viernes, diciembre 3, 2021
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  • Dias de Impunidad

Familiares marchan, autoridades los ignoran

 
marcha desaparecidos 2
Policías implicados en desapariciones de personas en Ahome son protegidos por el sistema
Familias con hijos desaparecidos a manos de policías preventivos de Los Mochis, respaldados por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa y por la Asociación Civil Voces Unidades por la Vida, reclamaron justicia, castigo ejemplar para los imputados y sospechosos, y el fin de la impunidad para el medio millar de personas ausentes y cuya búsqueda no cesa.
La exigencia fue acompañada de un plantón afuera de la Dirección de Policía y Tránsito Municipal de Ahome, una marcha por la ciudad y una reunión privada en la Subprocuraduría Regional de Justicia para conocer el avance en los casos denunciados. El saldo de la asamblea no fue hecho público.
La protesta fue respaldada por Óscar Loza Ochoa y Leonel Aguirre Meza, dirigentes de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, y por Alma Rosa Rojo Medina, de Voces Unidas por la Vida, quienes discordaron con la posición de la Asociación de Desaparecidos de El Fuerte, que abandera la búsqueda de los ausentes en el rastreo individual en zonas consideradas como panteones clandestinos, pero sin reclamar justicia para sus hallazgos o denuncias.
“Es un posicionamiento generoso pero incongruente con nuestras leyes porque para que cesen las desapariciones forzadas, primero debe de terminar la impunidad con la que actúan los actores. De no ser así, es la mejor invitación a seguir haciendo las cosas como hasta ahora”.
Loza criticó el que los Legisladores Federales han quedado a deber a la sociedad, pues desde abril (2016) el Congreso de la Unión debió haber aprobado la ley Integral de Desapariciones Forzadas, como un compromiso internacional, pero aún no lo hace.
En Sinaloa hay una ley de desapariciones parcial, pues en sólo tres casos se ha acreditado la participación de policías, pero hay miles de asuntos sin que siquiera se hubiesen encontrado los restos, dijo.
En el balance estatal, hay avances, pero mucho retroceso también.
Aguirre Meza, por su parte, sostuvo que los casos de desapariciones forzadas van en aumento, como también la sordera y el silencio de la autoridad para responder a una exigencia social.
Las familias con desaparecidos se ven forzadas a salir a la calle, pero ni alzando la voz son escuchadas.
Gritos desesperados
La protesta culichi en Los Mochis fue escuálida y se produjo en la víspera de cumplirse un año de que los jóvenes David Mendoza Marín, Margarita Marín Yan, embarazada, y Alfredo Elías Marín Bustos desaparecieron a manos de policías municipales que los entregaron a civiles que viajaban en un auto compacto, al poniente de la ciudad, el 21 de julio del 2015.
El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recomendó iniciar averiguación en contra de los tres policías identificados como autores.
En la inmediación de que los agentes fuesen vinculados a proceso por cargos de desaparición forzada y de que se emitiera una orden de búsqueda y captura, los tres obtuvieron vacaciones prolongadas, luego un permiso y finalmente se esfumaron. En la corporación fueron declarados como ausentes pero, de acuerdo con la familia, éstos se encuentran en la ciudad gozando de la protección institucional pues no hay elemento policial que ponga sus manos encima.
Incluso, dice la familia, cuyos miembros piden mantener en reserva su identidad pues temen ataques de los cómplices de los policías o de los amigos de éstos infiltrados en la propia corporación, ellos se pasean en los pasillos de los tribunales tramitando diligencias penales.
Carola “N”, madre de los gitanos dedicados a la compra y venta de vehículos usados, dijo que los policías de Los Mochis se llevaron a sus hijos sin haber cometido el delito más leve, y los desaparecieron sólo porque tienen una red de complicidad e impunidad.
“Ningún dinero vale la vida de mis muchachos. Yo los quiero de regreso, con vida, con sus hijos, con nosotros”.
A ella la ahoga el llanto, y el recuerdo de los ausentes la quiebra. Abraza a sus nietos, que exhiben cartulinas fluorescentes en donde escribieron “Justicia” y los nombres de David, Marga y Alfredo. Adhirieron también las fotos de los tres. Los rostros de los niños no demuestran emoción. Sólo están ahí, parados, estáticos.
A sus espaldas, Rosa Elia Vázquez Hernández, la maestra y madre de Román Alberto Soto Vázquez desaparecido eL 17 de noviembre del 2013 en un operativo de la policía preventiva de Ahome en La Constancia, El Fuerte, le soba los hombros, como queriendo suministrarles  aplomo, fortaleza. Extiende sus brazos y cobija a Carola.
Rosa Elia, la maestra que se convirtió en la primera madre  de familia en llevar a juicio por desaparición forzada a un grupo de policías preventivos asignados en Ahome, Sinaloa, y lograr una sentencia de casi 30 años de cárcel para Óscar Guadalupe Huicho Pentes, Jorge Martín Santos, Jorge Cota Jiménez y Daniel Vega Murillo (éste último no ha sido capturado), se yergue ante el primer uniformado que a la distancia las observa, primero de frente y después con el rabillo del ojo.
Está allí para clamar justicia, y decirles en su propia cara, a la policía, que ellos se están llevando a los muchachos, que ellos son los responsables de la decena de desaparecidos.
“Y deseo para ellos y sus familias, exclama, la cita bíblica de “ojo por ojo, diente por diente”. Sólo espero que el sufrimiento que ustedes provocan, lo sufran en carne propia con sus hijos, con sus familias. Va a llegar el día en que lamentarán haber nacido”.
Urgió a la autoridad estatal a cumplir la palabra de una justicia pronta y expedita, pues en el caso de policías, “es letra muerta”.
Al lado están también la familia de Carlos Omar Pérez Rodríguez, Francisco Antonio Ceballos Jiménez y la de los hermanos Sergio Ernesto y Jesús Antonio Ceballos, desaparecidos el 22 de diciembre del 2015 después de que presuntamente recobrasen su libertad tras ser detenidos por la Policía Municipal por la infracción de escandalizar en vía pública.
Ellos también se suman al reclamo y corean a gritos su demanda de justicia. Aquí, nadie los atendió y su reclamo se fue al cielo abierto.
En el Ayuntamiento de Ahome la respuesta fue igual, un silencio sepulcral, una lápida en la conciencia gubernamental, un silencio cómplice al testaferro.
Así, la marcha escuálida partió a su cita a puerta cerrada.
 
 
Recuadro…
Cuatro décadas de búsqueda
Periodo         Causa                                    Desaparecidos
1970              Activistas políticos            42
1994-2003 Activistas políticos             87
2008-2016  Guerra antinarco              554
2008-2016  Cifra Negra                          2 mil
Fuente: Comisión de Defensa de Derechos Humanos en Sinaloa

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