La obligatoriedad de contar con un registro ante el gobierno del estado viola los derechos individuales de los profesionistas en Sinaloa, consideró Juan Bautista Lizárraga.
“Además de que consideramos que la Ley de Profesiones está violentando el libre ejercicio de la profesión, también consideramos que viola el derecho de igualdad, al dar un trato desigual para aquellos que no podamos tener el registro profesional estatal, en comparación con aquellos que sí lo puedan obtener”, expuso el presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados Capítulo Sinaloa.
Aprobada en septiembre pasado y puesta en vigor a partir de noviembre, la ley también obliga a los grupos colegiados a contar con dicho registro y pagar un monto económico por ello, agregó.
Esta nueva disposición va más allá, indicó, pues establece los lineamientos y estatutos, reglas y condiciones a las que se deberán apegar los cuerpos colegiados para agruparse.
Ejemplificó la duplicidad de trámites recaudatorios que sólo en Sinaloa entran en vigor con esta nueva ley, pues los profesionistas que se han formado fuera de la entidad y cumplen con los requisitos legales para formalizar títulos y cédulas en el estado donde estudiaron de acuerdo al estado donde se formaron, no tienen validez ante las autoridades sinaloenses.
Al día de hoy, agregó, prácticamente todos los cuerpos colegiados y profesionistas que no cuentan con ese registro, están ejerciendo fuera de la ley.
Como abogados, dijo que ya empezaron a ampararse ante la aplicación de esta norma, tanto en lo individual y como colegio de abogados ante los Juzgados de Distrito en Mazatlán y Culiacán, y ya se han acercado contadores públicos en busca de asesoría para llevar a cabo el mismo procedimiento.
Como abogados corresponde a este grupo de profesionistas alzar la voz, dijo, pero el llamado es para que todos los profesionistas que ejerzan un servicio se sumen y pidan el mismo respeto a sus derechos.