“El caso sigue impune”: Derechos Humanos ONU

A dos años de ocurrida la desaparición masiva de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, persiste la impunidad, declara el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

Mientras, crece la indignación de la comunidad nacional e internacional porque el Gobierno Mexicano se empeña en seguir minimizando la tragedia.

Organismos de derechos humanos internacionales cuestionan el supuesto contubernio y falta de voluntad política, indiferencia, cinismo y complicidad del Gobierno de Enrique Peña Nieto, y le reclaman justicia para las familias de los jóvenes presuntamente asesinados en Iguala Guerrero,

Desde algunos días y a escasas horas de que se cumplan dos años de impunidad en el caso, en distintas ciudades del país se han desencadenado protestas y movilizaciones masivas  que van desde tomas de plazas y casetas de autopistas, plantones frente a ayuntamientos, y hasta manifestaciones violentas que demandan la aparición con vida de los jóvenes estudiantes.

Persiste la impunidad

El miércoles pasado, a cinco días antes de cumplirse dos años de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, insiste: “ hasta el día de hoy persiste la impunidad y no hay garantías de que todos puedan ser castigados. El caso no está esclarecido”.

Y agrega: “Las autoridades deben buscar la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de que esto no volverá a repetirse más”.

Al reunirse a puerta cerrada con los padres, amigos y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos aquel 26 de septiembre de 2014, en un salón de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, el Alto comisionado refrendó el respaldo y apoyo de la ONU a las labores de búsqueda de los padres de familia para garantizar el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y a la no repetición de estos crímenes.

Junto a defensores de los derechos humanos del Centro Miguel Agustín Pro y de la Montaña Alta de Guerrero Tlachinolan, Jan Jarab se solidarizó con el dolor y la frustración de las familias por no saber del paradero de sus hijos.

Enseguida, los familiares interrumpieron el acto y colocaron collares de flor de cempaxúchitl  a los activistas de derechos humanos y a la Comitiva de la ONU. Una de las madres coloca al Comisionado de la ONU el collar y le abraza con la foto de su hijo desaparecido.

“Insensata y cínica”, la respuesta de Peña: AI

Amnistía Internacional califica de “insensata y cínica” la actitud del presidente Enrique Peña Nieto frente al suceso trágico de Ayotzinapa que sigue sin esclarecerse y con severas evidencias de encubrimiento de los responsables.

La tragedia de Ayotzinapa exhibe cómo la administración de Peña Nieto no se detendrá ante nada para encubrir las violaciones a los derechos humanos  que ocurren en México, declara Erica Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional para las Américas.

Y lo acusa desde no haber impedido el ataque contra los estudiantes hasta prevenir esfuerzos internacionales para descubrir la verdad y desestimar las quejas sobre las formas en las que la investigación ha sido manejada.

“Las autoridades mexicanas han hecho todo lo que han podido para obstruir la justicia e intentar proteger su imagen”.

Peña Nieto  rechaza acusaciones

Ante la avalancha de acusaciones derivadas de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que le reclaman su insensibilidad y complicidad frente a la impunidad sobre el  caso de los 43 normalistas desaparecidos, el Presidente Enrique Peña niega y rechaza cualquier acusación que comprometa al Estado y a las instituciones del país.

“No tenemos nada que ocultar”, declara en medio de las crecientes y constantes protestas y movilizaciones que se realizan en algunas ciudades y la capital del país en la víspera del segundo aniversario de la desaparición masiva de estudiantes normalistas.

En una entrevista a Radio Fórmula declaró que rechaza categóricamente las acusaciones que pretenden involucrar al Estado y las fuerzas de seguridad en el crimen.

La impunidad y su contexto

Para Open Society, la impunidad en el caso Ayotzinapa y muchos otros que ocurren en el país, tienen su origen en el autoritarismo y la corrupción  arropadas históricamente por el PRI  y las políticas autodestructivas en la lucha contra las drogas y de seguridad, alentadas en buena medida por los Estados Unidos, y sostiene que aún cuando el número de crímenes atroces ha crecido recientemente, los patrones de impunidad siguen sin cambio.

