abril 17, 2021 7:59 PM

Negocio sobre ruedas

camioneta malova

 

 

Malova paga 180 millones para rentar vehículos de lujo a una sola empresa

 

Por medio de adjudicaciones irregulares, el gobierno de Mario López Valdez benefició a una empresa nuevoleonense con la renta de vehículos de lujo por 180 millones de pesos. En los concursos participaron otras dos empresas mochitecas que siempre perdieron la licitación, una constructora propiedad del ex diputado federal Rubén Félix Hays y otra de su tío, el amigo de Malova, Leonardo Félix Gutiérrez.

Se trata de 307 contratos para el Arrendamiento Puro de vehículos nuevos que con excepción de tres casos, siempre fueron ganados por Value Arrendadora S.A de CV ENR VALUE GRUPO FINANCIERO, propiedad del empresario Carlos Bremen Gutiérrez.

A través de 15 solicitudes de acceso a la información pública, Ríodoce tuvo acceso a los 307 contratos de Arrendamiento Puro que firmó el gobierno de López Valdez con la empresa establecida en Monterrey, Nuevo León. También de las cotizaciones de las otras dos empresas mochitecas que participaron por 287 contratos de 307 firmados en el sexenio, pero en todos los casos perdieron el concurso.

Las rentas de vehículos de lujo tipo Suburban, Tahoe, Cheyenne, Traverse, entre otros, la mayoría de la marca Chevrolet, se concentraron en dependencias como la Secretaría de Administración y Finanzas (SAyF), a cargo de Armando Villarreal Ibarra; la Secretaría General de Gobierno, con Gerardo Vargas Landeros; la Coordinación de Proyectos Estratégicos, que encabezó Francisco Labastida Gómez de la Torre, y el despacho del Gobernador.

Según admitió Armando Villarreal Ibarra, secretario de Administración y Finanzas, al concluir el contrato de arrendamiento, algunos de estos vehículos fueron adquiridos por los funcionarios del Gobierno de Sinaloa, a un precio simbólico.

carros 3

Rentas cuestionadas

“Vamos contra los despilfarros y contra el mal uso del presupuesto”, expresó López Valdez al iniciar la primera mitad de su gobierno cuando ordenó la creación de un Decreto de Austeridad.

En los primeros días de 2013, el Decreto de Austeridad se publicó en el Diario Oficial del Estado con un mandato central: un uso responsable y transparente de los recursos públicos.

“Se promoverá la contratación consolidada de materiales, suministros, mobiliario y demás bienes, a través de licitaciones públicas con enfoques que permitan reducir costos”, destacó el decreto.

Pero ese año, su administración ya había rentado 161 vehículos desde 2011 y en 2014 le sumaría otros 86 vehículos con la misma arrendadora.

Según el contrato de arrendamiento, por cada vehículo el gobierno de Sinaloa emitió un pago inicial que incluía dos mensualidades por adelantado y un porcentaje por gastos y comisiones. Durante el resto del contrato se pagaron mensualidades de acuerdo con el plazo fijado.

Los tres primeros años, los contratos se firmaron por plazos de 36 meses, al iniciar el cuarto año comenzaron a reducir desde 30, 27, 20 meses y para el quinto año se pasó a rentas de 19 hasta 11 meses. Con la reducción del plazo, las mensualidades se incrementaron.

Como en el contrato GES AV280 de 2015, por el que se pagaron 13 mensualidades de 40 mil 259 pesos por una camioneta Traverse modelo 2016, que se asignó al despacho del gobernador.

O en el contrato GES AV250 2015 con el que se arrendó una camioneta Mitsubishi Montero y una Amarok por 16 mensualidades de 60 mil 656 pesos, para la Coordinación de Proyectos Estratégicos.

Además de las rentas mensuales, el contrato establece que el Gobierno de Sinaloa es el responsable de pagar pólizas de seguro, impuestos y derechos del vehículo, placas y tenencia, así como el mantenimiento.

El titular de las finanzas en Sinaloa, Villarreal Ibarra, defiende que la idea de rentar carros fue suya. Asegura que se propuso como una opción ante la falta de liquidez y como una estrategia para evitar que los funcionarios descuiden los vehículos y al final, el gobierno gaste más en el mantenimiento de su flotilla.

