abril 15, 2021 8:50 AM

El nuevo sistema penal ha liberado mil 32 acusados

 

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A dos años de entrar en vigor, el nuevo sistema penal ha dejado fuera de prisión a mil 32 acusados

 

 

El maestro de educación física de secundaria, Antonio N, de 59 años, fue acusado y sentenciado por el delito de estupro, por haber enamorado y sostenido relaciones sexuales con una de sus alumnas de 15 años, pero nunca piso la cárcel.

El profesor de una escuela de Los Mochis estuvo en libertad debido a que fue procesado y juzgado con el nuevos sistema de justicia penal acusatorio.

En dos audiencias realizadas en menos de un mes, el Juez lo encontró responsable y los sentenció a reparar el daño y a cumplir ciertas medidas durante cuatro años, en libertad condicional.

De haber sido juzgado en el sistema tradicional, el profesor habría sido detenido desde el inicio y condenado en prisión.

El Sistema de Justicia Oral privilegia la reparación del daño a la víctima y busca utilizar lo menos posible la prisión preventiva para los acusados de cometer delitos.

Desde que entró en vigor en Sinaloa en octubre de 2014 a la fecha, un total de mil 32 acusados de delitos han obtenido los beneficios del nuevo sistema.

De haber sido acusados en el sistema de justicia tradicional, esas personas habrían estado en prisión.

En esos casos, los jueces han concedido la suspensión condicional de proceso o suspensión condicional de la ejecución de la pena.

A esas personas los jueces les impusieron medidas no privativas de la libertad por lo que siguen el proceso penal o cumplen condena en libertad.

En dos años, fueron cien personas las que incumplieron con las disposiciones que impuso el Juez y las medidas cautelares fueron modificadas, y en algunos casos se dictó la prisión preventiva.

De las personas que gozan de libertad, 403 fueron acusadas de violencia familia, 276 de narcomenudeo, 62 de abuso sexual, 40 de robo y el resto cometió otros delitos.

De acuerdo con el Código Penal para obtener ese beneficio se deben cumplir con ciertos requisitos, como que el delito sea considerado no grave y que la media aritmética de la pena no sea mayor a cinco años.

 

Solo el 1 por ciento incumple medidas

 

La Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional de Proceso es la instancia encargada de vigilar que las personas en libertad cumplan con las disposiciones que impuso el Juez.

El titular de la UMECA, Jorge Adrián López Valenzuela, mencionó que los acusados y sentenciados con medidas no privativas de la libertad han cumplido con las disposiciones.

Solo el 1 por ciento tuvo algún incumplimiento y se le suspendieron las medidas, mencionó.

Señaló que de haber llegado esas personas a prisión habría sobrepoblación en los penales.

Hace dos años, manifestó, en los tres Centros de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito la población penitenciaria era de 7 mil 800 internos y actualmente es de 6 mil 150 presos.

“El sistema pondera mucho la protección a la víctima, si el juez o nosotros consideramos que corre algún tipo de peligro a la hora del incumplimiento y éste a su vez a través de una audiencia extraordinaria gira una orden de arresto para el individuo para que se revise la medida cautelar y puede ser determinar que se le suspenda la medida cautelar y se le imponga otra medida cautelar como puede ser la prisión preventiva”.

En el sistema tradicional, agregó, “estaban en prisión preventiva y luego durante el proceso conseguías una fianza o se acordaba el pago del daño o se arreglaba todo, pero mientras estaban en prisión; antes la prisión preventiva primero y luego averiguábamos si podías estar afuera”.

Detalló que de las principales medidas impuestas por los jueces son reparar el daño, acudir a recibir tratamiento sicológico o terapia, prohibición de acercarse a la víctima, acudir a firmar cada semana y no salir de la localidad donde viven o el estado.

“Para cubrir esa de no salir de la localidad nosotros generamos en esta unidad un sistema de consulta avanzada donde todas las corporaciones policiales ya sean federales, estatales, municipales ministeriales, detiene a un individuo en la calle checan el nombre en el sistema en C4 y les notifican si tiene una medida cautelar impuesta que le prohíbe salir de determinada localidad o municipio”, explicó.

Mencionó que hasta la fecha en Sinaloa no se han utilizado los brazaletes electrónicos para evitar que los acusados huyan, porque los jueces no han adoptado esa medida.

Los acusados, detalló, también pueden solicitar al Juez que les coloque el dispositivo para evitar ir cada semana a firmar o que lo estén visitando en su casa y ellos deben correr con los gastos del brazalete, pero ninguno lo ha pedido.

 

Primer detenido, primero en libertad

Jesús Humberto fue otro de los beneficiados y fue también el primer detenido en flagrancia con el nuevo sistema en Guasave.

El acusado, supuestamente golpeó a su esposa en su casa y la mujer acudió al Instituto Municipal de la Mujeres a pedir ayuda.

Cuando se encontraba en las instalaciones de la dependencia, Jesús Humberto entró al inmueble y trató de agredir nuevamente a su pareja, pero fue detenido por agentes policiales.

El presunto agresor fue puesto en libertad condicional por el Juez y como medida le ordenó dejar el domicilio donde vivía con su pareja, le prohibió acercarse a ella y reparar económicamente los daños.

 

Presos con libertad próxima

Con el nuevo sistema y la entrada en Vigor de la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, acusados que se encuentra en proceso penal y los sentenciados pueden obtener su libertad anticipada.

El titular de la UMECA, Adrián López Valenzuela, dijo que 20 reos en proceso que no han sido sentenciados, ya solicitaron ser evaluados para que el Juez les otorgue una medida cautelar distinta a la prisión preventiva y seguir el proceso penal en libertad.

“Aplicando la retroactividad de la ley en su favor, aplicando el principio pro persona, siendo totalmente constitucionalistas y apegados a los derechos humanos, pueden ellos obtener ese beneficio, pero es facultad del Juez otorgar ese beneficio dependiendo del comportamiento que ellos hayan tenido al interior del centro penitenciario todos aquellos que están procesados”, indicó.

Mencionó que de los reos ya sentenciados, alrededor de 500 podrían quedar libres en los próximos meses, por delitos no graves y con penas no mayores a seis años.

Los presos que ya cumplen condena en prisión, abundó, deben esperar a que se emita el decreto en el que el Estado se declara en condiciones para operar la nueva ley y entonces pueden solicitar su libertad anticipada.

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