Funcionarios estatales son demandados por empresa agrícola norteamericana por fraude
La empresa norteamericana Andrew and Williamson de México SA de CV (AW) demandó penalmente al actual Secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, junto con el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), Fausto Rubén Ibarra Celis, por delitos cometidos ante la fe pública y/o contra la procuración y administración de justicia y fraude procesal.
La denuncia, recibida el 30 de noviembre de este año en la agencia del Ministerio Público del fuero común especializado en delitos contra la actividad comercial, en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa (PJGE), fue presentada por el abogado de la empresa, Javier Fernando Tarín Robles.
La querella se ratificó hasta el viernes 9 de diciembre, radicándose con Número Único de Caso (NUC) 3715/2016 del índice de la Agencia del Ministerio Publico de lo Penal de Tramitación Común de la PGJE, en un proceso según el abogado Javier Tarín, es muy trompicado.
El recurso legal viene después de que Fausto Ibarra, titular de la JCLA, emitió un laudo a favor de los hermanos José Gonzalo y Carlos Armando y Javier Espinoza Pablos (dos casos por separado), que en conjunto tendrían que recibir por presunto despido injustificado más de 121 millones de pesos.
El origen de la demanda presentada por la empresa norteamericana, es bajo el argumento de que el presidente de la JLCA, supuestamente favoreció, por orden de Gerardo Vargas Landeros, el proceso a favor de los hermanos Espinoza Pablos.
En los expedientes 0/20-06/2013 y 10-1710/2015, ordenó asentar falsamente en el escrito inicial de demanda que ésta fue recibida el 15 de noviembre de 2013, incluso utilizando un sello que no correspondía al sello real de esa fecha, junto a peritajes para demostrar que la demanda no se presentó cuando se indica, y otros relativos a la falsificación de sellos y firmas (Ríodoce 732).
“Desde la presentación de la demanda podemos ver que en ella se plasmó por medio de un sello de la Junta, que se recibió en fecha de 15 de noviembre de 2013, así como un escrito de ofrecimiento de pruebas supervenientes supuestamente recibido ese mismo día, ambos a las 16:00 horas, empero, situación ilógica puesto que sí fueron presentados en el mismo momento como se pretende hacer creer, Gonzalo Espinoza Pablos, no pudo haber ofrecido los documentos que anexó a su demanda y escrito superveniente como medios de prueba cuyo año de expedición lo es el 2014”, explica el abogado Javier Tarín.
Es decir, agregó, “esos documentos anexados fueron expedidos por autoridades de la Secretaría de Economía y la Sagarpa un año después de la supuesta presentación de la demanda en la que se hizo constar que fue recibida en el año 2013, con un sello y firma del encargado de archivo que no corresponde a los sellos y firmas que fueron utilizados realmente en ese año, hecho que también ha quedado de manifiesto”.
En la demanda de la empresa norteamericana se incluye también al subsecretario de gobierno, Bernardo Cárdenas Soto, así como a la secretaria general de la JLCA, Sayda Leticia Corrales Valenzuela, así como a los abogados Martín Juárez Ibarra y Walter Daniel Díaz Castro, junto con José Gonzalo Espinoza Pablos.
Los hermanos Espinoza Pablos y AW se asociaron en 2002 para operar la agrícola Epsa, con un campo agrícola de aproximadamente 126 hectáreas ubicado a 10 kilómetros de Culiacán, pero en 2013 rompieron. José Gonzalo Espinoza, administrador general único; Carlos Armando, quien era encargado de comercialización, y Javier, jefe del área de producción, demandaron a sus ex socios en calidad de trabajadores.
Tras el millonario laudo, la empresa norteamericana, cuya filial en Culiacán lleva el nombre de agrícola El Fénix, corre el riesgo de cerrar y dejar sin empleo a cientos de jornaleros agrícolas y administrativos, quienes el 13 de diciembre se manifestaron frente a la Unidad de Servicios Estatales (USE).
Ahí, un total de 10 camiones provenientes de la agrícola, llegaron a la explanada de la USE, en donde con pancartas y mantas se plantaron durante espacio de más de dos horas. Con información de Daniela Torres de recursos humanos de la empresa, los trabajadores tienen temor que para ejecutar el laudo pierdan sus fuentes de trabajo.
“Tememos, debido a un laudo que giró el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que nos vamos a ver afectados los empleados que tenemos acampados ahí que vienen del sur de país, todo debido a una demanda de los antiguos socios. Ahorita tenemos 500 trabajadores (jornaleros), ellos viven en Santa Elena y además 130 trabajadores más que también se quedarían sin trabajo”, dijo.
En octubre de este año la agrícola fue embargada, y según la explicación de Javier Tarín, este proceso también pudo estar amañado, y ante este hecho existe también una querella con Número Único de Caso (NUC) 3714/2016 del índice de la Agencia del Ministerio Publico de lo Penal de Tramitación Común de la PGJE.
Mientras tanto, trabajadores mantienen su plantón en las afueras de la agrícola El Fénix, y el año, a punto de concluir, podría dejarlos sin empleo y otros incluso sin hogar.
“Se han presentado amparos y denuncias legales por parte de la empresa y del sindicato y que sea, pues que se restituya la posesión a la empresa y a los trabajadores, que más que todo hay viviendas en el predio que se remató donde viven aproximadamente 300, ¿qué va a pasar con ellas, dónde van a quedar, quién les va a pagar? Yo creo que la autoridad está errando en sus decisiones, no nos atiende”, culminó Daniela Torres.
