Iglesia contra Estado en el tema de matrimonios gay

La expresión burlona y desafiante “No será que anda buscando gavioto en vez de gaviota” que lanzara el obispo de Culiacán, Jonás Guerrero contra el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 31 de mayo, donde le cuestiona su preferencia sexual por enviar la iniciativa de ley sobre legalización de matrimonios del mismo sexo, asomaba parte del escabroso tema que tiene ahora confrontado al Estado con la Iglesia conservadora y marcadamente dividida a la sociedad civil.

Desde que el presidente Peña Nieto envió al Congreso de la Unión la iniciativa federal  sobre la legalización de los matrimonios del mismo sexo para su discusión, el país vive una etapa convulsiva con  crecientes movilizaciones y protestas en todos los Estados y la capital mexicana.

De forma silenciosa, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), liderada por el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, ha organizado a todas las iglesias y nuevos movimientos religiosos que convergen con la postura conservadora de la familia y ha puesto “en jaque” a los poderes estatales, acusándolos de acatar lineamentos ajenos a las costumbres y a la moral de la sociedad mexicana.

El pasado 20 de septiembre, la Ciudad de México presenció una mega marcha por la defensa de la familia y contra la iniciativa federal, encabezada por  el Frente Nacional de la Familia, así como agrupaciones civiles que simpatizan con las religiones evangélicas, cristianas y católicas.

Las marchas y movilizaciones por todo el país tienen como fin echar abajo la iniciativa del Presidente que promueve el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Pidan perdón a homosexuales: Papa

Ante el debate por la iniciativa de legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo en países latinoamericanos, el Papa Francisco llamó a la Iglesia a pedir perdón a los homosexuales por la forma en que los ha tratado.

La Iglesia Católica en México respondió, través del vocero de la Arquidiócesis, Hugo Valdemar, que no es necesario.
“El Papa tiene razón, si a alguien ha ofendido, no sólo a los homosexuales, sino a otra persona, es un deber pedir perdón, pero en el caso de la Arquidiócesis no tenemos que pedir perdón a nadie, porque a nadie se ha ofendido, a nadie hemos insultado, a nadie hemos marginado”, dijo.

“La Iglesia está en completa oposición al matrimonio entre homosexuales, eso no cambia, el Papa no ha dicho que esto es aceptable, el Papa dijo que si había alguien ofendido que perdone, pero eso no quiere decir que el Papa esté de acuerdo con esos matrimonios, la Iglesia no está de acuerdo, la doctrina no ha cambiado, sigue firme, ésa no la ha cambiado ni el Papa, ni está sujeta a su opinión”, afirmó Hugo Valdemar.

En ese contexto de acusaciones, declaraciones  y denuncias que remarcan las diferencias entre el ala conservadora de las Iglesias en el país y los grupos que apoyan la legalización de los matrimonios del mismo sexo, se agudizan las presiones de organizaciones civiles de uno y otro lado, que empiezan a cabildear ante el Congreso de la Unión para incidir en el rechazo o aprobación de la iniciativa federal.

Suprema Corte revive polémica

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la inconstitucionalidad de los artículos 147 y 191 Bis del Código Civil de Nuevo León y expuso que el matrimonio y el concubinato son reconocidos para parejas heterosexuales y también para las del mismo sexo.

Consideró que no existe razón de índole constitucional para desconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y por lo mismo, la ley de cualquier entidad federativa  que limite el matrimonio a parejas de distinto sexo, o considere que la finalidad del matrimonio es la procreación, resulta violatoria del derecho a la igualdad y no discriminación, así como del mandato de protección a todo tipo de familias, previsto en la constitución federal.

Por tanto, la Primera Sala concedió el amparo a 48 personas residentes de esa Entidad que se ostentaron como homosexuales, y se informe al Congreso del Estado sobre esta resolución.

Respecto a las medidas de reparación solicitadas por los quejosos, la Primera Sala resolvió que la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas consigue restituir a los quejosos en el goce del derecho violado y constituye en si misma una medida de satisfacción.

Sin que ello sea obstáculo para que los quejosos puedan acudir a otros procedimientos, como puede ser el establecido en la Ley General de Víctimas o el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado, para obtener una reparación de los daños que invocan.

Asimismo se menciona que se resolvieron los amparos en revisión  que determinan la inconstitucionalidad de los preceptos correspondientes en las legislaciones de Chiapas e Hidalgo, que circunscriben el matrimonio y concubinato a parejas de distinto sexo.