Los liderazgos en el país se han enfocado más en proyectar un crecimiento económico con reformas en distintas áreas incluidas la educación y  la justicia. Pero la imagen esperada de un país en la cúspide de la prosperidad se disipa con imágenes estremecedoras de violencia e injusticia; cuerpos mutilados esparcidos por las carreteras, detenidos, golpeados y acobardados , y madres y padres de pie, en silencio, apretando las fotos de sus hijos desaparecidos.

El organismo promotor de la justicia internacional con sede en los Estados Unidos cuestiona que ante una situación tan dolorosa y aguda sorprende la falta de respuestas por parte del Gobierno a preguntas clave como ¿Por qué el sistema de justicia de México ha proporcionado tan poca justicia a las víctimas y por qué tan pocos de los autores que rinden cuentas?

Investigación sin resultados

Desde el pasado 18 de agosto, inconformes con la investigación del caso, los padres de los normalistas desaparecidos rompieron el diálogo con la Procuraduría General de la República, bajo el argumento de que la investigación  a cargo del recién destituido Director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio —ahora Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad—, no mostraba avances ni resultados claros en la indagatoria, como esperaban en esa reunión.

Familiares de los 43 desaparecidos acusaron a Zerón de Lucio de enturbiar las investigaciones al realizar una diligencia no registrada en el expediente en un sitio donde un día después se encontró una bolsa con restos de ceniza y con el único fragmento óseo identificado con plenitud como uno de los desaparecidos.

Los padres acusan también entre otras inconsistencias en las investigaciones, la reticencia del Gobierno federal a acatar la petición de los organismos internacionales y de la sociedad civil de permitir que se investiguen a elementos del Batallón 27 de Infantería de Marina, a los que señalan de haber participado en el crimen.

Para el abogado de los padres de familia, Vidulfo Rosales, las autoridades incumplieron en la conclusión de la pesquisa y en la determinación de la responsabilidad contra Zerón de Lucio, acusado desde entonces por encubrir evidencias. Sin embargo, les advirtió que los padres se retiran de la mesa de diálogo pero el cuerpo jurídico del movimiento seguiría monitoreando las investigaciones de la PGR.

Ahí mismo se anunciaba que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), presentaría una queja ante el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, por obstruirles el trabajo en campo en la búsqueda de pistas sobre el paradero de los normalistas desaparecidos, y a la vez, exigirle una investigación.

A la andanada de inconformidades que congeló el diálogo entre padres de familia y autoridades  de seguridad y justicia del país, se suman la resistencia del gobierno federal a permitir que se investigue al Ejército; el trato persecutorio y de hostigamiento que el gobierno de México exhibió frente a los organismos defensores de los derechos humanos que cuestionaron su proceder, y a las agresiones abiertas que intentaron desacreditar el trabajo de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que desde el inicio de las investigaciones cuestionó la actuación de la autoridad oficial, que se empeñó en obstruir el libre ejercicio de los especialistas en el esclarecimiento de los hechos.

Entre una de tantas protestas que se registran en la víspera del segundo aniversario, el  pasado miércoles, jóvenes identificados como presuntos estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos arribaron encapuchados al Palacio Judicial en Iguala y destrozaron escritorios, sillas, archiveros y documentos, en protesta para exigirle a la autoridad judicial entregue unos videos que supuestamente son claves para esclarecer lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en que desaparecieron los 43 estudiantes.

Ayotzinapa en el mundo

El grupo de padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos adelantó que para recordar a sus hijos y exigir al Gobierno de México su presentación con vida, se realizarán marchas y movilizaciones en las principales ciudades mexicanas. En el exterior, se tienen programados plantones en los consulados y embajadas de México en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, y simultáneamente habrá marchas y movilizaciones organizadas principalmente en los países europeos y los Estados Unidos.

En México se encabezarán las manifestaciones con la exigencia de presentar con vida a sus hijos y pedir la renuncia de presidente Peña Nieto, como responsable directo la tragedia de Ayotzinapa.