“Esa fue una decisión mía, claro que el gobernador me apoyó. Yo veía que en el gobierno las cosas son de todos y son de nadie. Yo veía que en ese sentido los carros se desbielaban, te terminaba costando más caro porque ya compraste el carro y al rato ya teníamos puras chatarras”, defendió Villarreal Ibarra.

 

—¿Pero fue un gasto mayor? —se le cuestionó.

—En ese momento no tenía el flujo para desembolsar y pagar de una. Es como una casa, dices voy a comprarme una casa pero no tengo un millón, dos millones, entonces, pido un crédito al banco y ahí voy pagando 10 mil pesos al mes.

 

—¿No importa que en la sumatoria salga más caro?

—Pues sí, sí importa, pero es tomar la decisión, sí voy a terminar pagando al banco en lugar de dos millones, tres, pero es mi realidad financiera. Entonces ¿por qué las rentas? por nuestra realidad de flujo de efectivo y porque garantizamos que el gobierno tenga carros en las mejores condiciones, el mayor tiempo posible.

Pero el proceso de adquisición ha sido revisado y observado por la Auditoría Superior del Estado, de forma aleatoria, en dos ocasiones. En las Cuentas Públicas del primer y segundo semestre de 2015, la ASE ha cuestionado el por qué rentar en lugar de comprar los vehículos.

La ASE ha señalado el incumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles, en sus artículos 22 y 32, que exigen que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad y que las contrataciones aseguren las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio, calidad y financiamiento.

En 2011, el primer año de rentas, el gobierno de Sinaloa rentó tres camionetas Suburban 4×4 blindadas, una para el Despacho del Gobernador, una para la Procuraduría de Justicia del Estado y otra para la Secretaría de Administración y Finanzas.

La camioneta del gobernador tuvo un costo de 3 millones 390 mil pesos repartidos en 36 mensualidades de 89 mil 856 pesos. El vehículo que se asignó a la Procuraduría se rentó en 3 millones 073 mil pesos con 36 mensualidades de 81 mil 350 pesos y la Suburban de la SAyF tuvo un costo de dos millones 922 mil pesos, que se pagaron en 36 mensualidades de 77 mil 276 pesos.

Para la Secretaría de Seguridad Pública también se rentó una Yukon blindada con faros de niebla y sistema de entretenimiento DVD, en 2 millones 550 mil pesos.

En total, en 2011 se rentaron 26 vehículos de diferentes precios y modelos, por una suma de 22 millones 841 mil pesos.

Los autos arrendados en 2011 se asignaron al despacho del gobernador y a las Secretarías de Seguridad Pública, Administración y Finanzas, Desarrollo Económico, General de Gobierno, Educación Pública, Salud, y Desarrollo Social y Humano.

 

Consulta aquí a que dependencias se asignaron los vehículos:

 

“En el tercer piso no te enteras lo que hacen allá abajo”

Según consta en el expediente público del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Sinaloa, el 1 de junio de 2011 la empresa Autoleasing del Noroeste, propiedad de Leonardo Félix Gutiérrez y su hijo Leonardo Félix Ruiz, adoptó el régimen legal SOFOM (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple) el cual les permite otorgar créditos y arrendamientos.

Un mes más tarde, Autoleasing del Noroeste comenzó a participar en los concursos por invitación a por lo menos tres proveedores que convocó el gobierno de Sinaloa para arrendar vehículos. Y siguió participando en 2012, 2013, 2014 y 2015, pero nunca ganó un solo contrato.

En octubre de 2011, dos meses después de Autoleasing del Noroeste, también se sumó a la convocatoria la empresa constructora Proyectos y Construcciones GFI, propiedad de Rubén Félix Hays y su esposa María Cecilia González Ayala.

Mientras se desempeñaba como diputado federal, abanderado del partido Nueva Alianza, el mochiteco Félix Hays participó con su empresa en cada uno de los concursos que el gobierno de Sinaloa lanzó en 2012, 2013, 2014 y 2015 para rentar vehículos de lujo. Al igual que la empresa de su tío, esta segunda empresa del giro de la construcción, tampoco ganó ningún contrato.

Armando Villarreal Ibarra enmudece y se encoje de hombros.

“Esta información es nueva para mí”, admite.

