Asesinados, desaparecidos, desplazados e inocentes encarcelados, el saldo de la guerra contra el narco
Esperanza tuvo que dejar su casa, su patio, los árboles frondosos y la siembra de traspatio, cuando empezaron los balazos. Llegaron desconocidos a correrla de su comunidad, Ocurahui, en la zona serrana del municipio de Sinaloa, en el enero de 2012, y desde entonces no ha podido regresar a su hogar.
Ella es una de las 35 mil personas desplazadas en la entidad, desde que empezó en la entidad y el resto del país la llamada guerra contra el narco, iniciada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, en el 2006. Para muchos, la cifra de muertos debido a los operativos y a las acciones del crimen organizado, suman más de 100 mil muertos y al menos 30 mil desaparecidos. A esto, se suman las personas que tuvieron que huir de sus comunidades luego de ser amenazadas de muerte.
Esperanza Hernández Lugo cumplirá este enero cinco años fuera de su casa, viviendo en un inmueble rentado, viajando para denunciar su condición y las amenazas que sigue sufriendo, y por las que ha tenido que refugiarse en la Ciudad de México y en Mazatlán. Ahora vive resguardada, con cámaras de seguridad y equipo de iluminación, pero eso no ha impedido que la hostiguen.
Apenas el sábado 3 de enero, la vivienda fue atacada de nuevo. Los agresores dañaron cámaras y la cerca perimetral, así como el equipo de iluminación para disuadir agresiones de este tipo. Eran cerca de las 4 horas, luego fueron elementos de la policía ministerial, tomaron nota y nada más pasó.
Las pugnas entre el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva se desplazaron a la zona serrana y fueron células de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, quienes los expulsaron. De acuerdo con estimaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CDDHS), suman al menos 12 municipios con problemas de desplazamientos provocados por la violencia vinculada al narcotráfico.
“Cuando nos replegaron a la sierra, el mal gobierno de Felipe Calderón, fue malo para nosotros, fue lo peor que podía pasar. Empezaron a desaparecer gente, a desplazar, asesinar, y todavía cuando llegamos pensando que podíamos tener el apoyo de Calderón fuimos con gente del gobierno federal y nos dio la espalda, y lo mismo ha pasado con Enrique Peña Nieto”, dijo.
—¿Tú le enviaste varias cartas a Peña Nieto pidiendo su intervención?
—Le tengo mandadas un montón de cartas, ya hasta parezco su novia. Pero nunca me contesta. Suman unas diez cartas las que le mandado en estos años, desde que tomó posesión.
“Le informé sobre los hechos violentos de los que somos víctimas, le pedía que como jefe supremo de las fuerzas armadas ordenara que se construyeran bases militares para garantizar nuestro regreso a las comunidades. Esa vez, la primera, sí me contestó negativamente, y luego lo intenté en varias ocasiones y ya no. Lo que le he pedido es que nos apoye con vivienda, pero ahora no es cuestión de vivienda o cobijas, sino de una solución a este problema, de una ley que ampare a los desplazados, que haya políticas públicas que atiendan a las víctimas de los desplazados y en general de la violencia. Y no, no hay respuesta”.
Para Esperanza, quien fundó una organización de desplazados y vive en Guamúchil, esta guerra es una infamia.
“Es una infamia en la que el gobierno intentó quedar cómodo, en la que no le importó lo que le pasara a la gente. Afuera, la gente se quedó sin posibilidades de defenderse. El gobierno y los servidores públicos quedaron cómodos y no les importó lo que pasara con los demás, que éramos los más vulnerables”.
Para ella, suman en Sinaloa alrededor de 35 mil personas desplazadas, con los nuevos casos de municipios como Concordia, San Ignacio y Badiraguato. Señaló que tampoco del gobierno de Mario López Valdez ha habido una respuesta seria a los problemas de los desplazados.
“Tampoco del gobierno de Malova hay una respuesta. Además, estamos desesperados porque el alcalde Aarón Verduzco, de Sinaloa, ha apoyado a la gente con todo lo que ha podido, con láminas, proyectos productivos, pero a los bribones, a los que provocaron los desplazamientos, no a las víctimas”, sostuvo.
Solo muertes
Alma Rosa Rojo Medina tiene a su hermano Miguel Ángel desaparecido desde el 2009 y suma al menos tres años siendo sometido a pruebas de ADN por parte de las autoridades locales y federales, ante la posibilidad de que un cadáver que fue depositado en la fosa común sea el de él. Suman cuatro pruebas y nada. Los resultados no coinciden y ella sigue sufriendo en medio de la incertidumbre y la desolación, ante la indolencia de las autoridades.
Ella forma parte del grupo de mujeres que buscan cadáveres y que realizan labores de activismo junto con Óscar Loza Ochoa, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CDDHS). Les llaman las sabuesos.
Para Alma Rosa, quien ha visto otros casos de desaparecidos y asesinatos, incluido el de Sandra Luz Hernández, su gran compañera y amiga —ejecutada a balazos en 2014 en Culiacán—, sigue en la brega. Se cansa, se detiene y se sienta, pero solo es para agarrar fuerzas y seguir hurgando huesos enterrados en el horizonte impune de Culiacán y otros municipios de Sinaloa
“Si tuviera enfrente a Peña Nieto le diría ¿por qué permitió tanta violencia? Y es que no hay una política que atienda casos de desaparecidos, desplazados, asesinados, no se mide la consecuencia social de todo esto. El único balance que puede hacerse sobre esta guerra es negativo”, manifestó.
En estos diez años de combate al narcotráfico, agregó, solo ha visto más muertos y desaparecidos, más personas desplazadas e inocentes detenidos y recluidos en las cárceles.
“Eso lo que más me tiene intranquila a mí, que haya pasado tanto tiempo y no tenga respuestas del caso de mi hermano. Cuántos casos similares en el Semefo, con cadáveres que dejan en la fosa común a los dos días, sin esperar a que los familiares vayan y verifiquen, identifiquen y reclamen”.
