El poder legislativo aprobó que toda persona tenga derecho al libre acceso al internet y a las tecnologías de la información y la comunicación, por lo que el Estado deberá ejercer las medidas que considere pertinente para lograrlo.
De acuerdo con el dictamen aprobado, el Estado y los Municipios deberán garantizar el acceso a internet gratuito de banda ancha, en los edificios e instalaciones de los diversos Poderes del Estado y de las dependencias y entidades de su administración, así como en los lugares públicos que para el efecto se determinen.
El dictamen propuesto por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación establece ademas que el Estado garantizará que las escuelas públicas a su cargo cuenten con instalaciones y equipos para el acceso  de los educandos a internet y a las tecnologías de la información y la comunicación.