Un caso en trámite, de los miles de desaparecidos en Sinaloa
La Procuraduría General de la República (PGR) puso precio a los tres agentes de la Policía Municipal de Ahome acusados de desaparecer a tres jóvenes en 2015.
La fiscalía de la nación ofrece hasta un millón y medio de pesos por información que conduzca a su localización, detención o aprehensión.
Los agentes involucrados son Álvaro Ricardo Montes Gaxiola, Nicolás Galaviz Bojórquez y Silvia Abigail Paniagua.
La PGR también ofrece hasta un millón de pesos por la localización de David Mendoza Marín, de 27 años; Alfredo Elías Marín Bustos, de 23; y Margarita Marín Yan, de 20 años, quienes fueron víctimas de los agentes fugados.
La recompensa quedó establecida en el Acuerdo A/196/2016 firmado el 23 de septiembre por la entonces procuradora General de la República, Arely Gómez González.
El documento señala que el 25 de septiembre de 2015, la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desparecidas inició la integración por la averiguación previa.
Menciona que “derivado de las diligencias practicadas para el esclarecimiento de los hechos, aún no se ha logrado conocer el paradero de las víctimas, así como la identificación y ubicación de los probables responsables, por lo que resulta de suma importancia la obtención de mayor información que permita la localización de las víctimas”.
Resulta necesario, agrega, “el ofrecimiento de recompensa a quien o quienes aporten información veraz, eficaz, eficiente y útil para la localización de David Mendoza Marín, Marga Marín Yan y Alfredo Elías Marín Bustos, así como para la identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad y los que resulten”.
El acuerdo señala que en el combate a la delincuencia la colaboración valiente y decidida de la sociedad es una herramienta eficaz, a través de la información útil para el auxilio eficiente y oportuno en las investigaciones del Ministerio Público.
El Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas consideró pertinente ofrecer una recompensa por información que conduzca al paradero de los desaparecidos o la detención de los responsables.
Establece que el Acuerdo de recompensa dejará de surtir efecto en el momento en que hayan sido localizadas las víctimas y los responsables.
Los agentes están prófugos y cuentan con una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada de personas desde el pasado 15 de abril.
De acuerdo con tres expedientes de juzgados de distrito consultados, la orden de aprehensión se libró considerando documentos y testimonios que incriminan a los agentes.
A los testigos les presentaron fotografías de los jóvenes desaparecidos y los policías involucrados confirmaron que se trataba de las mismas personas que vieron el 21 de julio de 2014, en la calle Gladiola, en la colonia San Rafael, en Los Mochis.
Los tres jóvenes se dedicaban a la compra y venta de vehículos usados casa por casa.
En el expediente se incluye el testimonio de una persona que reportó al 066 la presencia de los tres muchachos en actitud sospechosa en la calle Gladiola y esa persona asegura que después los vio arriba de una patrulla.
Un testigo ubicó a las víctimas y a los agentes de la policía municipal cuando las estaban revisando, ya que ella se acercó para expresar a los agentes que jóvenes actuaban extrañamente en ese sector.
Otro testigo identificó por medio de fotografías a los tres jóvenes y aseguró que vio a los dos hombres en la caja de la patrulla y a la mujer en la cabina.
Una persona más refirió que al llegar a su casa observó que en su calle había una patrulla con dos hombres detenidos en la caja.
También se incluye la declaración de la radio operadora de la policía que confirma que recibió el reporte en el que se hablaba de personas de tipo españolas sospechosas y menciona que se asignó una patrulla, pero como no se recibió confirmación de parte de los agentes cerró el reporte sin novedad.
En el expediente además se contemplan informes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, en los que enlista a los agentes que estaban asignados al sector donde ocurrió la desaparición y los folios en los que se asignó a la patrulla para atender el reporte de tres “sospechosos”.
“Debe señalarse que sí se estableció de una forma por demás razonable que agentes de la Policía Municipal de Ahome se encontraban en el lugar y que ellos detuvieron a las víctimas, al grado de subirlas a una patrulla, después a otro vehículo y alejarse del lugar; tal circunstancia no es merecedora de un parte informativo sin novedad”, señala el documento.
Los familiares declararon que a las 14:00 horas de ese día, los tres jóvenes salieron de su domicilio a bordo de una camioneta Chevrolet Astro con placas de circulación de Baja California.
La madre de David le marcó a su hijo aproximadamente a las 18:30 horas preguntando por qué no habían regresado y contestó que no podía usar el celular porque los había parado una patrulla, ya que una persona los observó tocando una puerta y les pareció sospechoso y reportó a la policía.
David dijo que los agentes los estaban revisando pero que en ese momento ya los iban a soltar.
Más tarde le volvieron a llamar pero mandó a buzón y desde entonces ya no supo nada de ellos.
La Procuraduría General de Justicia del Estado solicitó la orden de aprehensión en marzo pasado, pero el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento de la Región Norte la negó.
La fiscalía presentó un recurso de apelación en la Sala de Circuito Penal Especializada en Justicia Penal Acusatoria y Oral y logró revocar la decisión del juez y que se librara la orden de aprehensión.
Después de que se libró el mandamiento judicial, los agentes solicitaron sus vacaciones en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y huyeron.
En abril de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Gobierno de México determine la situación y paradero de los tres jóvenes y adopte medidas de seguridad para sus familiares debido a que han sido amenazados por sus actividades de búsqueda y denuncia.
