junio 19, 2021 4:14 PM

Llegan al Congreso estatal tres iniciativas de ley para eliminar el fuero a políticos

 

laura galvan
LAURA GALVÁN. No debería permitirse que haya “ciudadanos de primera y de segunda”.

 

Contagiados por la aprobación por unanimidad del Congreso de Jalisco de suprimir el fuero al gobernador, alcaldes y diputados, en Sinaloa se han presentado en el Legislativo estatal tres iniciativas de ley al respecto.

De manera casi simultánea presentaron sus iniciativas la coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, Laura Galván, y la diputada del PRD, Imelda Castro; dos días más tarde lo hizo de manera colectiva la fracción del PAS, integrada por Rosario Sánchez, Robespierre Lizárraga y Noé Quevedo y el diputado con licencia, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Con el reloj en cuenta regresiva, la actual legislatura tiene en la agenda alrededor de una docena de temas que pudiese abordar en un periodo extraordinario de sesiones. El tema del fuero no está incluido.

Tras la aprobación de la iniciativa del diputado independiente Pedro Kumamoto el pasado 14 de julio, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Jesús Enrique Hernández Chávez, había declarado que en Sinaloa no había materia de discusión porque no había ni una sola iniciativa sobre eliminar el fuero constitucional y que incluso la sociedad estaba lenta en el tema. En los siguientes días llegaron las tres propuestas.

“Ese tema, a la luz de los nuevos tiempos, seguro habrá de transitar y hay que verlo con esa disposición y ese ánimo”, expresó después de haberse recibido las iniciativas de eliminar el fuero en Sinaloa y adelantó que el tema entrará en el análisis de la JUCOPO, pero evitó afirmar que la actual legislatura lo votará en el pleno antes que concluya su periodo constitucional.

“Ya todo esto que tiene que ver con la transparencia, los temas de corrupción, de rendición de cuentas, esto del desafuero y otros que andan, ya no son temas que nadie pueda evadir ni deje de atender. A lo mejor, se podrán demorar un poco las cosas, pero son temas que ya la sociedad está planteando y el político, o la persona que se resista a ella, va a llegar rezagado, sin duda”.

Al momento, las iniciativas están en reposo en el poder legislativo porque hay periodo vacacional, pero el presidente de la JUCOPO comentó que serán al regreso estudiadas jurídicamente para evaluar su viabilidad.

Entre los supuestos jurídicos que empiezan a comentarse de manera extraoficial está el hecho de que el poder legislativo local no podría tener facultades en tomar decisiones sobre el fuero, por ser una disposición contenida en la Constitución federal.

El tema tampoco ha sido puesto a consideración en la bancada priista, el grupo parlamentario mayoritario en el Congreso de Sinaloa, aunque para una modificación constitucional como la supresión del fuero, necesariamente requiere de una votación de las dos tercera partes de los integrantes del poder legislativo, no siendo suficiente una mayoría simple.

“El fuero se ha degenerado”: PAN

Para la coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, Laura Galván Uzeta, el fuero se ha degenerado y es hoy una institución que se encuentra obsoleta, la cual fomenta la corrupción, la ilegalidad y la impunidad, provocando con ello la desconfianza social en la función pública.

En su propuesta de eliminación del fuero, presentada el pasado 26 de julio,  la legisladora propone la supresión del fuero con modificaciones a la Constitución local, la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos y la Ley Orgánica del Congreso.

En las consideraciones de la iniciativa de la legisladora panista, subraya el hecho de que la propuesta es procedente, ya que la Constitución federal no condiciona ni obliga a las entidades federativas a tener vigente el juicio de procedencia, por lo que no existe impedimento para legislar sobre el fuero en materia de delitos del orden común, es decir, cuando se trate de actos presuntamente constitutivos de delitos de competencia estatal.

“En la actualidad nuestros servidores públicos viven a expensas de éste (el fuero), estableciendo con ello una marcada diferencia entre la existencia de la justicia que se administra al pueblo y la que se le administra a la clase siempre privilegiada”.

Nuestra constitución, señala, no debería de permitir que existan ciudadanos ni de primera ni de segunda.

Fuero violenta el principio de igualdad: PAS

En la propuesta de reforma de los diputados del Partido Sinaloense se argumenta que no puede haber dos tipos de ciudadanos: unos, los que se les puede establecer un proceso penal, y otros, los que para poder proceder en su contra, se debe pasar por un filtro para actuar en consecuencia.

“Debemos trazar la necesidad de modificar nuestro marco normativo constitucional para eliminar el fuero a efecto de garantizar el acceso a la justicia, la igualdad jurídica, la transparencia y la rendición de cuentas”.

 

Los legisladores del PAS exponen en su iniciativa de reformas a la Constitución que si bien el fuero respondía en un contexto histórico para la protección de los servidores públicos, actualmente se ha convertido en una figura jurídica que violenta el principio básico de la igualdad.

Fuero facilita corrupción e impunidad: PRD

La iniciativa presentada por la diputada Imelda Castro Castro expresa, en su exposición de motivos, que sólo la búsqueda de la igualdad plena ante la ley de los ciudadanos y quienes ejercen un cargo público de primero o segundo nivel, justifica la eliminación de los privilegios de los que según algunos estudios sólo gozan mil 854 servidores públicos en el país que van desde el Presidente de la República hasta los diputados locales.

“Si no fuera por la figura de declaración de procedencia, que en lo general nunca se alcanza por quienes la procuran, se constituye el fuero en el que se prohíjan las complicidades de la clase política para facilitar la corrupción impune”.

Recuerda que en el poder legislativo federal se hizo un intento reciente de modificar la figura del fuero, pero no prosperó, sin embargo,  reconoce la pertinencia de la medida. Un procedimiento que tiene como fin proteger la función pública, mediante una decisión de carácter político a cargo de un órgano del Congreso, irrumpe en las facultades judiciales para determinar la responsabilidad penal de una persona, viciando con ello la aplicación de la justicia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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