En entrevista, minutos después de presumir que la idea de rentar carros fue suya, al preguntarle por las empresas de sus amigos mochitecos, Villarreal Ibarra le pasa la responsabilidad total del procedimiento a su director de Bienes y Suministros, Juan Carlos Suárez Guzmán.

“Pues creo que coincide que ellos tienen esas empresas. Yo no te puedo explicar a quién seleccionaron en Adquisiciones para invitar y si son recurrentes, pues eso es noticia nueva para mí. Uno confía en que la gente está haciendo bien las cosas, está cumpliendo los procedimientos, porque los que estamos hasta el tercer piso no nos damos cuenta qué está haciendo nuestra gente allá, porque ahorita pueden estar firmando un contrato, haciendo una transacción de compraventa que uno no está enterado”, respondió.

Al concluir la entrevista, Villarreal Ibarra ofreció gestionar un encuentro con Suárez Guzmán para que fuera el primer responsable del procedimiento quien explicara a detalle los procesos de adjudicación.

Sin embargo, a lo largo de un mes, Ríodoce insistió con las gestiones para la entrevista, la cual nunca se llevó a cabo. Un día antes del cierre de esta edición, Suárez Guzmán respondió a través de la coordinación de prensa de la SAyF con un escrito que pretende dar respuesta a tres cuestionamientos.

Las respuestas de Suárez Guzmán son evasivas y no detallan los motivos del procedimiento.

 

—¿Qué papel juegan los otros dos (GFI y Autoleasing del Noroeste)?, ¿por qué siempre participan y siempre pierden?, ¿Es una farsa?

—De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Adquisiciones, a las personas que participan en un procedimiento de licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas, se les denomina “Licitantes”. Pero el participar en un procedimiento de compra, no le garantiza a los licitantes, el que vayan a resultar adjudicados, ya que de todos los licitantes se selecciona al que reúne todos los requisitos y oferta las mejores condiciones para el Estado, responde Suárez Guzmán en una de las preguntas que se le enviaron.

 

La empresa promotora del béisbol  

En 2012, el gobierno de Sinaloa rentó 118 vehículos de diversos costos y modelos por un valor total de 49 millones 991 mil pesos. Las rentas oscilaron entre camionetas Suburban con valor de 856 mil pesos; camionetas Traverse de 656 mil pesos, Tahoe de 787 mil pesos o Cheyenne 2500 en 806 mil pesos, por mencionar algunos.

Al tercer año de gobierno, se rentaron 17 automóviles en 11 millones 238 mil pesos. Este año destacan las rentas de dos Suburban blindadas para la Secretaría de Seguridad Pública, una renta que costó cinco millones de pesos.

En 2014 se alcanza la mayor cantidad de recursos destinados para el arrendamiento de vehículos, al contratar la renta de 86 carros con un costo de 77 millones 863 mil pesos. Ese año, el esquema de rentas se utilizó para arrendar 50 camionetas Cheyenne rotuladas que la Secretaría de Seguridad Pública solicitó para usarlas como patrullas y cuatro camiones para bacheo, solicitados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

Estas dos adquisiciones son los únicos procedimientos en los que se lanzó una Licitación Pública Nacional y en los que participaron licitantes diferentes.

Para las patrullas concursaron Abastecedora Mayorista de Equipo de Emergencia SA de CV, Autos y Tractores de Culiacán SA de CV, Fanny Barrera Flores y Value Arrendadora. Finalmente, de nueva cuenta la empresa norteña obtuvo el contrato por 47 millones 518 mil pesos.

En el caso de las cuatro unidades camión para bacheo Internacional Work Star 7300, participaron Empresas Matco SA de CV y Value Arrendadora, siendo esta última la que obtuvo el contrato por 16 millones 255 mil pesos.

La empresa nuevoleonense  con la que el gobierno del Estado firmó 304 contratos de arrendamiento por casi 180 millones de pesos, tiene su sede en San Pedro Garza García, Nuevo León y forma parte de un grupo financiero que opera una casa de bolsa, sociedades de inversión, una consultora y la arrendadora.

De acuerdo con su reporte anual 2015, fue creada en 1991 y cuenta con 140 accionistas, pero el Director General de Value Grupo Financiero y presidente de su consejo de administración es Carlos Bremer Gutiérrez.

