Para acallar crítica social, lo vinculan a homicidio y asaltos
El mochitense Gabriel Hernández Gámez llevaba una vida apaciguada, de vendedor de carros, en Guaymas, Sonora, a donde emigró en busca del amor de su vida.
Pero de la noche a la mañana se convirtió en objetivo del gobierno del Estado de Sonora para apaciguar la recia crítica social a la gobernadora Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, para que aclarase un violento asalto a mano armada a una camioneta de valores de la empresa Servicios Panamericanos de Protección, a las afueras del banco Santander, en la colonia Delicias, del puerto de Guaymas, y que terminó en el asesinato de una mujer embarazada, Marcela Chávez Alfonso, heridos de gravedad dos niños y tres custodios baleados.
Preso en el reclusorio número uno de Sonora, el Grande, como le apodan, dice que es inocente y ajeno al atraco perpetrado el 15 de septiembre pasado, que sólo es un chivo expiatorio con el que la Policía Estatal Investigadora (PEI) busca cumplir la orden política de la gobernadora Pavlovich de encontrar a los atracadores “hasta debajo de las piedras”.
Pese a que el atraco es relevante en Sonora, porque por éste se suspendieron los festejos de las Fiestas Patrias en el puerto de Guaymas, la detención del mochitense y de un segundo identificado como René Román R.I., de 29 años, y residente de la colonia Sahuaral, de Empalme, Sonora, no fue publicitada por la Procuraduría General de Justicia de Sonora, y todo lo relacionado con el caso permanece en reserva. Tanta es la reserva ordenada por la dependencia, que la carpeta de investigación fue decretada como reservada y negada al defensor, Leobardo López, pese a ser obligación legal entregar una copia idéntica, y las denuncias penales de desaparición forzada y tortura presentadas por éste fueron obstaculizadas en el trámite de recepción.
Hernández Gámez demandó que la Gobernadora saque las manos del juicio, y que sus órdenes de encontrar a los responsables se cumplan en los verdaderos responsables, y no en inocentes, como en su caso, que para ser imputado fue torturado, le sembrando evidencia y le violentaron todos los derechos de defensa, torciendo los procedimientos del Nuevo Sistema de Justicia Acusatorio Penal y Oral.
Narró que el 28 de septiembre a las 13:00 horas fue detenido en Los Mochis, en una trampa que le tendieron los agentes de la PEI utilizando como carnada a su concubina, Abril Daniela González Mojardín, la cual se enteró en la audiencia inicial que había declarado en su contra, que en cierta ocasión en que enfrentaban problemas económicos él pensó en voz alta: “asaltaría una panamericana”.
Esa imputación, más vivir cerca del lugar del asalto, tener un auto blanco sin placas por estar éstas en trámite, y un video de muy baja resolución fueron suficientes para que el mismo 28 de septiembre a las 12:00 horas (hora de Sonora), los agentes del Ministerio Público dictaran la orden de detención por caso urgente, siendo detenido simultáneamente en Los Mochis, y puesto a disposición de los fiscales a las 07:00 horas del 29 de septiembre y una hora después vinculado a proceso por el Juez Oral de lo Penal en el Distrito Seis de Sonora.
En la primera hora en que fue detenido lo condujeron a las celdas de la Policía Ministerial del estado en Los Mochis y luego trasladado a Guaymas, Sonora. Una vez en el puerto fue torturado a golpes y obligado a inhalar agua con intenciones de sofocarlo por ahogamiento para forzarlo a firmar una declaración ya escrita, y a que grabara la delación por apodo y fotográficamente de individuos para él desconocidos. A todo se negó. En las 18 horas en que fue retenido por la PEI, dijo que fue movilizado y obligado a tocar objetos diversos, sin saber lo que eran, y fue mantenido incomunicado, intimidado. Y peor aún, su concubina se encuentra desaparecida, pese a que la última ocasión que la vio estaba acompañada por los agentes de la PEI.
Dijo que no recibió la asistencia legal, puesto que el defensor de oficio sólo le recomendó no declarar en la audiencia inicial.
“Me están fabricando pruebas, quieren culpables y me escogieron a mí. Soy sólo un chivo expiatorio de la PEI para callar a la gobernadora Pavlovich”, insistió.
Para el abogado Leobardo Castro, el caso es político y no criminal, porque se violentaron los derechos y principios del debido proceso, comenzado con una detención ilegal porque no había flagrancia, continuando la situación ilegal con delitos posteriores como abuso de autoridad, tortura e incumplimiento del deber legal, todas prácticas sádicas de una corporación ignorante de los procedimientos legales.
