubiese resuelto la situación de emergencia.

Ninguna observación de la ASE ni de la Auditoría de la Federación han estado relacionada con desvío de fondos ni peculado del gobernador, ni del titular de la Secretaria de Administración y Finanzas.

“No soy un nuevo rico”.

Aseguró que no debe un cinco por la construcción del estadio de beisbol de Tomateros.

El gobierno estatal estima heredar pasivos por 8 mil 191 millones de pesos, de los cuales 3 mil 519 pesos serán deudas de corto plazo y 4 mil 672 de largo plazo.

 

GÓMER MONÁRREZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA

Dijo que las Becas de Manutención no pudieron pagarse este año porque, por un error, no se incluyeron los 40 millones que necesitan para pagarlas en la Ley de Egresos y Presupuesto de Ingresos de 2016.

Hay escuelas de educación de 50 y 90 años que ocupan reconstruirse totalmente, no remodelarse.

“No me esconderé debajo de un escritorio”, seguiré gestionando para pagar adeudos a personal del magisterio, telebachillerato y becarios.

 

ERNESTO ECHEVERRÍA AISPURO, SECRETARIO DE SALUD

Canceló su comparecencia porque tenía que viajar a gestionar recursos para pagar la quincena completa del personal del Seguro Popular.

El justificante de la ausencia no lo comunicó el Congreso del Estado, sino el secretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, a través de un oficio, en el que solicitó se reprograme la comparecencia.

 

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