De acuerdo con una entrevista otorgada a la revista Forbes, Bremer Gutiérrez es un destacado empresario y al igual que Mario López Valdez, un apasionado del béisbol.

De hecho, para 2017, ha anunciado la realización de juegos con equipos de la Major League Baseball en tres ciudades de México, una temporada deportiva que se llevará a cabo gracias a sus gestiones, según destaca Forbes. Bremer Gutiérrez también es consejero de América Móvil y amigo cercano de Carlos Slim.

Recientemente participó en el programa televisivo “Shark Tank”, producido por el canal Sony Latinoamérica. Ahí se le describió como “el inversionista de los millonarios”, uno de los hombres de negocios más importantes de México, apasionado del deporte y amigo de deportistas famosos y de varios ex presidentes de Estados Unidos.

Los 304 contratos de Value con el gobierno de Sinaloa fueron firmados por Víctor Manuel González González, director general de Grupo Value, y Jaime Alejandro De la Garza Martínez, director jurídico de la empresa.

Ríodoce solicitó una entrevista telefónica con Grupo Value pero fue negada en dos ocasiones.

A finales de 2015, el gobierno de Sinaloa lanzó una convocatoria de licitación pública nacional para arrendar 81 vehículos en 2016. La convocatoria buscaba la renta de 42 automóviles Matiz 2016, 13 Sonic, tres Aveo, un Spark, cuatro Cruze, tres Malibú, cinco Tornados, seis Tiida, un Sentra, dos RAV4, un Toyota Yaris.  A la convocatoria habían contestado sólo dos empresas: AF Banregio  y de nueva cuenta, Value Arrendadora.

Sin embargo, el 24 de noviembre de 2015, en la primera Junta de Aclaraciones, el director de Bienes y Suministros informó a los participantes que se cancelaba la licitación debido a restricciones presupuestales.

“En virtud que de continuar con el procedimiento se podría ocasionar un daño perjuicio que impacta las finanzas del Estado por lo que se cancela la presente licitación”, señaló el documento.

 

El diputado constructor

 

Proyectos y Construcciones GFI, propiedad del mochiteco Rubén Félix Hays, nunca arrendó un vehículo al gobierno de Sinaloa, a pesar de que lo intentó en más de 300 ocasiones. Pero lo que sí logró fueron cuatro contratos de obra pública por 90 millones 532 mil pesos. Una de esas obras se llevó más de tres años en construir y según la Auditoría Superior del Estado (ASE), se pagó en exceso.

Pocos meses antes de convertirse en diputado federal, la empresa de Rubén Félix Hays, de la que es accionista su ex compañero de fórmula en la candidatura a la alcaldía de Ahome, Armando Rodríguez Gámez y su hermano Enrique Félix Hays, consiguió cuatro contratos con recursos del megacrédito de dos mil 600 millones de pesos.

Proyectos y Construcciones GFI rehabilitó una escuela en Sinaloa de Leyva por un millón 408 pesos; adoquinó medio kilómetro de la calle Álvaro Obregón en El Fuerte por cuatro millones 124 mil pesos y construyó un kilómetro y medio de calle en Bebelama, Guasave por cinco millones de pesos.

Pero fue la construcción de la Unidad de Servicios Administrativos de Navolato, una obra de 80 millones de pesos, la que se llevó más de tres años en concluir y que de acuerdo con el informe especial que realizó la ASE, fue pagada en exceso.

 

El amigo de Malova

 Autoleasing del Noroeste SA de CV también aparece en el Registro Público de la Propiedad como Félix Automotriz y fue constituida en 2005 por Leonardo Félix Ruiz, su madre Rosalina Ruiz de Félix y sus hermanas Carmen, Rosalina y Margarita. Para 2011, la empresa incluyó en su consejo de administración al jefe de la familia, Leonardo Félix Gutiérrez, empresario mochiteco conocido como el Nalo y conocido también como el padre empresarial de Mario López Valdez.

Ese mismo año, al Nalo Félix se le acusó de haber sido beneficiado por su amigo el gobernador, al contratar la compra de 90 patrullas por 50.9 millones de pesos, en una compra que fue adjudicada directamente y de la que existen evidencias para afirmar que los precios fueron inflados.

 

 

Consulta aquí los contratos de renta de 2011 a 2015:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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