Militares confiscaron teléfonos celulares de 35 policías ministeriales
Durante casi nueve horas, investigadores de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), apoyados por elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, sitiaron las instalaciones de la Policía Ministerial en Culiacán.
La historia comienza poco antes de las 19:00 horas del pasado lunes 10 de octubre, bajo el pretexto de una revisión de rutina al padrón de armas de fuego. Sin embargo, trascendió que a los 35 elementos ministeriales que tuvieron el turno del 30 de septiembre, fecha del ataque al convoy militar, se les confiscaron sus teléfonos celulares. Les dijeron que en 15 días se los devuelven.
Las Fuerzas Especiales, a bordo de ocho patrullas con 50 elementos, escoltaron a los investigadores de la SEIDO, y a partir de entonces el desfile de armas y rostros preocupados se prolongó hasta las 3:33 horas del día siguiente, sin ningún detenido.
Desperdigados sobre el bulevar Emiliano Zapata, los militares de los llamados grupos de élite bloquearon totalmente la vialidad lateral poniente-oriente, mientras que agentes ministeriales llegaban al recinto.
Unos francos, otros de permiso, algunos de servicio y otros uniformados, hombres en sandalias y pantalones cortos, mujeres en “leggins” y ropa deportiva, incluso otras con ropa elegante, pero todos entraron a la base de la Policía Ministerial con sus armas en mano. La instrucción era una revisión de rutina.
Entre las 19:00 y las 20:00 horas el lugar se llenó de policías, militares y reporteros en medio de la tensión y decenas de armas de alto poder.
Había pasado apenas una semana del atentado en el norte de la ciudad.
La versión oficial
“No, no”, fue lo único que dijo Héctor Ochoa Polanco, titular de la Dirección de Seguridad Pública de Culiacán, cuando fue abordado por los medios de comunicación.
Iba saliendo del recinto cuando se le llama por su nombre, voltea y regresa casi corriendo. Esa noche ya nadie supo de él.
El tiempo continuó y la tensión se mantuvo. El flujo de policías ministeriales siguió: todos entraban preocupados, nadie sabía qué sucedía, sólo que era una revisión de armas de cargo “de rutina”, o al menos eso dijo Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, titular de la corporación.
“Ellos puede hacer las (revisiones) que quieran, está en la ley”, dijo la mañana del 11 de octubre al noticiero Línea Directa, en el que no explicó la versión de los celulares confiscados.
Sin embargo, ha trascendido que en las reuniones del gabinete de seguridad en las que participan las autoridades locales y los mandos militares, éstos han estado señalando al gobernador Mario López Valdez la gran corrupción que existe en las policías estatales y municipales.
Y a estos últimos también les leyeron la cartilla. El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Abelardo Rubio Olivas, admitió en conferencia de prensa a la que convocó el jueves 13, que a seis agentes municipales se les interrogó por parte de la SEIDO y de los militares, aunque sin revisarles el armamento.
“Hemos tenido una total disponibilidad y apertura hacia las autoridades que están investigando este caso… fueron (los agentes municipales) para ratificar la información que se proporcionó y para ser entrevistados por los elementos de investigación que trae la PGR, lo que sí también te quiero comentar es que el viernes pasado acudió personal (de la SEIDO) al CERI (Centro de Reacción Inmediata), estuvieron todo el día hasta la madrugada del sábado”.
El tiempo de espera
Hacía apenas un mes les habían revisado las armas. Ningún miembro de la ministerial sabía lo que sucedía. Algunos se cubrían el rostro de los flashazos de las cámaras de los fotoperiodistas.
Poco a poco la tensión fue desapareciendo. Un militar se para frente a una máquina expendedora de refrescos. Hurga en sus bolsillos, saca unas monedas y las deposita, y luego el sonido de sus bebida. Era un refresco de toronja. Lo toma y regresa donde sus compañeros.
En la entrada principal, el flujo de agentes ministeriales bajó y la tensión también. Ya había bromas entre ellos, el nervio podría seguir ahí, pero al menos ya bromeaban. Algunos hasta imitaban el acento de los investigadores.
A las 01:00 horas prácticamente no había reporteros en la zona y la tensión poco a poco se disipó.
Eran las 2:35 horas cuando se le pregunta a un agente ministerial si quedaban otros adentro. Él respondió que en cuestión de media hora acababa todo, y a las 3:00 horas sale un contingente de militares del interior del edificio.
En apenas 10 minutos dejaron la zona. Subieron a las patrullas militares y el convoy se retiró rumbo al poniente sobre el bulevar Zapata. Afuera, la espera por los agentes de la SEIDO y nada.
“No van a salir mientras estén ahí”, dice un agente.
Luego bromea un poco. Comenta que lo único que van a hallar en su celular son videos pornográficos, y que en 15 días no van a terminar de verlos todos.
Transcurrieron 15 minutos desde la partida del convoy militar cuando éste regresa. Se dio la vuelta nada más y regresó. El portón metálico color blanco se abre y dos patrullas maniobran y entran de reversa, luego lo cierran.
A las 3:33 salen, adentro de las patrullas militares los agentes de la SEIDO. Nadie dio declaración, sólo fue una revisión “de rutina” entre las 19:00 horas del lunes 10 y 3:33 horas del día siguiente.
